Compartimos con todos este importante artículo escrito por el Dr Román J. Duque Corredor, Presidente de la Fundación Alberto Adriani, Ex Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Originalmente fue publicado en la Revista Mujer Analítica, con ocasión de celebrar el DIA INTERNACIONAL DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
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El 25 de noviembre próximo se celebra el Día Internacional de Eliminación de la violencia contra la Mujer, declarado como tal Día por la ONU en su Resolución N° 54/134 el 17 de diciembre de 1999. La fecha fue elegida como conmemoración del brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo (1930-1961). Tal Declaración, además de fijar el acto conmemorativo se justificó en que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos y que es una consecuencia de la discriminación que sufre, la afecta y le impide el avance en muchas áreas, incluidas la erradicación de la pobreza, la lucha contra el VIH/SIDA y la paz y la seguridad y que como agresión contra un género humano se puede evitar, consagrando además que la prevención de esa violencia es posible y esencial. Con anterioridad, el 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General había aprobado la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (A/RES/48/104), Y el Lazo Blanco se convirtió en el símbolo del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer por iniciativa de Canadá para crear conciencia en la sociedad de erradicar la violencia de los hombres contra la mujer después de la matanza de 16 universitarias por un hombre que gritaba “feministas». Es propicio, pues, reflexionar sobre el tema violencia que se ejerce contra el género femenino por parte del género masculino. Pero quisiera hacerlo desde una perspectiva ética, por encima de lo social o antropológico e ideológico, porque reconozco que por no darse igual valor a lo moral en la justificación de un tratamiento especial para la violencia contra la mujer, cuando toda violencia es condenable y debe evitarse, no llega a comprenderse en plenitud su justificación sino como una reivindicación más del feminismo.
La justificación del tratamiento especial de la violencia contra la mujer dentro de los delitos o agresiones contra las personas, es la violencia sexual por su condición de tal, bajo el contexto de su supuesta inferioridad y por los daños irreparables que causa a la mujer, no solo físicos sino sobre todo psíquicos y en su genitalidad que es el aspecto corporal del sexo femenino, es decir, su intimidad. La Organización Mundial de la Salud considera que la genitalidad o sexualidad corporal es la condición central del ser humano, es decir, su condición esencial como persona. Por tratarse de lesiones a la intimidad femenina las modalidades que presenta la violencia contra la mujer no solo comprenden actos de violencia directa sino también la coerción y amenaza cuando se ejerce sobre ella, por lo que constituyen tipos especiales la violencia sexual, el tráfico de mujeres, la explotación sexual, la mutilación genital, el maltrato emocional y el acoso psicológico, que justifican que se les dé un tratamiento específico en el ordenamiento jurídico y en las políticas públicas. Asimismo, por el valor que desde el punto de vista humano tiene la intimidad de la mujer y por la persona del agresor, normalmente su pareja masculina, que utiliza la dominación, posesión o control de su vida en perjuicio de su autonomía, como factor estructural de violencia, considero que más que una reivindicación u obligación legal la erradicación de la violencia en contra de la mujer es un imperativo moral. Por lo que desde el punto de vista de mi pensamiento cristiano sobre las situaciones vulnerables de la mujer, me permito hacer las siguientes reflexiones sobre esta violencia interpersonal derivada de la falta de protección de la mujer o de sus desigualdades para asumir eficazmente su defensa o de conseguir su protección por el Estado y por la sociedad.
Desde el punto de vista del pensamiento cristiano la violencia contra el género femenino tiene su mejor justificación en el principio de la igual dignidad de todas las personas, hombres y mujeres, que como recuerda San Juan Pablo II en su Carta Apostólica «Mulieres Dignitatem«, está en la entraña misma del mensaje anunciado por Jesucristo de la reciprocidad entre varón y mujer, inscrita en la naturaleza humana, cuando se quiso estigmatizar a la mujer con las cargas del pecado humano, al considerar el mismo Jesús a su madre como el mejor símbolo de la dignidad de la mujer. Puede parecer esta consideración una cuestión meramente religiosa, cuando en verdad en la realidad nada más digno que la consideración que se tiene en la sociedad de la madre para relievar la dignidad femenina. Es decir, que en el mensaje cristiano tan digna es la mujer que se le escogió como madre de Dios. Por ello, esa consideración de la igual dignidad de hombres y mujeres constituye un compromiso moral de la exigencia contra la violencia de género, que ha de traducirse en el fomento y apoyo de medidas estructurales de prevención y erradicación de toda forma de violencia contra las mujeres, y de acogida y apoyo a las víctimas y de una educación para crear conciencia social de la necesidad de un cambio en las mentalidades y estructuras dominantes y explotadoras en los diferentes altos niveles de la sociedad.
Para la doctrina social de la Iglesia Católica esa educación consiste en que amar al otro género supone la preocupación por la vida y el crecimiento de quien se ama y que la relación entre parejas no se debe confundir con dominación, explotación o posesividad, sino del absoluto respeto hacia la otra persona y del ejercicio de su libertad. Así San Juan Pablo II, recordaba que “cada hombre ha de mirar dentro de sí y ver a aquella que le ha sido confiada como hermana en la humanidad común y que «(…) no se ha convertido para él en un objeto de placer o de explotación”. Por su parte, San Juan XXIII, propuso en su Encíclica Pacen in Terriscomo fundamentos de la convivencia en paz: la verdad, que implica reconocer la dignidad igual de todas las personas y pueblos; la justicia, que conlleva el reconocimiento de los derechos y deberes en clave de reciprocidad; el amor, como actitud que lleva a sentirnos solidarios unos de otros y es contraria al egoísmo explotador; y la libertad, como actitud de respeto y contraria a toda opresión. Si bien estos principios son necesarios para las relaciones entre los pueblos, lo son igualmente para las relaciones interpersonales entre hombres y mujeres. Y en ese orden de ideas, ante la violencia contra las mujeres nada mejor que citar la frase de Erich Fromm: “El amor es hijo de la libertad, nunca de la dominación«.
El magisterio del Papa Francisco también aporta valores morales, sobre todo cargados de humanismo, respecto de la eliminación de la violencia contra la mujer. En efecto, en su Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium del 24 de noviembre de 2013, al referirse al tratamiento de las mujeres como seres vulnerables, en ambientes de carencias y pobreza, expresó este pensamiento terminante: «Doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia, porque frecuentemente se encuentran con menores posibilidades de defender sus derechos». E, igualmente, en reconocimiento a las mujeres agregó: «Sin embargo, también entre las mujeres encontramos constantemente los más admirables gestos de heroísmo cotidiano en la defensa y el cuidado de la fragilidad de sus familias«. Y ante situaciones extremas de violencia sexual contra el género femenino, el mismo Papa Francisco en su discurso del 8 de diciembre de 2014, en la 48a. Jornada Mundial de la Paz , ejemplarizó sobre el trabajo esclavo señalando a las personas obligadas a ejercer la prostitución, entre los que señalaba hay muchas menores y los casos de los esclavos y esclavas sexuales, y de las mujeres obligadas a casarse o de las mujeres que son vendidas con vistas al matrimonio o entregadas en sucesión a un familiar después de la muerte de sus maridos, sin derecho de dar o no su consentimiento.
En el orden de ideas expuesto está claro el rechazo a cualquier forma de violencia y discriminación de la mujer o de la violencia de género por parte del pensamiento de la Iglesia Católica, por ser atentados contra la dignidad de la mujer como persona, por representar lesiones al respeto a su vida, a su integridad física y moral, a su reputación, su libertad y bienes, que son principios de alcance universal y permanente, con independencia de cualquier otra consideración. Pero no es sólo la dignidad que le corresponde a la mujer por el mero hecho de ser persona para justificar la exigencia de erradicar y prevenir la violencia en su contra, como lo asienta Juan Carlos Valderrama en su artículo » «Violencia de Género: la Iglesia anima a denunciar el maltrato a la mujer«, sino en «el modo específico en que lo es, así como la naturaleza de la relación a la que el hombre y ella, desde la diferencia en que se expresa su dignidad igual, se encuentran esencialmente llamados» (http://es.aleteia.org/2013/04/22/violencia-de-genero-la-iglesia-anima-a-denunciar-el-maltrato-a-la-mujer/). En el contexto expuesto, puede señalarse que la vía penal y policial no basta, por lo que entre las propuestas pastorales del Documento de Aparecida (2007) de los obispos latinoamericanos (CELAM) se precisan dos vías o formas de completar las medidas jurídicas, a) acompañar y guiar a las asociaciones de mujeres que luchan por superar las situaciones de vulnerabilidad y de exclusión, y b) promover un diálogo constructivo y desideologizado con las autoridades públicas “para la elaboración de programas, leyes y políticas públicas” orientadas al pleno desarrollo de la mujer en la vida personal, social y familiar.
Quisiera terminar estas reflexiones de carácter principista con las palabras de Mary Ann Glendon, quien integró la Delegación de la Santa Sede en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Pekín el 5 de septiembre de 1995, que haciéndose eco del pensamiento de San Juan Pablo II en su Carta a las mujeres del 29 de junio del mismo año, afirmó: » La histórica opresión de las mujeres ha privado a la especie humana de innumerables recursos. El reconocimiento de la igualdad en dignidad y en derechos fundamentales de las mujeres y de los hombres, y la garantía para todas las mujeres del acceso al pleno ejercicio de estos derechos tendrán consecuencias de largo alcance, y abrirán enormes reservas de inteligencia y energía, tan necesarias en un mundo que clama por la paz y la justicia». Al repetir las palabras de la profesora Glendon, y por las razones expuestas anteriormente sobre los valores que están en juego con el compromiso de afrontar el tema de la violencia contra el género femenino, pienso al igual que Juan Carlos Valderrama, que » la suerte de la mujer es la suerte de la humanidad entera» y que «en su defensa todos deben sentirse solidarios«, porque «su aportación al desarrollo humano posee un valor insustituible que toda la sociedad comenzando por los poderes públicos, tienen obligación de reconocer, promover y preservar con medidas eficaces«.
Dr. Román Duque Corredor. Roma, 23 de noviembre de 2016.
Colaboración especial para Mujer y Ciudadanía
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