El aborto es una palabra dolorosa. O al menos, esa es su connotación inmediata. Hay un juicio moral inmediato, una interpretación sobre lo que sugiere que involucra y de manera directa, una serie de pareceres éticos y morales que aparentemente, no admiten ningún tipo de excepción o justificación. Para buena parte de la sociedad occidental, la palabra “aborto” remite a un crimen inquietante, a una decisión inadmisible que cuestiona incluso la identidad de la mujer, mucho más aún su rol social.
Para una mujer, el aborto no debería ser una opción y la mera discusión de la posibilidad se plantea como una situación ética confusa, turbia y la mayoría de las veces inadmisible. Para la gran mayoría de las personas, el aborto no es una visión sobre la sexualidad y los derechos reproductivos femeninos, sino un concepto moral sin réplica alguna, mucho menos un matiz que permita una visión menos absoluta del término.
En el 2018 desperté con la noticia que el Senado Argentino había rechazado la propuesta de aborto legal en el país. Aunque estaba casi convencida que podía ocurrir — la representación senatorial Argentina representaba por entonces un tipo de conservadurismo puro y duro — me entristeció la certeza que aún la mujer seguía considerándose un sujeto legal menospreciado y discriminado de una manera tan directa. Pero sobre todo, al leer la información completa — el extenso debate, los argumentos morales y éticos esgrimidos, ninguno en favor de la libertad femenina — pensé en el caso de una mujer argentina oriunda de Tucumán (norte de Argentina) que hace unos años, fue acusada de “asesinato con agravantes” por haber sufrido un aborto. A pesar de que no pudo demostrarse en el juicio que el aborto fue resultado de algún procedimiento médico, la joven fue declarada culpable de asesinato y condenada a ocho años de prisión.
Por sorprendente y doloroso que pueda parecer, no se trata del primero o el único caso en el cual una mujer es condenada debido a un aborto, incluso por causa naturales. En el Salvador se encuentran diecisiete mujeres en condiciones parecidas: todas fueron encarceladas por considerarlas sospechosas de practicarse un aborto, incluso si ocurrió de manera natural. El país tiene una de las legislaciones más duras en lo respectivo a la interrupción del embarazo: se encuentra prohibido incluso en casos gravísimos que puedan comprometer la vida de la madre o su supervivencia. Para la ley salvadoreña, una vez que la mujer se embaraza, pierde todo derecho a decidir sobre su cuerpo.
Hoy, dos años después, despierto con la noticia de que las mujeres argentinas cambiaron la historia. Que a partir de hoy es ley que las mujeres puedan tomar decisiones sobre su cuerpo de manera libre, informada y segura. Que además, la ley argentina les considera ciudadanos capaces de afrontar, analizar y manejar las consecuencias de sus actos legales y médicos. Durante la madrugada de este miércoles 30 se aprobó la legalización del aborto hasta la semana 14, por 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención.
La votación derogó la ley del año 1921, que consideraba el aborto un delito, con las únicas excepciones de un caso de violación o un riesgo comprobable de la vida de la madre. Pero la legislación además, suponía que la mujer era incapaz de enfrentar y analizar las consecuencias sobre sus actos, por lo que brindaba al Estado la posibilidad de tomar determinaciones concretas e incluso, convertir el aborto en un acto punible por necesidad.
“Cuando yo nací las mujeres no votábamos, no heredábamos, no podíamos ir a la universidad. No nos podíamos divorciar, no teníamos jubilación de amas de casa. Cuando yo nací las mujeres no éramos nadie. Siento emoción por la lucha de todas las mujeres que están afuera ahora. Por todas ellas, que sea ley”, dijo la senadora Silvia Sapag en pleno debate, lo que dejó claro que Argentina reconoce al aborto como un logro legal. Uno que además, reconoce que las mujeres y no el Estado, tienen el completo derecho a decidir sobre su cuerpo y su capacidad reproductiva.
Resulta inquietante que las leyes de un considerable número de países continúan analizando el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo de la misma manera. Mujeres violadas, gestando como consecuencia de relaciones abusivas e incluso incestuosas, deben luchar contra un entramado legal que asume y analiza la capacidad reproductora de la mujer como un hecho biológico que no le pertenece y donde no tiene capacidad de decisión, lo cual resulta no solo una amenaza a su integridad y salud sino también, un atentado contra sus derechos reproductivos. No obstante la presión ética, y en la mayoría de las ocasiones religiosa, continúa siendo un elemento insuperable en el debate del aborto como una necesidad médica y una prerrogativa única de la mujer.
En Latinoamérica, el tema es aún más difícil de abordar: el aborto se considera un tabú con tantas implicaciones que la mera mención de la palabra invalida cualquier argumentación al respecto. La mayoría de las legislaciones del hemisferio continúan castigando de forma muy severa el aborto y condenado cualquier discusión legal respecto a una incómoda perspectiva más relacionada con principios éticos que a una perspectiva legal y crítica sobre el asunto.
El año pasado fue noticia el hecho de que la ley paraguaya no permitiera el aborto terapéutico de una niña de once años, embarazada luego de ser violada por su padre. La legislación del país sólo permite el aborto en caso de que haya peligro de muerte para la madre y bajo estricta recomendación médica, por lo que el caso de la niña — pesar de su edad y de las circunstancias de la concepción del bebé — fue rechazado de inmediato. No obstante las peticiones de la madre y grupos humanitarios alrededor del mundo, la niña dio a luz el 13 de agosto del 2015, a pesar del riesgo que el embarazo y el parto pudieron suponer para su salud mental y física.
En nuestra región, la cultura condena a priori a la mujer por el mero hecho de considerar el aborto como una posibilidad: para la mayoría de nuestros países, hay un juicio moral inmediato que no admite excepción o justificación. Para buena parte de Latinoamérica, la palabra “aborto” remite a una decisión inadmisible que cuestiona incluso la identidad de la mujer, mucho más aún su rol social. Resulta inquietante que en ese debate la mujer parezca tan infravalorada y vulnerable de cara al debate legal y moral, a las aseveraciones éticas y la presión religiosa. Una víctima que no sólo debe enfrentar las secuelas físicas y morales de cualquiera de las causas que le hace tomar la decisión del aborto, sino también a una sociedad que mira la maternidad y la capacidad para procrear como un atributo independiente a la mujer, a su espiritualidad e incluso a su poder de decisión individual.
Se trata además de una percepción que rechaza el hecho de que el aborto es un derecho de elección que pertenece por completo a la mujer. O esa debería ser la opción más evidente. No obstante, no lo es: la ley infantiliza el rol y la identidad femenina y lo hace, insistiendo en la presunción de que la mujer debe ser tutelada y además, no tiene la capacidad intelectual y moral suficiente como para tomar una decisión específica sobre su cuerpo y las implicaciones de la maternidad tiene sobre su futuro.
La mayoría de las discusiones sobre el aborto no incluyen aspectos de vital importancia como la salud biológica y mental de la mujer y las consecuencias inmediatas que puede sufrir durante un proceso de gestación no deseado. La diatriba casi siempre suele insistir en el juicio de valor inconcluso y religioso que toma la decisión incluso antes del análisis. La capacidad de concepción convertida en una lucha de la sociedad contra la interpretación cultural que usa el cuerpo de la mujer como escenario.
Por ese motivo, el debate sobre la protección de la vida y la reflexión ética con respecto al aborto pocas veces parece incluir a la madre. ¿Cómo puede debatirse e incluso tomarse decisiones que involucren la vida del feto sin considerar qué pueda ocurrir con la madre que lo lleva en el vientre? ¿Hasta qué punto el debate antepone un análisis moral a una visión sensible sobre la condición de la mujer? La respuesta a ambas preguntas desconcierta pero, sobre todo, preocupa. ¿Quién tiene el derecho a decidir sobre la capacidad de reproducción femenina? ¿Pierde la mujer los derechos básicos sobre su cuerpo una vez que se embaraza? ¿Por qué pocas veces las legislaciones protegen de la misma manera al feto y a la mujer?
Se trata de una serie de cuestionamientos que ponen en tela de juicio la percepción sobre la capacidad reproductiva que se tiene en buena parte de occidente. La estadística que indica que en el 85 % de los países del mundo, el aborto es considerado no sólo un delito penal sino que condena a la madre a penas mayores de diez años de prisión en caso de cometerlo. No obstante, al revisar el porcentaje de protección de madres en riesgo, los números muestran una realidad descarnada: solo el 25 % de los países poseen leyes que brindan seguridad social y económica a mujeres con embarazos no deseados.
Tampoco es menos preocupante la perspectiva sobre las cifras que muestran un panorama para la mujer poco menos que agresivo: en el 56 % de los países, las violaciones tienen penas inferiores a 15 años y los reos disfrutan de beneficios de libertad condicional al quinto año. En el 67 % de los países occidentales no existe un órgano de protección que asegure la salud mental y física de las víctimas de violación. Sin embargo, el 68% tienen castigos punitivos a cualquier mujer que se practique el aborto, incluso en situaciones que pongan en riesgo su salud física y mental.
Nuestro país no es una excepción, a pesar de las pretendidas reivindicaciones sociales que la mujer disfruta en nuestra sociedad. En la 69° Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se solicitó a Venezuela la revisión y modificación de la ley del aborto, en beneficio de la mujer y en prevención al aumento de los índices de mortalidad de mujeres que, según los expertos de la organización, se encuentran entre los más altos de la región. La petición solicitaba de manera formal, excepciones adicionales, como la posibilidad de interrupción del embarazo producto de la violación e incesto. El texto completo (que puede leerse junto a un pormenorizado análisis de la Doctora Esther Pineda en este enlace) insiste además en el hecho de que las leyes sobre el aborto minimizan las consecuencias que puede tener su carácter restrictivo:
“El Comité está profundamente preocupado por que Venezuela tenga uno de los índices más altos de la región de embarazos de adolescentes y que muchos de ellos acaben en muerte materna”. El informe insiste además en que el organismo “está preocupado por la falta de acceso a procedimientos de aborto seguro a causa de la restrictiva ley y la carencia de información sobre el impacto de los programas para reducir estos embarazos”. No obstante, a pesar de los precisos argumentos de la solicitud, la petición se ignoró, como ha ocurrido en múltiples oportunidades en el pasado.
Sin duda la discusión sobre el aborto en Venezuela continúa en medio de debates prejuiciados sobre las razones morales que pueden empujar a una mujer llevar a cabo una decisión extrema como el aborto en contraposición a la necesidad inmediata de protegerla. Eso, a pesar de las dolorosas historias sobre mutilaciones, maltratos por mala praxis médica o fallecimientos debido a brutales procedimientos ginecológicos médicos, la mujer venezolana debe someterse a dictámenes legales influenciados por un machismo secular de una sociedad patriarcal. A pesar de que el aborto es una decisión íntima, privada y que no debería depender de ninguna opinión moral ajena a la de la madre. O ese debería ser el caso. Lamentablemente no lo es. El mundo continúa reflexionando sobre el aborto como una variedad de opiniones morales que pocas veces favorecen a la víctima silenciosa de un delito sin rostro: la mujer.
