Por: Mariana Vahlis* y María Fernanda Montilla**
El 30 de diciembre de 2020 despertamos con la noticia de que, en Argentina, mujeres y niñas ya no tendrían que arriesgarse a morir por abortar en la clandestinidad, o a ser encarceladas por llevar a cabo la decisión de interrumpir voluntariamente un embarazo.
Hay quienes consideran que el aborto es producto de la «irresponsabilidad» de la persona gestante. Ante ese juicio, no suelen considerarse las diferentísimas realidades que atraviesan a mujeres y niñas; sobre todo aquellas que viven en situaciones realmente precarias y vulnerables.
Actualmente, Venezuela es uno de los países en donde el libre ejercicio de nuestra sexualidad es un derecho del cual no podemos disponer completamente. Y no hablamos solo del aborto, sino de las políticas que deben acompañarlo para garantizar el disfrute de nuestros derechos sexuales y reproductivos con conciencia.
La mayoría de las mujeres en Venezuela no tiene idea de cómo llevar una sexualidad sana y libre de riesgos; no solo porque la educación sexual integral en Venezuela es prácticamente inexistente o porque desde hace varios años el acceso a métodos anticonceptivos es extremadamente costoso; sino, además, porque la realidad de la mayoría de las niñas y mujeres en el interior del país, en las zonas más vulnerables e invisibilizadas, es que su iniciación sexual ocurre en condiciones inseguras y muchas veces violentas. Crecen viendo cómo sus madres, tías, hermanas fueron víctimas del proceso de maternalización en el que ellas ya están sumergidas, se les hace creer que tener sexo a edades tan precoces es la norma; no conocen de consentimiento y menos de precaución.
Venezuela es el tercer país con mayor índice de embarazos precoces en la región (UNFPA, 2019) y esto responde en gran medida a la ya mencionada ausencia de educación sexual integral, guía principal para decidir cómo llevar nuestra vida sexual de forma segura y responsable; y a la inaccesibilidad a métodos anticonceptivos, bien sea por escasez o debido al costo.
Faldas-R en su informe «El aborto desde la escucha: datos para un debate urgente» resalta muchos datos importantes a tomar en cuenta, si se quiere desmitificar un poco la idea generalizada que se tiene sobre el aborto y quienes han decidido hacerlo:
>El 49,7% de las mujeres que las contactaron para recibir orientación sobre la interrupción voluntaria del embarazo manifestaron tener un hijo/hija, o más.
>Del 68,9% de mujeres que declaró no haber usado ningún método anticonceptivo durante la relación que provocó el embarazo, un 43% manifestó no haberlo hecho por la escasez/alto costo de los anticonceptivos en el país. El otro 30% declara que el anticonceptivo falló.
>El 84% nunca había tenido una experiencia previa de aborto.
>41% de las mujeres declara como la razón de la interrupción del embarazo su situación económica. Seguido del embarazo no deseado, violaciones, violencia, mala relación de pareja, estudios, entre otros.
Todos estos datos reflejan que, si bien las razones socioeconómicas son las de mayor peso para considerar abortar, los embarazos no deseados siguen ocurriendo, por determinadas causas.
Venezuela tiene una de las leyes más restrictivas del continente sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Nuestro código penal, reformado parcialmente en el año 2005, sigue incumpliendo los estándares internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos y no se ajusta a los derechos contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que es responsabilidad directa del parlamento revisar los marcos legales que permitan a las mujeres el goce pleno de sus derechos, especialmente aquellos dirigidos a su capacidad de elección sobre la cantidad de hijos que desean tener.
Omitir el debate sobre el aborto no hará que el tema desaparezca ni hará que las mujeres dejen de abortar. El aborto seguirá siendo un tema de salud pública con implicaciones tremendamente negativas para las mujeres que deben practicarlo en la clandestinidad y de forma insegura. En Venezuela, según el informe “Mujeres al límite” se estima que en el año 2019 se realizaron al menos 2.246 abortos en el país y representa entre la tercera y quinta causa de muerte de las mujeres venezolanas.
En Venezuela, los avances en materia de derechos sexuales y reproductivos han sido obviados por todos los actores de los partidos políticos, sin importar su ideología. Ni en el período entre el 2005 -2010 de la Asamblea Nacional, ocupada en su totalidad por el chavismo, ni en el período legislativo próximo a culminar con mayoría opositora, hubo un solo acto parlamentario con intenciones de -al menos- abrir el debate sobre la despenalización del aborto. El conservadurismo político venezolano, cubierto de una carga religiosa oculta en una moralidad hecha a la medida, ha torpedeado cualquier iniciativa para hablar del tema.
En Argentina, uno de los hechos más relevantes de la aprobación del proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo fue la proporción de los votos según género: los senadores varones votaron mayormente en contra (21 votos en contra y 19 a favor), mientras que las mujeres senadoras votaron a favor de la despenalización (19 votos a favor y 8 en contra). Demostrando, una vez más, la teoría de que la participación de las mujeres en espacios de poder político genera cambios, avance de derechos y transformaciones sociales para las propias mujeres, siempre y cuando estén sensibilizadas al tema del género y tengan la capacidad de cuestionar el ejercicio tradicional del poder profundamente masculino.
El llamado es, de mujeres a mujeres, a las diputadas de la Asamblea Nacional de Venezuela para que promuevan el debate sobre la revisión del código penal venezolano dentro de sus organizaciones políticas y en el seno del parlamento. También, a documentar información sobre el tema y las experiencias de políticas públicas de otros países. Referencias hay muchas, como las europeas, la canadiense, la argentina o la uruguaya. Las hay en contextos culturales y políticos diversos que pueden dar luces sobre el abordaje de la interrupción voluntaria del embarazo, con evidencia empírica que favorece no solo a la vida de las mujeres, sino a la sociedad entera. El aborto va más allá de una moralidad temporal: es un tema de derechos humanos y también de salud pública.
El precepto de los DDHH no es un traje que puede ajustarse a la medida según la conveniencia moral del momento. En el sistema de protección universal de DDHH existen tratados y convenios suscritos por Venezuela como la CEDAW donde se han hecho varias recomendaciones para la despenalización del aborto en causales como violación, incesto, riesgo de malformaciones en el feto o riesgo de salud de la madre, sin embargo, estas recomendaciones no han sido adoptadas por el país.
De igual forma, organizaciones como el Comité Para América Latina y el Caribe, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, entre otras, han diseñado manuales para los países para promover el acceso a derechos sexuales y reproductivos como vía para favorecer la no discriminación y a la igualdad sustantiva de las mujeres y el cumplimiento de otros derechos como el derecho a la seguridad personal, el derecho a la libertad, el derecho a la privacidad.
A nuestras mujeres políticas: es el momento de sumergirse en esas realidades que, aunque disten mucho de las suyas, existen y merecen respuestas oportunas. Es hora de abrir el debate, mantenerlo en las sombras nos mantiene atadas no a unas pocas, sino a todas.
A quien interese profundizar en el tema, acá van algunas referencias:
- Artavia Murillo vs. Costa Rica: Análisis crítico a la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo sobre fertilización in vitro: https://www.corteidh.or.cr/tablas/r36839.pdf
- Derechos humanos y acceso al aborto: https://www.hrw.org/es/news/2005/06/15/qa-derechos-humanos-y-el-acceso-al-aborto
- El aborto como un bien social: Revista de bioética y derecho: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1886-58872018000200004
- Informe de Seguimiento Alternativo a las Observaciones Finales del Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) (documento CEDAW/C/VEN/CO/7-8) República Bolivariana de Venezuela. https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/VEN/INT_CEDAW_NGS_VEN_31516_S.pdf
- Las causas del aumento de embarazo adolescente en Venezuela:https://eldiario.com/2020/03/11/las-causas-del-aumento-de-embarazo-adolescente-en-venezuela/
- Mujeres al límite (informe): https://avesawordpress.files.wordpress.com/2019/05/mujeres_limite_a4web.pdf
MARIANA VAHLIS *
Antropóloga egresada de la Universidad Central de Venezuela. Secretaria de la Comisión Permanente de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional en el año 2019. Miembro del equipo técnico de la Subcomisión de Mujer e Igualdad de Género del Parlamento venezolano.
MARÍA FERNANDA MONTILLA **
Comunicadora social egresada de la UCAB, feminista, activista política, crítica de cine aficionada y mamá.
