En una región marcada por desigualdades profundas y violencias que adoptan muchas formas, el trabajo de organizaciones que fortalecen la autonomía económica de las mujeres, apuestan por la educación y fomentan una ciudadanía crítica, resulta indispensable. Entre ellas destaca Fundamorgan, brazo de responsabilidad social de Morgan & Morgan en Panamá, liderada por la abogada Marina Pérez de Cárdenas.
Impulsada desde muy joven por una vocación de justicia, la activista en Derechos Humanos (DD.HH.) ha tejido su labor desde una perspectiva feminista que reconoce la complejidad de las experiencias de las mujeres y busca transformarlas desde la raíz. Su trayectoria entrelaza acompañamiento legal, redes de cuidado y la convicción de que el cambio social nace cuando las mujeres pueden vivir con dignidad, autonomía y poder real sobre sus vidas.
Si bien Pérez de Cárdenas tiene diez años en la institución liderando programas de ciudadanía responsable, desde hace cinco también lidera el eje de acceso a la justicia, enfocado en género y violencia. Responsabilidad que llegaría en medio de la pandemia por el COVID19 y además, un postparto.
“Fue muy duro y sentíamos mucha impotencia porque Panamá fue uno de los países más estrictos con el confinamiento. Poder trasladar la gestión de apoyo legal a mujeres sobrevivientes de violencia fue muy difícil. Al pasar más tiempo en sus casas, tenían más contacto con sus agresores y al restringir la movilidad se dificultaba el salir a poner una denuncia porque las instituciones públicas cerraron. Todas tenían además una fuerte dependencia económica hacia sus parejas o exparejas porque generaban ingresos menores a 800 dólares mensuales o simplemente se quedaron sin trabajo. Cuando no hay autonomía económica hay más riesgo de violencia”.
Una respuesta a esa realidad fue el proyecto «Respira sin violencia» el cual consistió en comprar kits preparados con tijeras, hilos y materiales que enviaron a las participantes del proyecto y a las cuales se les enseñó a coser por videollamadas para que pudieran venderlas.
Nos alcanza a todas
La especialista comenta que un tema en el que están enfocados actualmente es la violencia digital, la cual afecta desproporcionadamente a las mujeres.
“En Panamá no hay mucha conversación todavía en torno a violencia digital. A pesar de iniciativas importantes como la Ley Olimpia, todavía falta reglamentación, educación, sensibilización y políticas públicas. La ley es un componente dentro del ecosistema de cosas necesarias para hacer incidencia. La violencia digital es la misma violencia machista de siempre con un mecanismo nuevo de propagación mucho más fuerte porque existe la posibilidad de esconderse detrás de un alias”.
Añade también que la tecnología se ha convertido en una herramienta de los agresores para controlar y ejercer violencia contra sus parejas.
“Si hay cámaras en la casa, algo que en Panamá es muy común, ésta es un mecanismo más de control, sabemos de episodios donde controlan la temperatura, la iluminación y luego hacen gaslighting, control de la geolocalización con trackers en la cartera o debajo del carro”.
Menos pobres, pero desiguales
En el más reciente informe de la CEPAL se indica que hubo una reducción del 2.2% en los niveles de pobreza en América Latina, pero que los niveles de desigualdad persisten. A juicio de Pérez de Cárdenas es difícil señalar una sola razón porque es un asunto estructural y sistémico que se debe en gran parte a problemas de institucionalidad y democracias débiles.
“Los Estados deben saber qué ocurre y a quién darle qué. Por lo menos, desde Panamá, nos falta entender mejor los datos de lo que ocurre en cada zona y cómo poder adaptar los programas y proyectos a cada una, porque somos un país abismalmente desigual y diferente”, explica.
En cuanto a la Región, señala que no se termina de entender las razones de la pobreza, siendo una de ellas la normalización de la violencia.
“De alguna forma, nos hemos adaptado a vivir dentro de esa violencia y a justificarla, Nos faltan perspectivas sociológicas y antropológicas para entender los problemas. Creamos leyes pensando que van a resolver todo, pero la ley es una parte de ese esquema que necesitamos para atender lo que sucede. Por ejemplo, si una niña ha sido abusada, ¿por qué tenemos que llevarla ante un juez? O sea, claro que es importante ese acceso a la justicia, pero ¿qué hace una niña violada ante un juez? Eso no tendría que ser así, es revictimización. Es llegar tarde. Hay que poner el foco en lo preventivo. Tenemos que enseñar tanto a niñas y niños el autocuidado, hay que ir a los colegios a hablar de estos temas”.
Proyectos 2026
De cara al año que está por empezar, la directora de Fundamorgan expresa que el foco será avanzar en el área de ciudadanía responsable y atender a jóvenes entre 15 y 30 años para que fortalezcan sus competencias ciudadanas, sus habilidades blandas, sus valores democráticos y su conocimiento en DD.HH. Asimismo, desde el programa de asistencia legal comunitaria, el cual está formado por todo un equipo, seguir con el apoyo legal gratuito y confidencial a mujeres sobrevivientes de violencia basada en género.
“Esto no para nunca, cada abogado tiene más de cien procesos andando. Históricamente, desde que abrió Fundamorgan se han tramitado más de 3800 procesos legales a mujeres que, de otra manera, quizás no hubieran podido acceder a la justicia o tener este apoyo. Con la parte legal hemos aprendido también la importancia de la autonomía económica para las mujeres y tenemos para el 2026 la tercera edición del proyecto «Fuerza entre costuras» que hacemos con otras organizaciones para darles herramientas técnicas y que así puedan generar ingresos propios”.
