Por: Mariela Molero*
Hablamos mucho de que las mujeres deben proteger su vida y la de su familia, que no deben esperar convertirse en una estadística, sin embargo, nadie le dice a esa mujer que tras presentar la denuncia por cualquier forma de violencia será sometida a un verdadero y desafiante calvario procesal, donde una y otra vez será cuestionada, burlada y ofendida, como parte de una dinámica macabra que cuando se vive en primera persona, notamos que falta mucho camino por recorrer.
Iniciando con que no siempre tenemos imposición de medidas y debe la mujer víctima ubicar y costear asistencia legal para poder impulsar su causa ante el Ministerio Público. Tras lograr esas medidas, que coincido con muchos colegas abogados, son simbólicas porque si el agresor la ubica, ese papel que contiene las medidas no detendrá su agresión, es solo eso, un papel, no existe una respuesta inmediata por parte del Estado, y una de las razones es la burocratización al extremo.
Con la imposición de las medidas como parte de las continuas maniobras ese agresor que tiene todo el derecho a una defensa efectiva y al debido proceso, tratará de desvirtuar sus alegatos y de revocar, modificar o sustituir esas medidas impuestas en el órgano policial ordenadas por la fiscalía en materia de protección de la mujer del Ministerio Público. Con este artículo se busca crear empatía porque esa mujer que sí es víctima, sigue sometida a un gran estrés, recorriendo fiscalía, tribunales, oficina de abogados y termina tirando la toalla ante un sistema que lo menos que hace, es fehacientemente proteger a las mujeres y sus familias.
Considero que es el Estado el responsable de muchas desavenencias en el ejercicio de los derechos tutelados, ello va en línea con tener muchas leyes protegiendo derechos y esos derechos chocan entre sí, entonces como proteger un derecho si se viola otro derecho, qué debe pesar más, qué es lo más importante, lo narrado es el viacrucis de muchas mujeres víctimas estigmatizadas como mentirosas, aprovechadas, lloronas, vengativas y puedo seguir con calificativos peyorativos, pero no es la idea.
Si una mujer muere por razones de género, la crítica social es por qué esperó, debió ir a las autoridades. Si va, es mentirosa, denunció para quedarse en la casa y meter su nuevo marido, ¿cierto o falso?
Ahora por qué pensamos así, porque juzgamos sin saber, porque somos tan duros y tan precipitados si no conocemos el problema, creo que una respuesta fiable es que somos una sociedad carente de humanidad.
Tenemos leyes sí, robustas, en realidad algunas no tanto, con operadores de justicia no preparados, sin enfoque de género… muchas veces tenemos personas que toman la denuncia y piensan si es frágil, esta actuando, entre otras cosas.
Son estas algunas de las razones por las cuales las mujeres desisten de un proceso de denuncia de violencia de género, quien me lea y lo ha vivido comprenderá a la perfección el presente artículo: expresiones como no resisto esto, es horrible, quien toma mis escritos me juzga, yo mejor me pierdo, la víctima asume que es una odisea el proceso penal.
Ahora bien, comparto el criterio que debemos tener equipos multidisciplinarios para imponer las medidas y en ese orden tendrá que venir una tercera reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con ello que pudiéramos evitar, injusticias a la hora de imponer las medidas. De haber hijos el propio Ministerio Público tendría conocimiento para abordar el tema de las Instituciones Familiares, en favor de los hijos, con homologación en tribunales y así se descongestionarían los tribunales de mediación y sustanciación de niños, niñas y adolescentes: se garantizaría que durante la vigencia de esas medidas la víctima no sea revictimizada, se evitaría el colapso con las mismas partes, en sede civil y penal, por cuanto estaría activado un muro de contención del propio Estado para la recuperación de la víctima y su familia, al menos mientras estén vigentes las medidas de seguridad y protección.
Es decir, verificando que estamos ante una víctima de violencia de género con un equipo de expertos en diversas áreas, garantizaríamos que ella y su núcleo familiar reciban atención, se diriman problemas presentes y futuros e incluso ese agresor como parte de las medidas pueda recibir tratamiento psicológico en optimización del Estado preventivo, del Estado protector y del Estado garantizador de una vida libre de violencia.
Hay tantos casos en Venezuela actualmente de mujeres perseguidas por denunciar violencia de género, mujeres denunciadas, demandadas, mujeres difamadas, mujeres que están luchando solas para salir adelante con sus hijos sin manutención del padre, familias discriminando a esa infancia por su madre haber denunciado y apoyando al hombre agresor, y mientras se desarrolla todo eso, se pierde la vida, se toman posiciones transcendentales, se sufre, pero también se crece.
Somos ligeros para señalar, somos veloces para criticar, pero todos tenemos mujeres en nuestras familias que ojalá no tengamos que decirles no denuncies porque nadie te va a creer.
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Mariela Molero es una profesional del Derecho del Estado Bolívar en Venezuela. Graduada en el año 2006 de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, con la mención honorífica Magna Cum Laude. Es Magíster en Ciencias Jurídicas Militares de la UNEFAB, egresada en el año 2010, con la posición académica número 1. Actualmente defensora de derechos humanos en la zona Oriente Sur de Venezuela, dirige su propio proyecto llamado la CÁPSULA LEGAL DE LA DRA. MARIELA MOLERO. Consultora legal de la Asociación Civil Kapé Kapé, organización de asistencia humanitaria, promoción y defensa de los pueblos originarios de Venezuela. Especialista en litigio estratégico en derechos humanos, justicia transicional y sistema interamericano de derechos humanos. Cuenta con un diplomado en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Docente universitaria de postgrado en la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. Conferencista nacional e internacional. Autora de numerosos artículos jurídicos para revistas nacionales,. Productora nacional independiente alternativa de medios de comunicación, digitales y alternativos, número 1.166 de «Cápsula Legal» a nivel nacional e internacional. Ella ha sabido posicionarse en el ámbito nacional con su producto mediante las redes sociales y la radio venezolana contando con alta sintonía y promoviendo una cultura de legalidad, honrando el lema de la Cápsula Legal: «La Venezuela que se prepara es, la Venezuela que se levanta».
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