Creo que nadie que haya escuchado atentamente la presentación del reporte de ENCOVI 2021 ha logrado dormir tranquilamente por estos días. Tantos datos inquietantes para los que estamos dentro y fuera, pero pendientes del país. Tantas complejidades que se tejen contra la posibilidad de una recuperación social y económica pronta. ¡Tanta impotencia junta!
De todos los datos presentados, los que más me impactaron fueron los relacionados con la salud en general, pero muy particularmente, la salud sexual y reproductiva de las venezolanas. El derecho a la salud es un derecho humano fundamental que consiste en garantizar un estado de bienestar físico, psicológico y social, así como la igualdad en el acceso y la calidad en la atención médica.
Todas las mujeres deben tener el derecho básico a decidir libre y responsablemente sobre su propia sexualidad, también sobre el número de hijos que desean tener, en el caso de que así lo decidan, al espaciamiento entre los nacimientos y a disponer de la información para soportar mejor sus propias decisiones en cada etapa y decisión y, tratándose de un área del desempeño social tan importante para todas las personas, a disponer de los medios materiales y tecnológicos para ejercer estos derechos de la manera más saludable posible, con los apoyos socio sanitarios y socio educativos desde la infancia, adolescencia y el resto de la vida.
Esto debería incluir el derecho a adoptar decisiones en torno a su propia condición reproductiva, incluyendo la interrupción voluntaria de un embarazo no deseado en condiciones seguras, sin sufrir discriminación, coacciones o violencia, con el apoyo requerido para superar las implicaciones siempre difíciles de este tipo de decisiones. Vistos los resultados de esta encuesta, cada uno de estos derechos están siendo vulnerados.
Cifras alarmantes
Nos dice ENCOVI que a los 19 años más de una quinta parte de las muchachas “ya han debutado como madres”. Es decir, 1 de cada 5 mujeres menores de 19 años se embaraza, constituyendo esto causa y a la vez consecuencia de su exclusión del sistema educativo y socio productivo. “Solo el 8% de las madres adolescentes pueden conciliar la maternidad y los estudios. Una década atrás esas posibilidades llegaban a 28%”, indican desde la misma fuente, quizás cuando existía una mejor estructura de soporte social a las mujeres madres que respaldara los esfuerzos para mantenerse en la escuela o en el trabajo.
Muchas asumen este rol de madres sin pareja: “cerca de 40% de las madres adolescentes estarían a la cabeza de sus respectivos hogares, ejerciendo la jefatura en solitario o desde el rol de esposa/compañera, las demás conforman núcleos familiares secundarios”. Esto las hace mucho más vulnerables y limita seriamente su futuro, sobre todo si tienen más de un hijo.
En Venezuela, el reto de avanzar hacia la responsabilización compartida del embarazo y hacia una paternidad responsable, es enorme. Pareciera un asunto que forma parte del paisaje social, como si se tratase de personas ajenas a nuestro mundo. Nos hemos acostumbrado a mirar para otro lado cuando los hombres parecieran ser solo una parte complementaria y ocasional de los sistemas de reproducción, sobrecargando la responsabilidad y la carga de cuidados del lado de mujeres que, muchas veces, no han completado casi su adolescencia.
En esta edición de la encuesta, se reporta que un 23% de embarazadas se controla a partir del cuarto mes de gestación, siendo más tardía entre adolescentes y con una educación inferior a la media completa. Quizás las dificultades de movilidad por escasez de combustible, el temor a contagio de Covid19 o la desinformación, limitan las posibilidades de control preventivo del embarazo a muchas.
En el estudio destacan la alta prevalencia de la esterilización femenina como método anticonceptivo seguido del dispositivo intrauterino, la píldora y una amplia gama de recursos, pero advierten que aun el nivel de conocimiento sobre su uso y efectividad sigue siendo bajo entre las adolescentes.
La falta de prevención en materia de salud reproductiva, el limitado acceso a los métodos de anticoncepción, el rezago educativo que les permita formular un proyecto de vida personal, así como la deficiencia de una infraestructura social que apoye a las mujeres en materia de cuidados, se relaciona directamente con la afectación de su salud psíquica y biológica y su inserción en el medio laboral productivo.
El Estado está en deuda
El Estado venezolano le está fallando enormemente a las mujeres, niñas y adolescentes en materia de salud. Existen diferentes leyes nacionales e instrumentos internacionales que protegen el derecho a la salud de las mujeres en el marco de la no discriminación y de la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) establecen que garantizar el derecho a la salud es uno de los requisitos más importantes para alcanzar la verdadera igualdad.
Como signatario de estos y otros convenios internacionales que regulan la materia, el estado venezolano está obligado a prestar atención sanitaria asequible y de calidad, así como a potenciar las inversiones que sean necesarias para brindar servicios esenciales para las mujeres. En virtud de las numerosas amenazas a la salud que todavía enfrentan las venezolanas, y de la falta de cumplimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, estas acciones postergadas y largamente adeudadas, se tornan más urgentes que nunca.
Melinda Gates en su trabajo por la mitigación de la pobreza en países pobres, desde su Fundación, dice que cuando las mujeres pueden programar y espaciar sus embarazos, tienen más opciones de progresar en su formación, ganar un sueldo, criar a niños sanos; disponen de tiempo y dinero para dar a cada uno de ellos la comida, la atención y los estudios necesarios para prosperar. Cuando los niños alcanzan su potencial, no acaban siendo pobres. “Así es como la familia y los países salen de la pobreza”, dice Melinda. “De hecho, durante los últimos cincuenta años ningún país ha salido de la pobreza sin ampliar el acceso a los anticonceptivos. Si se invierte en las mujeres puede darse el definitivo despegue social”- concluye.
Por todo ello, visibilizar esta situación y no aceptar ningún tipo de violencia sexual, física, psicológica u obstétrica en contra de las mujeres, debe ser parte vital de un proyecto de vida que involucre espacios de trabajo, comunidades y gobiernos. De lo contrario el futuro de las próximas generaciones en Venezuela estará severamente comprometido.
