Declaración de la Cumbre de Santiago

Acaba de finalizar con rotundo éxito la III CUMBRE IBEROAMERICANA DE AGENDAS LOCALES DE GÉNERO, celebrada en Santiago de Chile y organizada entre otras importantísimas instituciones por la UNIÓN IBEROAMERICANA DE MUNICIPALISTAS de la cual orgullosamente formo parte, presidida por Federico Castillo Blanco y con Flavia Tello en la dirección de políticas de género.

Sin duda alguna reunir en un mismo espacio a tantas voces de peso en el tema del feminismo y los derechos de la mujer es un gran logro que aplaudimos y aupamos desde Venezuela. Aun cuando no pudimos estar presentes, enviamos nuestros aportes para la Declaración final, desde la Red de Derechos Humanos de Venezuela /REDDEMU @reddemu. En este enlace pueden acceder al resumen completo de la Cumbre AQUI

Y por considerar que la Declaración final constituirá un documento base para referencias futuras en todas las acciones que iniciemos en el ámbito de gobierno institucional y en la definición de políticas públicas, lo reproducimos aquí en nuestro blog:

DECLARACIÓN DE SANTIAGO “MUJERES, CIUDAD Y TERRITORIO”

Cuando nos encontramos a escasos meses de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la vivienda y el desarrollo sostenible (Hábitat III), que tendrá lugar en Quito, Ecuador, en octubre de 2016, esta III Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género “Mujer y Ciudad” constituye una importante oportunidad para aportar recomendaciones que, surgidas de distintas experiencias, permitan promover los valores y principios de la igualdad sustantiva en el ámbito municipal, a fin de orientar dicho proceso socio político, desde la voz y presencia de las mujeres urbanas y rurales de Iberoamérica.

Como lo señala Hábitat III, estamos ante un mundo urbano, en el cual todas las regiones, en particular Iberoamérica, están marcadas por el crecimiento de las ciudades, a la vez que enfrentamos crisis ambientales y energéticas, el cambio climático y distintos tipos de desastres naturales.

En este marco compartido, otros procesos definen los rasgos de la época; entre ellos, las migraciones entre los países y al interior de estos, la migración campo-ciudad, que agranda cordones de pobreza y baja calidad humana en las ciudades, que incrementan la pobreza y las desigualdades, y las limitaciones económicas y sociales de las mujeres. Si bien la región de América Latina y el Caribe, pese al marco de la crisis global, ha logrado en la última década aumentar el trabajo formal, levantar y sostener el PBI y disminuir la pobreza en promedio, sin embargo, el porcentaje de mujeres que viven en el umbral de la pobreza ha crecido (CEPAL 2014) y la desigualdad persiste y se expresa particularmente en las ciudades, sean estas pequeñas, intermedias o metrópolis.

En este escenario, existen pobrezas que exceden a las económicas; pobrezas de derechos ciudadanos que se expresan en violencias que persisten y se complejizan, en carencias de servicios básicos de calidad, de infraestructuras, de accesibilidad, de calidad y cobijo para todos y todas. En muchos casos, las mujeres tienen como principal fuente de ingresos el trabajo doméstico o el trabajo informal, y habitan en localidades carentes de servicios y coberturas sociales.

Es importante destacar, al respecto, que las mujeres conforman una población fundamental en la vida urbana y rural, y que su condición está marcada, para la mayoría de ellas, por múltiples subordinaciones, exclusiones y privaciones del ejercicio de sus derechos humanos, ciudadanos, sociales, económicos y políticos.

Las situaciones son, por supuesto, heterogéneas y varían entre los países, y dentro de cada país según regiones y territorios. No obstante, la CEPAL evidencia en su Observatorio de Género que si bien las mujeres aspiran a la vida urbana por las ventajas que esta ofrece, la pobreza tiene un alto impacto sobre las mujeres, niñas y adolescentes. Ellas no solo sufren con frecuencia la carencia de derechos y de políticas del Estado que las protejan, sino que también experimentan violencias e inseguridades por el solo hecho de ser mujeres.

Pese las dificultades, se observan importantes avances en la región, logrados gracias a la propia lucha de las mujeres y de los movimientos de mujeres. Son avances que se evidencian progresivamente, con gestiones de incidencia en políticas y programas impulsados por los gobiernos locales, así como en la aplicación de normas, mecanismos e instrumentos para contribuir a una mayor igualdad de género, tales como planes de igualdad de oportunidades, acciones positivas y ordenamiento urbano desde una perspectiva de derechos, entre otros.

Aun así, persisten deudas sociales significativas que impiden o limitan la efectiva participación y acceso a espacios de toma de decisiones de las mujeres, cuyos aportes pueden marcar la diferencia en la gestión e inversión territorial que contribuyan con la priorización de obras clave y asertivas para el uso y disfrute de las ciudades o comunidades locales. Las mujeres necesitan empoderarse, en el territorio urbano, en las comunidades y barrios en los cuales son activas promotoras del desarrollo y luchan por el ejercicio de sus derechos y los de sus hijos/as y familias, ya que demandan sus necesidades fundamentales a la acción pública, entendiendo que todas son ciudadanas merecedoras de la misma.

En la mayoría de los países de Iberoamérica y del mundo, las mujeres representan más del 50% de la población, pero paralelamente a este equilibrio demográfico, las mujeres no son todas iguales y están atravesadas por diferencias, de clase, económicas, de nivel educativo, situación geográfica, de etnias, color de piel, elección sexual, edades, y cuando alguna o varias de estas diferencias se combinan con localización en territorios de sospecha y desvalorización, estas desigualdades se profundizan.

Las mujeres vienen creciendo de manera sostenida en el mercado de trabajo, y — de acuerdo con CEPAL— han adquirido niveles educativos más altos que los varones; sin embargo, y en todos los niveles de actividad, perciben un salario inferior al de los hombres por el mismo trabajo. A pesar del aumento del nivel educacional, se mantienen fuertes patrones de desigualdad de género. Además, mayor proporción de mujeres que de hombres trabajan en condiciones de informalidad, lo cual habitualmente implica bajas remuneraciones y condiciones laborales y productivas precarias.

Considerando:

• Que la Declaración de Córdoba “Construyendo modelos para la igualdad” (2011) definió un eje específico en relación con la prioridad de políticas y estrategias que potencien la inclusión social en las ciudades, propiciando principios y acciones orientados a garantizar el derecho a la ciudad de las mujeres, el derecho a circular, trabajar y disfrutar las mismas, lo que implica incorporar la planificación desde la perspectiva de género de las ciudades;
• Que la Declaración de Aguascalientes “Repensando las ciudades desde los derechos de las mujeres”,(2013) abordó problemáticas y propuestas del territorio con una perspectiva de género;
• Que la Carta Internacional por el Derecho de las Mujeres a la Ciudad ha recogido las aportaciones realizadas por quienes participaron en el Foro Virtual “¿Qué ciudades para avanzar en el logro de la igualdad entre los géneros?” convocado por la Red Iberoamericana Por Agendas Locales de Género (UIM, julio de 2012);
• Que el Parlamento Latinoamericano y Caribeño ha adoptado recientemente la Norma Marco para consolidar la Democracia Paritaria (28 noviembre 2015)
• Que el Acuerdo de París (diciembre 2015) ha señalado que estamos ante un mundo urbano sujeto a crisis y distintos tipos de desastres humanos y naturales; La III Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género: “Mujer, Ciudad y territorio”

RESUELVE:

Exhortar a los gobiernos locales iberoamericanos y a las autoridades locales elegidas; a las asociaciones nacionales, regionales e internacionales de municipios; a las organizaciones y redes de mujeres; a los mecanismos nacionales de la mujer; y a hombres y mujeres comprometidos con la igualdad de género, a adherirse a la presente Declaración, con el objetivo de asegurar la promoción de políticas públicas y acciones concretas tendientes a hacer efectivos los principios, valores y postulados contenidos en la misma y garantizar los derechos de las mujeres y la igualdad de los géneros, como lo establecen los documentos internacionales de consenso, tales como la CEDAW (1979); la “Carta Magna” de los derechos de las mujeres, de carácter vinculante; la Convención de Belem do Pará (1994); la Plataforma de Acción de Beijing (1995) y la Plataforma de Hábitat III, y los instrumentos específicos dirigidos a los Gobiernos y Autoridades Locales impulsados a través de ordenanzas y acuerdos municipales.

En ese espíritu, las y los participantes en la III Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género: “Mujer y Ciudad”, planteamos las consideraciones y propuestas que a continuación se detallan:

1. Considerar prioritario en la planificación urbana y rural de los municipios y gobiernos locales la perspectiva de género. La planificación urbana con enfoque de género es un instrumento necesario para incidir en la mayor igualdad de mujeres y hombres en el acceso a servicios e infraestructura, y a una inclusión integral a los beneficios tanto de la vida urbana como rural. El enfoque de género en la planificación y el ordenamiento territorial parte de reconocer diferencias y discriminaciones de género en el uso, beneficio y apropiación del territorio en sus múltiples dimensiones. La incorporación de las necesidades específicas de las mujeres en la planificación urbana puede contribuir a crear una mejor ciudad para todos y todas. Planificar espacios y definir los tiempos de uso de los servicios urbanos de manera que mujeres y hombres puedan realizar las tareas cotidianas del cuidado de la familia y del trabajo remunerado con más facilidad y en menor tiempo, es un urbanismo que contribuye a construir ciudades y una mejor condición de vida cotidiana para todas y todos. Al respecto, para la consecución de los objetivos mencionados, se hace necesario revisar los distintos instrumentos urbanos de planificación, evaluación y seguimiento desde un enfoque que considere el derecho a la ciudad de las mujeres; e incorporar la perspectiva de género, edad, etnia, e inclusión social en los planes, programas, proyectos, a través de políticas públicas locales, los cuales deben contar con la necesaria inversión para su sustentabilidad, junto al ejercicio de la práctica de presupuestos sensibles a género. Para poder construir diagnósticos precisos, es necesario avanzar en el mejoramiento de los sistemas de producción de información estadística que permitan conocer la situación de las mujeres en los diversos territorios y focalizar propuestas con perspectiva de género. Ello demanda un compromiso en cuanto a recoger información desagregada por sexos y desarrollar indicadores que permitan evaluar las condiciones de las mujeres en los diversos ámbitos y en relación con las distintas dimensiones urbanas. Los observatorios constituyen medios de monitoreo y fuentes de información valiosa para la exigibilidad de deberes y derechos, por lo que pueden fortalecerse los existentes o generar algunos más especializados, para el control social y exigibilidad de deberes y derechos.
2. Abordar la seguridad y convivencia urbana con igualdad de género. En muchas ciudades, la convivencia está siendo afectada por la inseguridad. Según las encuestas de opinión, en algunos países es la principal preocupación de la ciudadanía, junto con el desempleo, la corrupción y la pobreza (PNUD 2013). Sin duda, el temor, y no solo la violencia objetiva, tienen consecuencias en la disponibilidad física y temporal de espacios urbanos. El espacio público desempeña un papel central en la convivencia urbana. Su disponibilidad, calidad y libre acceso contribuyen a la integración social y a la ruptura de las barreras físicas y sociales de la inequidad. La violencia de género —que se manifiesta tanto en el ámbito privado como en el espacio público— es una de las amenazas más persistentes en las ciudades. Las mujeres, al sentir temor, por riesgos de inseguridad o discriminación, abandonan el espacio público, utilizan las ofertas de la ciudad con menor frecuencia. Restringen el tiempo y el espacio del intercambio y del encuentro con otros actores sociales, deportivos, recreacionales o políticos. En este escenario, las distintas formas de discriminación, abuso, violencia e inseguridad en las ciudades requiere de una acción coordinada de diversos actores, incluidas las organizaciones de la sociedad civil. Estas pueden contribuir con acciones, en las que participen las comunidades, incentivando la convivencia social. Sin embargo, considerando la responsabilidad estatal, es central fortalecer a las instituciones de seguridad en la materia y perfeccionar su formación en prevención con perspectiva de género, como también avanzar en normas locales que contribuyan a generar espacios seguros para las mujeres, entre otras acciones. También se hace necesario vincular las distintas formas de violencias que sufren las mujeres, en el ámbito privado y público, poniendo atención en particular al femicidio, situación que demanda de un posicionamiento y acción consistentes desde el Estado en sus distintos niveles y políticas sectoriales.
3. Fortalecer los derechos de las mujeres a la vivienda y el suelo urbano. La lucha por hacer efectivo el Derecho a la Vivienda en América Latina tiene como sus principales protagonistas a las mujeres. Es necesaria la aplicación de políticas afirmativas que favorezcan a las mujeres, y a grupos específicos de estas. Deben dictarse políticas de redistribución de la propiedad a favor de la equidad de género (Mujeres y Derechos a Vivienda Adecuada, Social Watch, Red Mujer y Hábitat Al, e HIC 2004) y de la misma manera los mecanismos para asegurar la tenencia de la propiedad de la vivienda para las mujeres. Es importante promover iniciativas para fortalecer el empoderamiento de las mujeres en relación con su derecho a la propiedad de la tierra y a la vivienda, y asegurar el acceso a servicios de calidad y bienes, a la herencia y a los bienes patrimoniales en condiciones de igualdad (CEPAL 2013). La vivienda para las mujeres no es solo un cobijo; es el lugar que asegura a la infancia, a sus propias vidas, genera un espacio para la vida familiar y para la vida productiva y reproductiva; es una garantía económica, es un seguro, entre otras muchas características.
4. Mejorar la movilidad y acceso a servicios urbanos. Si algo marca la vida de las mujeres es la persistencia de la división sexual del trabajo. Esto significa que aunque las mujeres estén adscritas al campo productivo, incluso al mercado formal laboral, son las principales responsables de sus hogares, de las tareas de educación, atención de la salud, abastecimiento y recreación. Asumir las tareas correspondientes a esas responsabilidades implica que las mujeres deben movilizarse permanentemente entre su hogar, lugar de empleo y centros de servicios de distinto tipo. Su vida cotidiana —más que la de los hombres— está sujeta a múltiples recorridos. Sin embargo, para las más pobres, las que viven en territorios alejados de los centros urbanos, en los extensos aglomerados de baja densidad, sus posibilidades de movilidad y acceso a los distintos servicios urbanos sigue siendo desafiante y de alta peligrosidad. En este contexto, subsisten desafíos importantes en términos de eficiencia, disponibilidad, calidad, asequibilidad de equipamiento y servicios urbanos. Se requiere, entonces, de enfoques más eficientes y humanos con miradas integrales en la provisión de servicios de calidad y seguridad de los mismos, y en su articulación con la planificación urbana y la gestión y uso del suelo (ONU Hábitat 2012). En el terreno del urbanismo, el concepto de infraestructuras dignas para la vida cotidiana puede contribuir a facilitar el desarrollo de la vida diaria y la calidad de vida de todos y todas. Particularmente puede incidir en una gestión del tiempo con más agilidad e igualdad entre mujeres y hombres.
5. Facilitar las necesidades de la gestión temporal de la vida cotidiana: Uso del tiempo. El uso del tiempo es un indicador central para medir las desigualdades entre mujeres y varones. Según INEGI (México) y otros estudios (INE, Uruguay; IBGE, Brasil, entre otros), las mujeres trabajan un promedio de 16 horas más a la semana que los hombres en el trabajo total, el cual suma el trabajo productivo (formal o informal) y el trabajo reproductivo. En este sentido, no solo es necesario contar con servicios, sino con la proximidad de los mismos a la vivienda. El uso del tiempo demanda también una concepción de la organización del territorio urbano. La localización de actividades en la ciudad, su grado de proximidad con la vivienda, tienen una estrecha relación con el uso del tiempo; en consecuencia, el desarrollo urbano facilita o limita las posibilidades de acceso a las oportunidades que la ciudad ofrece a mujeres y hombres. La compatibilización del tiempo está íntimamente ligada con las distancias, los medios de transporte y las condiciones para recorrerlas. El desajuste entre la organización territorial y las necesidades de accesibilidad y movilidad de los sujetos que habitan la ciudad, en este caso las mujeres, incrementa las dificultades para compatibilizar los tiempos domésticos familiares y laborales remunerados, impactando su calidad de vida y condicionando sus decisiones personales.
6. Impulsar políticas que incluyan los derechos de las mujeres y promuevan equidad en el cuidado. El cuidado de la población dependiente —niños y niñas, personas adultas mayores y en situación de discapacidad— debe ser una tarea compartida, no de responsabilidad exclusiva de las mujeres. Las políticas de cuidado deben responder a las realidades particulares de los territorios donde se implementan, y a la realidad actual más general de que son las mujeres las que continúan asumiendo la mayor parte de las tareas de cuidado de los miembros del hogar. Abordar la planificación local de los servicios de cuidado desde un enfoque que distinga las necesidades y demandas específicas de las mujeres por aumentar su autonomía económica, constituye, entre otras, una oportunidad para profundizar en una visión de la ciudad que incluye identificar prioridades de localización y de organización del tiempo de atención de estos servicios de cuidado.
7. Propiciar una adaptación eficiente de los territorios locales frente al cambio climático y para la reducción de riesgos. La ocurrencia y distribución geográfica de los eventos meteorológicos extremos han empezado a transformarse, como consecuencia del cambio climático global. Se prevé que estos fenómenos aumentarán en el futuro, amplificando los riesgos de desastres naturales en toda la región. En el ámbito de las ciudades, es importante definir políticas para enfrentar factores de vulnerabilidad de género en la atención de riesgos ante desastres de origen natural y humano y emergencias, y diseñar estrategias de prevención y atención con perspectiva de género, garantizando la protección de las mujeres y las niñas (CEPAL 2013). Según la EIRD (Estrategia Internacional de Reducción de Desastres), es una predicción bien conocida que las mujeres en los países en desarrollo son las que más sufrirán los efectos del cambio climático y el aumento de las zonas y áreas de vulnerabilidad en sus ciudades y comunidades. Es central fortalecer capacidades para promover actividades de adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos, considerando la perspectiva de género y la asignación de recursos de la cooperación internacional y/o de los gobiernos locales hacia las organizaciones de mujeres en el ámbito local para implementar las acciones de resiliencia comunitaria en la prevención de los eventos naturales, de la misma manera se hace necesario el diálogo con las autoridades locales para la pronta implementación del Marco de Sendai adoptado por los gobiernos en marzo 2015 con injerencia directa a las autoridades locales para la reducción de los riesgos de desastre y el aumento de la resiliencia en las ciudades y comunidades.
8. Contribuir desde la gobernanza local a la inversión y el desarrollo socio económico rural. Los gobiernos territoriales de Latinoamérica deben volver sus ojos al campo, generar políticas públicas de motivación y estímulo a pequeñas/os productores/as, que abastecen los mercados internos, con políticas, planes y programas, entre otras de formación de talento humano local, con técnicas productivas comunitarias, como mitigación a las brechas sociales, económicas y ambientales que promueva la permanencia de mujeres y hombres en las zonas rurales, con inversión agropecuaria e incentivos para el cuidado de las cuencas hídricas y bosques fuentes de vida para humanidad, que brindan frescura al ambiente y garantizan la vida, en armonía con la madre naturaleza, como una justa inversión ambiental y productiva para las actuales y futuras generaciones.
9. Fortalecer la participación ciudadana y el liderazgo político de las mujeres. La experiencia en América Latina muestra, por una parte, la importancia de promover la participación activa de las mujeres en la identificación de sus necesidades y en las propuestas para una mejor calidad de vida, como protagonistas en espacios de poder y decisión; y por otra, la necesidad de incentivar y apoyar el fortalecimiento de sus organizaciones y redes sociales, que contribuyan en la identificación de necesidades y propuestas para una mejor calidad de la vida urbana, suburbana y rural. Es fundamental rechazar las diversas formas de violencia, en especial la violencia política, que coarta el derecho y la libertad de las mujeres a ejercer sus derechos y —en caso de su elección a cargos públicos— los de sus electoras o electores, al impedirles una libre acción en los espacios alcanzados. En este proceso, son claves los procesos de promoción de una mayor participación femenina en instancias de poder político, el empoderamiento en torno a los derechos ciudadanos, políticos y electorales, como una alternativa de gestión equitativa en los espacios de poder político y la distribución de recursos en beneficio de mujeres y hombres de lo urbano y lo rural. Resulta necesario, asimismo, la revisión de las legislaciones nacionales y regionales a efecto de promover las reformas oportunas que aseguren este empoderamiento. En esta línea, la Norma Marco para consolidar la democracia paritaria, aprobada por el Parlatino, representa un modelo de democracia en el que la paridad y la igualdad sustantiva encarnan los dos ejes vertebradores del Estado inclusivo y responsable. Por su parte, la movilización ciudadana y comunitaria debe permanecer de pie, con capacidad deliberativa y propositiva en la construcción y fortalecimiento de una ciudadanía que aporte a la generación de una cultura cívica y democrática incluyente y no discriminatoria, para el mejoramiento del espacio territorial de nuestros países que valore lo urbano y lo rural como parte de un todo, capaz de mover la voluntad política de nuestros gobernantes y el diálogo con instituciones públicas, para incidir por una mayor igualdad de género y oportunidades, enmarcadas en las agendas públicas y sociales, que contribuyan al desarrollo armónico de la población, a la paz, la justicia social y la equidad.

DECLARACIÓN FINAL

Por lo expuesto, exhortamos – a los Estados, a cumplir con sus compromisos en materia de derechos humanos de las mujeres – a todas las personas, a la corresponsabilidad y la democracia paritaria fomentando el uso incluyente de la ciudad como espacio público y equitativo; – a los organismos competentes, a que adopten acciones concordantes con la Declaración suscrita, – y a los gobiernos locales, a distinguirse como la institución pública territorializada capaz de diseñar, implementar y renovar planes integrales y participativos, políticas y presupuestos que, desde el enfoque de género, articulen la ciudad y el territorio como un espacio compartido, de conciliación y construcción democrática de una mejor y más justa calidad de vida para todos y todas.

Santiago de Chile, 2016.