Preámbulo
En 2015, paralelo a la conmemoración del vigésimo aniversario de la Plataforma de Acción de Beijing,
se adoptó por consenso la declaración “Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible”, conocida como Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. La Agenda presentó
17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas que buscan erradicar la pobreza,
combatir las desigualdades y promover la prosperidad, al tiempo que proteger el medio ambiente.
Entre los 17 objetivos, se incluye un objetivo específico, para garantizar la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres, se incluye además la Transversalización del Enfoque de Género en
todos los ODS, puesto que garantizar el respeto de los derechos de las mujeres y las niñas es la única
vía para obtener justicia, lograr la inclusión, conseguir economías que beneficien a todas las personas
y cuidar nuestro medio ambiente, ahora y en las generaciones venideras. La igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres no son solo el ODS 5, sino que constituyen una base estructural de
la agenda de desarrollo global. El carácter transversal de la dimensión de género en todos los ODS
significa que la localización de la Agenda 2030 debe conllevar acciones dirigidas al empoderamiento
de las mujeres en los espacios locales que son a su vez, centrales para la erradicación de la pobreza
(ODS 1), la reducción de las desigualdades (ODS 10), lograr ciudades y asentamientos urbanos
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles (ODS 11) y la gobernabilidad y la paz (ODS 16). (PNUD,
2016)
El ODS 5 representa una oportunidad para que las administraciones locales y regionales avancen en
la implementación de compromisos regionales e internacionales y cumplan su rol en el logro de la
igualdad de género, mientras que el ODS 16 implica garantizar la participación igualitaria de las
mujeres en todos los espacios de toma de decisiones.
Por otro lado, veinte años después de la adopción de la Declaración de Estambul sobre los
Asentamientos Humanos, los países del mundo asistentes a la III Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Desarrollo Sostenible y Vivienda, Hábitat III, firmaron en Quito en 2016 el documento La Nueva
Agenda Urbana (NAU) que incluye lineamientos para que ciudades y asentamientos humanos
promuevan el fin de la pobreza y la autonomía de las mujeres y niñas, al reconocer la expansión
urbana de las ciudades que crecen en medio de crisis sociales, demográficas, ambientales y
energéticas, y que se ven afectadas por la desigualdad creciente y desastres naturales. Una
desigualdad, que sumada a la persistente falta de políticas sociales que aseguren vivienda y los bienes
urbanos necesarios; formas interactuantes de pobreza e indigencia; migraciones entre países y al
interior de estos, conlleva la omisión y exclusión en las políticas y en la toma de decisiones dando por
resultado falta de oportunidades para el progreso económico y social de la diversidad de la población
en situación de vulnerabilidad, en particular las mujeres, presentes en cada grupo social, etnia,
elección sexual o religión.
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El ODS 5 y la Nueva Agenda Urbana representan una oportunidad sin precedentes para abordar
conjuntamente los objetivos de igualdad de género y el desarrollo urbano sostenible que se refuerzan
mutuamente (CGLU Mujeres, 2015).
Con fundamento en estos marcos normativos y lineamientos globales, y
Considerando:
Que la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer CEDAW aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979, pone de
manifiesto todos los ámbitos en que se niega la igualdad de derechos de las mujeres y plantea
las obligaciones de los Estados para garantizar su vigencia y pleno ejercicio.
Que la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 1995 y la Convención interamericana
para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Belém do Pará 1994,
definen las acciones que los Estados, sector privado y la sociedad civil organizada y no
organizada deben realizar para garantizar los derechos de las mujeres y erradicar la violencia.
Que en la Primera Conferencia Regional sobre la integración de la mujer en el desarrollo
económico y social de América Latina. Habana (1977) en que se logró que las demandas
sociales en favor de los derechos de las mujeres y la igualdad de género se convirtieran en
compromisos gubernamentales.
Que las Declaraciones de Córdoba (2011), Aguascalientes (2013) y Santiago (2016),
emanadas de las anteriores Cumbres Iberoamericanas de Agendas Locales de Género,
definieron como una prioridad la adopción de políticas y estrategias que potencien el
derecho de las mujeres a la ciudad, recomendando incorporar en la planificación local la
perspectiva de género;
Que la Conferencia de la Mujer Rural en América Latina y el Caribe en el Año Internacional
de la Agricultura Familiar, que concluye con la Declaración de Brasilia (2014), insta a los
Estados al desarrollo de una agenda integrada y de un programa regional de fortalecimiento
de las capacidades de las mujeres rurales y de políticas para implementarlo.
Que la Resolución aprobada en la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas en Nueva
York, (2014), reconoce el compromiso de apoyar el empoderamiento de las mujeres
indígenas y la necesidad de tomar medidas que aseguren su participación plena y efectiva en
los procesos de adopción de decisiones en todos los niveles y ámbitos.
Que el Parlamento Latinoamericano y Caribeño adoptó en 2015 la Norma Marco para
consolidar la Democracia Paritaria y Naciones Unidas posicionó en 2016 el lema Por un
planeta 50 – 50 para 2030;
Que el Acuerdo de París (2015), señaló que estamos ante un mundo urbano sujeto a crisis y
distintos tipos de desastres humanos y naturales;
Que la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género
en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030 (2016) identifica cuatro nudos
estructurales que es necesario enfrentar: la desigualdad socioeconómica y la pobreza; los
patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos y la cultura del privilegio; la
división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado, y la concentración del
poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito público.
Que la Declaración del 4to Foro Mundial de Desarrollo Económico Local (2017), solicitó la
necesidad urgente de incluir e incorporar una perspectiva de género en las políticas y
estrategias como medio clave para empoderar y poner en valor el potencial económico de las
mujeres y las niñas como base de un desarrollo económico local inclusivo y sostenible.
Que el Compromiso Global para la Acción: Ciudades y Espacios Públicos Inclusivos,
Sostenibles y Seguros para las mujeres y las niñas (2017) emplaza a desarrollar una
estrategia integral que promueva el cambio estructural hacia la igualdad de género, que
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convoque a los hombres y jóvenes como agentes de cambio, con la participación activa de las
mujeres y sus organizaciones así como de la sociedad civil.
Que la Declaración del Foro Continental de Ciudades Intermedias de Latinoamérica. Cuenca
(2018) señala que la sostenibilidad está estrechamente vinculada con la igualdad de género;
así como con el empoderamiento de mujeres y de niñas, la prevención y erradicación de todas
las causas y formas de violencia de género. Que la participación ciudadana es una
herramienta de democracia que asegura transparencia, control social, lucha contra la
corrupción pública y privada y es un mecanismo de colaboración cívica que se constituye en
una fuerza articuladora de las sociedades; y que en este marco los gobiernos locales y
regionales se comprometieron en: “prevenir, atender y eliminar todas las causas y formas de
discriminación y violencia en especial en contra de las mujeres y de las niñas en espacios
públicos y privados” e “implementar herramientas de planificación urbana que incorporen el
enfoque de género con respecto al diseño y gestión del espacio público a través del uso
eficiente de las nuevas tecnologías y otro métodos participativos”
• Que es imperativo elaborar y poner en marcha acciones articuladas que fortalezcan alianzas
más solidarias y justas, en el plano internacional, regional, nacional, subnacional y local y una
nueva gobernanza multinivel, multiactor y multisectorial para el seguimiento de la agenda
2030.
Que el gran reto de hoy es cambiar la manera de hacer política pública, con nuevas formas
de organización, planificación y gestión, introduciendo elementos innovadores en sus
contenidos y objetivos.
Que es necesario que convivan políticas de igualdad de oportunidades que resuelvan
problemas de discriminación y de reconocimiento junto con aquellas que se dirigen hacia un
cambio cultural y estructural de la organización social y económica, en este sentido son las
políticas de género, integradas, transversalizadas, activas y regulatorias las que permiten
ampliar la actuación institucional del Estado en torno a la igualdad.
Que consideramos imprescindible rescatar todas las cartas declaratorias de los encuentros
temáticos sobre agenda 2030 de los gobiernos locales y regionales y particularmente las
propuestas vertidas en el reciente Foro Continental de ciudades intermedias de
Latinoamérica.
Nosotras, alcaldesas y alcaldes, prefectas y prefectos, concejalas y concejales, servidoras y
servidores públicos, lideresas, promotoras de la democracia paritaria y del desarrollo local basado
en la igualdad de género, organizaciones sociales y la academia, reunidas en la IV Cumbre
Iberoamericana de Agendas Locales de Género celebrada en la Ciudad de Cuenca, recogiendo el
espíritu de los considerandos y los intercambios de experiencias, debates y reflexiones generadas
acerca de la decisiva importancia de los aportes que pueden realizar las ciudades, los asentamientos
locales y regiones, y sus gobiernos locales y regionales, en logros para las metas de igualdad de
género.
Resolvemos:
Exhortar a los gobiernos locales y regionales iberoamericanos; a las autoridades locales y regionales
electas; a las asociaciones nacionales, regionales e internacionales de gobiernos locales y regionales;
a los mecanismos nacionales y locales de la mujer o de la igualdad de género; a las organizaciones
sociales, organizaciones y redes de mujeres; a los partidos y movimientos políticos; a los órganos y
organismos electorales; al sector privado, a la academia y a todas las mujeres y hombres a adherirse
a la presente Declaración de Cuenca, con el objetivo de materializar los principios, valores y
postulados contenidos en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y en La Nueva Agenda Urbana, y
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a asegurar la adopción de políticas y medidas públicas locales y regionales para contribuir al logro de
todas sus metas.
En especial nos comprometemos y hacemos un llamado respecto a:
1. Garantías para el derecho a una vida libre de violencia. Como Naciones Unidas lo ha
señalado, la discriminación y la violencia contra las mujeres son la forma más extendida de
violación de derechos humanos en el mundo. Pese a ello, este fenómeno recibe insuficientes
respuestas del Estado en su conjunto: tanto de las autoridades nacionales y locales, como
del sistema de justicia. La adopción e inversión en políticas públicas y medidas eficaces que
combatan esta violencia extrema de género y los crímenes de odio contra las mujeres es
necesaria para su erradicación como práctica universal. Las violencias sexual, psicológica,
laboral, patrimonial, económica, institucional, obstétrica, el acoso en los espacios público y
privado, la violencia simbólica y estructural y la violencia política, constituyen un entramado
que afecta a la sociedad en su conjunto. En varios países de nuestra región, las tasas de
violencia doméstica superan el 50%. La violencia contra las mujeres y las niñas en el espacio
público, en las calles, centros educativos y en los lugares de trabajo, se invisibilizan y se
mantienen en la impunidad. De los 25 países con las tasas más altas de femicidio en el
mundo, 14 están en América Latina y el Caribe. Las dinámicas de crimen organizado
transnacional, conflicto armado, desplazamiento humano, exacerba la letalidad de las
violencias que enfrentan de forma cotidiana mujeres y niñas en distintas zonas del
continente.
La movilización masiva en las calles contra el femicidio es la expresión más fuerte de rechazo,
de denuncia y de exigencia de sanción del delito y reparación de las víctimas. Los delitos de
violencia de género y el femicidio no pueden delegarse ni declinarse a la justicia indígena, a
usos y costumbres, u otra modalidad de conocimiento del delito, así como tampoco
reconocer distorsiones de otros marcos normativos, debe resolverse en la justicia ordinaria
a la luz del marco jurídico internacional de derechos humanos vigente.
Hasta erradicarla violencia de género, que es una obligación de los Estados y de los gobiernos
locales y regionales, éstos deberán invertir presupuestos suficientes, dignos y eficaces en los
servicios de prevención, atención, centros y refugios para mujeres y niñas.
Por ello nos comprometemos y convocamos a asumir un proceso de prevención basado en
el marco internacional de los derechos humanos que involucre a mujeres y hombres, a través
de la planificación participativa con enfoque de género e interseccionalidad en los territorios;
a través del cambio del sistema educativo en lo formal e informal hacia una educación no
sexista, que fortalezca el autoconocimiento y las nuevas masculinidades; demandamos que
los medios de comunicación incluyan a las mujeres en los espacios de toma de decisiones y
que erradiquen los estereotipos patriarcales que sustentan la violencia de género;
motivamos a la sociedad civil a hacer seguimiento y vigilancia de la calidad de producción
mediática.
Instamos la creación y el sostenimiento de sistemas de atención, protección y restitución de
derechos a las mujeres víctimas de violencia, que garanticen el fortalecimiento de las
autonomías, la articulación de actores y la coordinación interinstitucional, que incluyan
protocolos, que cuenten con medidas de protección y restitución, que integren procesos de
sensibilización y formación sistemáticos y valorados para la concienciación de servidoras y
servidores públicos, que implementen mecanismos de alertas tempranas, que garanticen
asistencia médica, psicológica, legal y de trabajo social con enfoque de género, que cuente
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con indicadores que puedan ser monitoreados para medir el avance y adoptar acciones para
la mejora permanente del sistema.
Motivamos a los Estados que, de la mano con las organizaciones de la sociedad civil,
aprueben marcos normativos suficientes para la prevención y erradicación de todos los tipos
de la violencia contra las mujeres, en el ámbito público y privado.
2. Empoderamiento político de las mujeres para una democracia paritaria. En el nivel local las
concejalas, regidoras latinoamericanas y caribeñas, como promedio, ocupan el 28,8% de los
cargos, mientras 9 países están por sobre el 30%, entre ellos Dominica, Costa Rica y Bolivia.
Solamente Bolivia alcanzó un 51.1% de concejalas en 2016, gracias a la Ley de Paridad. Sin
embargo, el incremento de alcaldesas ha tenido un ritmo lento. El promedio regional apenas
llega al 13,4% (CEPAL,2017), situación que se agrava en el caso de las mujeres indígenas y
afrodescendientes, que tienen un menor acceso a redes de apoyo para participar en espacios
de toma de decisión y en la definición de políticas, planes y presupuestos territoriales. Esto
es así, dado que en el espacio local las prácticas políticas suelen omitir o minusvalorar los
liderazgos de las mujeres y su activa participación social, tanto en las directivas internas de
los partidos y movimientos como en las candidaturas electorales. Aun cuando los sistemas de
cuotas y paridad han supuesto un acelerador importante a la representación femenina en la
región, la aplicación en el ámbito local adolece de garantías eficaces y control ante su
incumplimiento, dando por resultado impactos dispares y discontinuos. Junto a ello, el acoso
y la violencia política en razón de género se manifiesta mayoritariamente en el espacio local,
vulnerando así no sólo los derechos políticos de las mujeres sino la propia gobernanza local.
Por ello, nos comprometemos como gobiernos locales y regionales a promover la democracia
paritaria, garantizando una amplia participación política y social de las mujeres, promoviendo
su incidencia y articulación en la construcción de las agendas políticas, así como en la toma
de decisiones especialmente a lideresas rurales, indígenas y afrodescendientes, como un
imperativo para las democracias iberoamericana. Asimismo, hacemos un llamado a los
parlamentos nacionales y a los tribunales y consejos electorales, a garantizar mecanismos y
presupuesto para que las normas para el adelanto de las mujeres cumplan con el mandato y
con el espíritu de la paridad bajo los principios de la transparencia y de la rendición de
cuentas. Actuaremos con especial compromiso en el combate a la violencia política en razón
de género y nos comprometemos a impulsar espacios estructurados y de gestión sistemática
que defiendan el derecho de las mujeres a su participación política. A partidos y movimientos
políticos, a que fortalezcan la democracia al interior de sus organizaciones e integren en su
gestión el enfoque de género, a que erradiquen la intervención de las redes de corrupción y
a que remuevan todos aquellos factores que obstaculizan la participación y representación
de las mujeres.
3. Autonomía económica. Los avances de nuestra región en el combate a la pobreza no han
sido iguales para mujeres y hombres. A pesar de la disminución de la pobreza y de la
contribución de la participación laboral femenina, la pobreza se feminizó drásticamente a lo
largo de la última década. El índice de feminidad de los hogares pobres subió algo más de 11
puntos entre 2002 y 2014, es decir, que por cada 100 hombres de la región en hogares
pobres, había 118 mujeres en la misma situación. Una de cada tres mujeres mayores de 15
años en América Latina no contaba con ingresos propios, mientras que esto solo ocurría con
uno de cada diez hombres. Muchos estudios han mostrado que esta situación se debe
además a que las mujeres dedican más del triple del tiempo al trabajo doméstico y de
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cuidados no remunerados respecto a los hombres. Estas desigualdades se agravan por las
diferencias étnico-raciales, generacionales y territoriales. Las campesinas constituyen más
del 40% de mujeres que no tienen ingresos versus el 11% de hombres en la misma situación.
En términos de acceso a recursos financieros y productivos, las mujeres viven en situación de
desigualdad social, política y económica con apenas el 30% de titularidad de la tierra y del
10% de los créditos (FAO, 2015). La tasa de participación económica de las mujeres se sitúa
en torno al 50%, a una distancia promedio con respecto a los hombres de casi 29 puntos
porcentuales. Para 2015 (CEPAL), las mujeres ocupaban los lugares más precarios y con
menores salarios que los hombres, incluso cuando las mujeres han alcanzado mayores logros
educativos. Estos números se agravan en el caso de mujeres con hijos. Casi el 60% de las
mujeres en los niveles más bajos de empoderamiento económico han sido madres a los 19
años. El empleo al que acceden las mujeres sigue siendo deficiente: casi el 60% de la fuerza
laboral femenina se ubica en la economía informal. Casi el 90% de las personas que realizan
trabajo doméstico remunerado en la región son mujeres. Los hombres representan el 1% del
total de los trabajadores domésticos (ONU Mujeres, 2017).
Es por esto que nos comprometemos y convocamos a los gobiernos locales y regionales, a
reconocer el empoderamiento e inclusión económica de las mujeres como clave del
Desarrollo Económico Local. Reconociendo la importancia de la estrategia de Desarrollo
Económico Local (DEL), nos comprometemos a impulsar la incorporación de las mujeres a
espacios laborales no tradicionales y a promover la flexibilización de los roles de género que
contribuyan a la corresponsabilidad del cuidado, brindar apoyo a los emprendimientos y a
los proyectos productivos de las mujeres, el acceso al financiamiento y activos productivos,
tecnológicos y digitales; crear políticas económicas de incentivo a mujeres y familias de
comunidades indígenas y campesinas que garanticen la seguridad alimentaria y la
conservación del patrimonio natural. Hacemos un llamado al sector privado para que, junto
a gobiernos, y bajo la observancia de la sociedad civil, propiciemos la articulación de
estrategias hacia el empleo pleno, productivo y decente para las mujeres, así como a la
igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. También ratificamos nuestro
compromiso con reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no
remunerado mediante la prestación de servicios públicos de cuidado, infraestructura y
políticas de protección social.
4. Institucionalidad, planeación y presupuestación local con enfoque de género. Las agendas
locales de género requieren ser parte estructural de la toma de decisiones, la planeación y la
gestión del desarrollo local. Es necesario que las políticas públicas, planes y programas
visibilicen y garanticen de manera deliberada y clara la prioridad de los derechos humanos
de las mujeres y de la igualdad de género, en sus instrumentos de planeación y
presupuestación ya que son los más visibles símbolos de la declaración de las prioridades de
los gobiernos.
Por ello, nos comprometemos y hacemos un llamado a crear y fortalecer mecanismos
institucionales municipales y subnacionales de género con capacidad política, operativa y
presupuestaria, tendentes a velar por las necesidades e intereses de las mujeres en el diseño
y ejecución de las políticas públicas locales, lo cual implica no sólo medidas especialmente
diseñadas a tal fin, sino que el enfoque de género sea transversalizado con carácter
vinculante al conjunto de la administración y el gobierno local. Garantizar el enfoque de
género en la toma de decisiones conlleva asimismo escuchar y sumar las voces de las mujeres
diversas de los territorios locales, por lo que nos comprometemos a propiciar procesos de
planeación inclusiva de nuestras agendas locales de desarrollo, con activa participación de
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las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil en general; así como institucionalizar la
contraloría social y la rendición de cuentas periódicas de estos procesos.
A estos fines, necesitamos ampliar y permear el conocimiento y las capacidades de los
gobiernos locales para una correcta y sensible comprensión de los desafíos a los que nos
referimos, por lo que, hacemos un llamado al fortalecimiento institucional, una gestión
coordinada y holística, un modelo de planificación territorial participativa como categoría de
fuerza articuladora de sociedad que de abajo hacia arriba promueva una gobernanza sensible
al género, donde objetivos y estrategias se den en un marco de coordinación horizontal y
multinivel de gobiernos, instituciones y organizaciones diversas que apuesta por una forma
de entender el desarrollo sin que “nadie se quede atrás”.
Declaración Final
Suscribimos esta Declaración de Cuenca, como un compromiso para promover y hacer realidad el
desarrollo local con igualdad; para construir la igualdad de oportunidades y de condiciones entre
mujeres y hombres para garantizar la igualdad de derechos; para concretar la participación de las
mujeres y la paridad en la toma de decisiones; para garantizar la prevención y eliminación de todas
las formas de discriminación, violencia y acoso contra las mujeres y niñas en los espacios privados y
públicos; para contribuir a reducir la brecha salarial y garantizarles ingresos y trabajo decente; y para
la incorporación de las necesidades específicas de las mujeres en la planificación de las ciudades con
base en el reconocimiento de la conexión o simbiosis de lo urbano con lo rural.
Consideramos este período, de aquí a 2030, como una oportunidad histórica y cultural para potenciar
el papel de las localidades urbano-rurales como impulsoras de la democracia y legitimidad en los
procesos de materialización local del bienestar para todas las personas, contenido en las metas de la
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
Frente a la presencia de discursos y acciones anti derechos, nos comprometemos a garantizar el
avance en la normativa y en las políticas públicas alineados a los compromisos de los Estados por los
derechos humanos.
Los gobiernos locales y regionales de Iberoamérica, podemos y debemos trabajar juntos para
terminar con las brechas de igualdad de género, asumir los retos derivados del objetivo de poner fin
a las múltiples formas de discriminación y de pobreza que viven las mujeres y las niñas, entre ellas las
pertenecientes a pueblos indígenas, y afrodescendientes, a las diversidades sexuales, a las que tienen
discapacidades, a las que han sido afectadas por desastres naturales o antropogénicos, a las que viven
en barrios marginales y asentamientos informales, a las pequeñas agricultoras, a las refugiadas y a
las migrantes, a las mujeres de las comunidades rurales que enfrentan múltiples violencias en especial
por su lucha en la defensa del agua, la seguridad y soberanía alimentaria y la vida comunitaria;
condenando las acciones que atentan contra la naturaleza. En ese marco, nos reconocemos capaces
de promover estrategias de democracia paritaria y de crecimiento económico inclusivo y sostenible
en el nivel local como parte del desarrollo territorial urbano-rural, a fin de que las ciudades y
asentamientos se conviertan en espacios de oportunidades y justicia para todas y todos.
