No puedo dejar de sentirme doblemente orgullosa por la reciente aprobación del “Protocolo para la prevención de situaciones de acoso o violencia sexual” de mi Universidad Católica Andrés Bello. Por un lado, orgullosa por la UCAB, porque como egresada, celebro cada vez que sus autoridades se pronuncian a favor del respeto al derecho a la dignidad de las personas. Siento que mi título se revaloriza en la misma medida en que la reputación de mi casa de estudio crece.
Y orgullosa también como feminista, porque sin la movilización y protesta que hicieron en su momento las organizaciones de jóvenes que luchan por los derechos de las mujeres en el país, el recién aprobado protocolo no fuera hoy una realidad.
Sin duda alguna, este es un paso ejemplar y pionero digno de emular, no sólo por las demás universidades del país, sino por todas las instituciones públicas y privadas que normalizan el acoso y la violencia contra las mujeres, bien sea negándolo o descalificándolo. Romper con esta práctica generalizada del abuso de género es un tema de modernidad y progreso y la UCAB lo está liderando.
#MeToo universitario
En abril de este año, estudiantes y exalumnas de la UCAB del Núcleo Guayana, expusieron en redes sociales cómo fueron víctimas de acoso sexual en la institución. La mayoría de las denuncias señalaban a un profesor de la escuela de Comunicación Social. El detonante fue la confesión de una exalumna vía Twitter (@raachellv), quien aseguró que un profesor no le permitía aprobar su materia hasta que sostuviera relaciones sexuales con él.
Otros tweets hablaban de la forma como las autoridades desestimaron algunas denuncias de casos similares hechas en el pasado por parte de estudiantes y de personal de planta, expresando impotencia y frustración en la forma como eran vulnerados sus derechos. A estas se sumaron otras manifestaciones similares provenientes de otros centros educativos.
Una vez más, el poder de la palabra y del apoyo en sororidad demostró su eficacia. Callar nos ha traído hasta aquí y romper con el silencio requiere mucho coraje, pero es absolutamente necesario hacerlo. Por cada pionera que levanta su voz para dejar de invisibilizar la opresión, muchas más son beneficiadas.
Triunfo feminista
Un grupo amplio de colectivos de activistas feministas, estudiantes, organizaciones civiles y gente sensibilizada ante el problema, al conocer de los casos denunciados, emitieron un comunicado expresando su preocupación por la inexistencia de normas que previniesen abusos de poder y la falta de respuesta a tiempo por parte de las autoridades académicas frente a estas posibles irregularidades: “Levantaremos nuestra voz a favor de universidades más seguras para las mujeres en las redes sociales, medios tradicionales y en todos aquellos espacios que sirvan para enarbolar la bandera de la justicia y la equidad. Desde este frente amplio exigimos… ¡universidades seguras, mujeres libres!”, reza el manifiesto.
Las organizaciones Uquira, Hermanas Naturales, Comunica, Red de Mujeres de Amnistía Internacional, Berenjena Empoderada, Femunive, Welab, Caleidoscopio Humano y activistas feministas Andrea Paola Hernández, Mariana Fernández y Jhessimar Brito, entre muchas otras, manifestaron por las redes su indignación ante los episodios de violencia y discriminación contra las estudiantes, con las etiquetas #UniSinAcoso, #AcosoEsDelito y #AcosarEsDelito. Aplausos de pie para ellas por este triunfo y para quien en solidaridad, firmó, retuiteó, ejerció presión y se hizo eco del llamado.
La importancia de un protocolo contra acoso
Es justo reconocer que, a diferencia de otros casos, a los pocos días de los llamados de atención, la UCAB Guayana respondió con un comunicado donde se comprometía a recabar las denuncias de las víctimas y establecer un protocolo como guía de actuación para evitar, procesar las denuncias y sancionar los posibles casos de este tipo que se registren en la institución, de forma que no se cometan más este tipo de irregularidades. Cumplieron. Nombraron una comisión y cuatro meses después está aprobado este instrumento que entra en vigor en septiembre 2020, coordinado todo por una excelente abogada defensora de Derechos Humanos, Magaly Vásquez, Secretaria General de la UCAB. Nada podía salir mal con ella al frente de tan buen Equipo.
El protocolo abarca 14 principios fundamentales: accesibilidad, integralidad, el debido proceso, protección a la dignidad, participación conjunta, atención diferenciada, imparcialidad y buena fe, entre otros. Con esta herramienta, la universidad se plantea ratificar su compromiso de promover una cultura de prevención, así como investigar y sancionar cualquier conducta que se considere acoso o violencia sexual, cometidas por miembros de la comunidad universitaria o en contra de alguno de sus miembros.
Asumieron además la tarea de proponer los ajustes correspondientes a los reglamentos que regulan los procedimientos disciplinarios que se siguen a estudiantes y profesores de la institución, porque los actuales al no estar enfocados en género, dejan áreas grises para aplicar sanciones.
El mensaje de tolerancia cero al acoso, como política organizacional, es muy potente. Una normativa que establezca claras responsabilidades y ponga las culpas donde van, genera seguridad física, psicológica y espiritual para todos los que hacen vida en la comunidad donde aplica. A pesar de esto, a la fecha, 60 de 100 universidades en América Latina no cuentan con protocolos diferenciados para atender casos de violencia de género.
La violencia se anida donde las relaciones de poder entre sexos son asimétricas, estableciéndose una jerarquía que habilita a uno, ejercer control sobre el otro, por lo que las leyes, convenios, acuerdos y reglamentos son necesarios para normar una forma distinta de vida en sociedad en medio de esta cultura patriarcal.
Que no se quede en la mera formalidad
Varias tareas quedan ahora pendientes. La primera es difundir suficientemente la resolución para darla a conocer por parte de toda la comunidad universitaria. Me preocupa constatar que, hasta el 16 agosto pasado, en ninguna de las redes oficiales de la UCAB ni en su web se destaca la aprobación de este protocolo como la gran noticia que es. Quizás porque está muy reciente. Pero es preciso anunciar su puesta en marcha tantas veces como sea necesario, para que todas las personas que hacen vida universitaria conozcan sus derechos y sepan como actuar en caso de acoso sexual.
Además, que se lleven a la práctica real las directrices formuladas en el documento para asegurarles cumplimiento efectivo; designar las instancias responsables para estimular y recibir las denuncias, procesarlas, hacerles seguimiento y acompañar todo el proceso hasta su resolución; capacitar a profesores, personal administrativo, autoridades y estudiantes en prevención de violencia basada en género; crear una cultura donde esto no ocurra, pero en caso de darse, que a las víctimas se les crea en su denuncia y no sean revictimizadas al desestimar sus testimonios.
Ojalá las organizaciones estudiantiles se conviertan en garantes del cumplimiento de este hermoso compromiso por la vida civilizada y el respeto a los derechos de las mujeres en el campus universitario. Retantes y trascendentes tareas quedan por delante.
Me emociona y llena de esperanza constatar cómo la protesta civil, la denuncia y el activismo feminista inciden políticamente y se traducen en voluntad de cambio. Adelante compañeras.
