Como víctima y sobreviviente de violencia sexual y de género, me siento muy consternada por lo que ha pasado con la Sra. Morella, las otras víctimas, sus respectivos familiares y demás casos de violencia sexual y de género, así como los femicidios registrados en el país, hasta la fecha.
Agradezco a todos los medios de comunicación nacionales e internacionales por sus invitaciones a conversar acerca de estos abominables hechos, y quiero que sea de su conocimiento que cada vez que hablo del tema, revivo en carne propia lo que he vivido como víctima y sobreviviente de violencia sexual y de género.
Puedo hablar sobre el caso de la Sra. Morella desde la experiencia vivida durante una privación ilegítima de libertad de la que fui víctima durante casi 4 meses en el 2001. El caso de la Sra. Morella ha conmocionado a la opinión pública porque logró salir y buscar ayuda, ella perdió más de 31 años ilegítimamente privada de su libertad, acorralada, paralizada, en pánico, viviendo las diferentes formas de tortura y escuchando solo la voz amenazante del verdugo, es muy comprensible entender porque, durante tantos años sus intentos u oportunidades de escapar del cerco físico y psicológico fallaron, con el pasar de los años el verdugo debió considerarse blindado y que ella no escaparía, treta que confirmaba con los otros casos, que ahora se sabe, paralelamente también mantenía en las mismas condiciones, incluyendo a su esposa ilegítimamente privada de libertad, durante 21 años.
La Sra. Morella con más de 31 años privada ilegítimamente de libertad encontró una salida, así como también yo logré encontrar una vía para escapar a los casi 4 meses de ser privada ilegítimamente, torturada y violentada de todas las formas.
Todavía vivimos en una sociedad que nos invisibiliza, una sociedad que, al escuchar gritos de terror en viviendas vecinas, no denuncia, no presume que algo no está bien. Una sociedad que no solo permite que seamos atacadas, sino que, además nos juzga y revictimiza dando paso a la impunidad.
Invito a la sociedad a solidarizarse desechando el amarillismo en el reporte y comprensión de los hechos, a no culpabilizar y juzgar a las víctimas y poner en duda las denuncias de las mujeres. El Estado debe asumir su responsabilidad para crear espacios de refugios seguros y de atención integral.
Como sociedad muchas veces, estereotipamos a las víctimas y sobrevivientes, es decir, se cuestiona a la víctima, se corresponsabiliza y se minimizan los hechos, justificando estos abominables delitos o siendo indiferentes frente a ellos. A las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual y violencia de género, se les cuestiona incluso el silencio al no denunciar los delitos de violencia sexual y de género.
Espero que el sistema de justicia trate el caso de la Sra. Morella y demás víctimas, con la justicia expedita que no tuve, el proceso judicial debe incluir todos los delitos cometidos contra ellas y sin ningún beneficio procesal para el verdugo; toda vez que él mismo significa una amenaza para todas las mujeres en la sociedad.
Las instituciones tienen que funcionar para prevenir, investigar y sancionar estas realidades que se ocultan bajo las paredes de aparentes hogares, no puede ser un hecho fortuito de alguna persona en una institución del Estado que decide creer en lo que expone una víctima. Se requiere personal sensibilizado, capacitado, además de los refugios que puedan atender emergencias como estas.
Este caso también confirma que se debe despertar la conciencia pública a estar más atenta a las sospechas cuando se dan cuenta que algo puede estar sucediendo, como lo afirman algunos vecinos de que este sujeto lucía sospechoso, pero hacía una vida aparentemente “normal”. Según los reportes los familiares de la Sra. Morella denunciaron hace muchos años su desaparición y no tuvieron ninguna respuesta, igualmente como ocurrió en mi caso. La atención a esas primeras denuncias puede ser la única oportunidad de salvarse de las garras de un agresor.
Esperemos que el Estado venezolano no le falle como lo hizo en mí caso y que la Sra. Morella y demás víctimas no tenga que recurrir a buscar justicia en un organismo internacional como al que me vi obligada a acudir.
La sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en mi caso contra el Estado venezolano; es un referente que deja en evidencia que el Estado venezolano es responsable por las diversas violaciones de derechos humanos que fueron catalogadas no sólo como vulneraciones de mí integridad personal, dignidad, autonomía y vida privada, sino también como actos de tortura y esclavitud sexual, en los términos establecidos por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la Convención Belem Do Pará; dejando una ruta para todas aquellas mujeres que desean argumentarla como herramienta jurídica.
Todos los órganos competentes encargados de administrar la justicia en materia de violencia de género deben entregarle cuentas a la sociedad venezolana de los avances en que se encuentra este abominable caso, porque estaremos alerta al proceso judicial que corresponde.
