Con la interrogante ¿Dónde están? Se interpela directamente al Estado, a la sociedad, que han fallado en proteger la vida de las niñas, adolescentes y mujeres, no se puede analizar como un delito penal ordinario, todo lo contrario, se trata de una forma de violencia de género extrema, en la que se utiliza la ausencia como una herramienta de control, terror y deshumanización de los cuerpos feminizados.
Para entender, la magnitud del problema, solamente en un fin de semana, entre el 20 al 22 de marzo de 2026, en el estado de México, desaparecieron nueve (9) niños, niñas y adolescentes, información que se conoce, porque se lleva un registro de personas desaparecidas.
Pero ¿Qué ocurre en los países en los que no se cuenta con registros? Tiende a ser una realidad invisibilizada, las personas lo consideran como un riesgo lejano, que no les puede afectar, llegando a subestimarlo.
Desde una perspectiva feminista, la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres no es un evento aislado, sino el punto álgido dentro del continuum de violencias, se encuentran estrechamente relacionadas con la explotación sexual, el feminicidio íntimo y la trata, en contraste las desapariciones masculinas suelen estar vinculadas a la criminalidad organizada, el control territorial.
Efectivamente, las desapariciones de niñas, adolescentes tienen conexión contras formas de violencias basadas en género, destacándose:
- Trata y explotación: están vinculadas a redes de captación que operan tanto en entornos físicos, territoriales como digitales.
- Feminicidio (sexual, íntimo, por ocultamiento): La desaparición puede ser la fase posterior a un feminicidio, que busca eliminar la evidencia física del crimen, asegurando la impunidad, pensando que si no existe cuerpo no pueden imputar la comisión de un delito.
En este sentido, Segato (2013) señala que el cuerpo de la mujer se convierte en un “territorio” donde se escriben mensajes de poder, funcionando la desaparición como una estrategia de impunidad, al no haber cuerpo, no hay delito aparente, lo que diluye la responsabilidad de la persona agresora y la capacidad de respuesta del Estado.
En la institucionalidad existen sesgos de género, actitudes sexistas, así como la utilización de estereotipos para justificar la ausencia de la niña, adolescente o mujer, con frases que van desde “se fue con el novio“, “tenía problemas en casa“, retrasando la activación de protocolos críticos como las alertas, el inicio de las investigaciones para la búsqueda y rescate.
Precisamente “La inacción o la respuesta tardía de las autoridades ante una desaparición de mujer no es solo ineficiencia; es una forma de violencia institucional que convalida la agresión” (Lagarde, 2006), contribuyendo a la impunidad e incentivando esta forma de criminalidad.
Al no investigar el Estado, se convierte en cómplice por omisión, permitiendo que la estructura patriarcal se fortalezca a través del miedo, control y sometimiento a las familias. Frente a esto, han sido las madres y las feministas quienes han transformado el dolor en acción política, evidenciando que la justicia se logra con la movilización constante.
Finalmente, se requiere una debida diligencia reforzada con un enfoque de género, que deje de revictimizar a las sobrevivientes, porque no basta con localizar a las niñas, adolescentes y mujeres; es necesario desmantelar las estructuras de poder y las economías criminales que ven en el cuerpo femenino un objeto que se puede mercantilizar, explotar, descartar. La aparición con vida es la prioridad, pero también la justicia y la no repetición, son las únicas garantías de una sociedad realmente democrática.
Referencias bibliográficas
Lagarde, M. (2006). Del femicidio al feminicidio. Desde el Feminismo, (4), 7-12.
Segato, R. L. (2013). La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Tinta Limón.
