En días pasados tuve la gran oportunidad de participar como coordinadora del “Encuentro de mujeres políticas y lideresas locales de América Latina”, convocado por la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) y ONU Mujeres, con el objetivo de propiciar un intercambio que permitiera construir nuevas hojas de ruta hacia la democracia paritaria en nuestros países.
Aunque en la región se identifican avances en materia de participación política de las mujeres producto de la adopción de normativas de cuotas y paridad por parte de partidos políticos y gobiernos, las mujeres políticas siguen estando marginadas de los espacios de mando por múltiples factores, que podrían agruparse en dos ejes principales: las escasas oportunidades para ejercer un liderazgo verdaderamente transformador y el de la violencia contra las mujeres en política.
Para poder abordar el reto planteado para este Encuentro, había que partir de una puesta en común de los obstáculos a los que actualmente se enfrenta la participación política de las mujeres, sobre todo porque a la fecha, está bien documentada y dimensionada la subrepresentación de las mujeres en los espacios de toma de decisión de la vida pública y política de América Latina, producto de las múltiples formas de violencia política que atraviesan el desempeño de las mujeres en el campo político. Las asistentes, provenientes de una veintena de países, dieron testimonios crudos de ello.
Compromisos necesarios
A nivel global, y considerando el ritmo actual de progreso, para las Naciones Unidas la paridad de género no se alcanzará en las legislaturas nacionales antes de 2063, y entre las Jefaturas de Gobierno antes de 2150. Algunos organismos, conscientes de esto, impulsan de manera decidida acciones que superen en el menor tiempo posible los pobres resultados registrados hasta el momento.
Ejemplo de ello, fue el compromiso establecido desde de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW65) en 2021, donde los Estados acordaron avanzar acciones hacia el equilibrio de género 50/50 en todos los cargos electos, adoptando todas las medidas necesarias para romper barreras y acelerar los progresos, entre ellas: establecer metas y plazos específicos para lograr el equilibrio de género en todas las ramas del gobierno y a todos los niveles mediante medidas especiales temporales como cuotas y nombramientos; fomentar que los partidos políticos designen a igual número de mujeres y hombres como candidatos; eliminar, prevenir y responder a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas; y desarrollar, financiar e implementar políticas y programas que promuevan el liderazgo de las mujeres.
Asimismo, en la Declaración para la CSW65, las ministras y altas autoridades de los mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres de América Latina y el Caribe, reafirmaron el compromiso regional con la paridad en todos los espacios de toma de decisiones a todos los niveles, señalando la urgencia de acelerar esfuerzos, y destacando que la participación de las mujeres en la vida política y pública es condición necesaria para poder enfrentar de manera inclusiva y sostenible los desafíos de nuestros tiempos.
La igualdad de género y el desarrollo de los países no son ámbitos separados, por el contrario, existe una relación interdependiente que precisa del avance de ambos para lograr su pleno cumplimiento. En ese sentido, garantizar la participación equitativa y significativa de las mujeres en toda su diversidad en los espacios de diseño, gestión y desarrollo territorial, es la única forma posible de alcanzar políticas que puedan dar respuesta a las necesidades y demandas del conjunto.
Un proceso de desarrollo que no contribuya a la igualdad entre mujeres y hombres, aunque pueda dar respuesta a otras brechas y desigualdades, seguirá excluyendo a la mitad de la población y por lo tanto no será sostenible en el mediano y largo plazo.
Llamado a la acción
Las lideresas participantes de este Encuentro suscribieron un documento final convencidas de que una democracia y un desarrollo que no avance hacia la igualdad de género, incluyendo en la toma de decisiones al cincuenta por ciento de su población, no podrá garantizar realidades equitativas, plenamente democráticas, sostenibles y pacíficas, “por lo que llamamos a todos los actores del ámbito local, territorial y subnacional de Iberoamérica a redoblar esfuerzos y compromisos con acciones y recursos específicos y concretos que permitan alcanzar el logro de la igualdad sustantiva, en todos los ámbitos, de aquí al 2030”.
Es preciso seguir trabajando con más ahínco en la tarea de derribar todas las barreras que impiden y limitan las posibilidades de las mujeres para desempeñarse en pie de igualdad como candidatas, activistas, militantes, responsables de partidos políticos u organizaciones, legisladoras, autoridades en instituciones públicas y cargos electivos en diferentes niveles de gobierno.
Ellas ya lo están haciendo con pruebas claras de su compromiso y liderazgo. Es hora de que las instituciones políticas, jurídicas y gubernamentales respalden ese esfuerzo.