Todas las personas que son apresadas por su actividad política nos duelen. Que se encarcele gente por pensar, disentir, opinar o expresarse, es un atentado a uno de los derechos que mejor se asocia al significado pleno de la humanidad. Veo con pesar como en la actualidad, según el Country Reports on Human Rights Practice “hay más de un millón de presos políticos encarcelados en más de 65 países”.
Gente experta en la materia prefiere llamarles “presos de conciencia”, para enfatizar el hecho de que, si bien no han quebrantado ninguna norma o ley legítima y razonable, se les priva de libertad por la incomodidad que simbolizan para regímenes autoritarios. Cada vez se amplía más el espectro de quienes representan amenazas para los gobiernos: es habitual que, aparte de líderes políticos, sean apresados periodistas, estudiantes, defensores y defensoras de derechos humanos, militantes sindicales o simples personas que intentan ejercer la ciudadanía, expresan públicamente sus desacuerdos o participan de protestas públicas.
Las consecuencias del encierro las vive la persona indiciada que tiene que soportar condiciones muy duras de aislamiento y desconexión de su vida normal, pero también se ve afectada toda la comunidad, por el efecto ejemplarizante que persiguen estas acciones para controlar y doblegar a la gente. Nadie sale ileso de un problema como éste.
Pero hoy quiero hablar de las presas en general y políticas en particular, que a mí me duelen de una manera especial, básicamente porque a una fuente de discriminación conocida -ser mujer- a las que ya se unían seguramente otras –nivel social, color de piel, edad, aspecto físico…- se le suman las derivadas de la persecución, tortura y humillación a las que son sometidas antes, durante y después de la experiencia carcelaria. Además, estamos en las conmemoraciones típicas de cada 8 de marzo, día de las mujeres y sus derechos. Bien vale la fecha para abogar por las que lo están llevando peor.
Impacto diferenciado
Las mujeres se enfrentan a riesgos adicionales y específicos cuando son ellas la que ejercen derechos políticos y como consecuencia de ello resultan apresadas. El tipo de violencia que reciben tiene marcas características vinculadas a su condición de mujer: el tipo de abusos físicos y verbales por parte de custodios u otras presas se agudizan en torno a su cuerpo, se dificulta su acceso a productos de salud menstrual; si está embarazada podría exponerse gravemente a riesgo su salud y la del feto, en ocasiones las agresiones sexuales que recibe conducen a embarazos no deseados o contacto con enfermedades de transmisión sexual, abortos inducidos o espontáneos, sufren violencia obstétrica al momento de un parto, no es extraño que sean separadas de sus criaturas, se dificulta el amamantamiento…
Si ya son madres al momento de su detención, su rol tradicional de cuidadoras y la situación frecuente de hacer su trabajo de crianza sin apoyo masculino, expone a su familia a riesgos y costos más graves, con la consecuente angustia emocional al tener que enfrentar su detención con esa carga adicional, la mayoría de las veces sin la atención mediática de quienes cuentan con bufetes de abogados y otros recursos.
Si hablamos de mujeres que tienen un familiar en prisión, por los estereotipados roles de género, deben lidiar con el cuidado de la familia y el hogar en ausencia del preso político, asumir en ocasiones el rol de proveedoras si la persona apresada traía ingresos al hogar, al mismo tiempo que se enfrenta la empinada cuesta de penurias derivadas del apoyo al encarcelado, las difíciles gestiones para intentar visitarlo, alimentarlo, procurarle medicamentos, defenderlo jurídicamente, muchas veces bajo la presión social y judicial sobre sí misma, con una gran carga de indefensión, precariedad económica y el conjunto de estigmas y presiones sociales vinculados a esta vivencia.
La Comisión para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (CEDAW) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establecen medidas dirigidas a proteger a mujeres en situación de privación de libertad e instan a las autoridades a respetar esos derechos y no hacer nada que agrave aún más su situación, sobre todo para quienes están detenidas por motivos políticos. Muchas organizaciones, sobre todo las no gubernamentales, tienen como misión trabajar por reestablecer estos derechos y hacer que las instituciones responsables recuperen sus capacidades para reconocerlos y defenderlos, porque en la práctica no se cumplen.
El patriarcado es también una cárcel.
Una sociedad patriarcal se sustenta y cobra fuerza en antivalores como la opresión, la apropiación inmerecida de los recursos, el autoritarismo, la interacción violenta, la búsqueda del poder sin propósito de bien común y sin importar sus costos, el control maquiavélico al servicio de intereses espurios, la dominación, las jerarquías sociales a partir de estos poderes y dominios, la reducción social y hasta la eliminación de quiénes se opongan a sus estructuras y reglas. Es propio de un sistema machista, discriminatorio, centrado en el castigo, generador de una cultura de la desconfianza, el uso de la fuerza como herramienta de gestión, especialmente contra las mujeres.
Es una cultura que hemos aprendido y en la que hemos sido educadas todas las personas, mujeres y hombres, basada en ideas construidas desde el pensamiento único, articuladas para imponer una sola verdad, alineada a los intereses del poderoso como forma usual de respuesta que pretende circunscribir a lo más privado cualquier divergencia desde la inevitable diversidad de la gente y sus relaciones.
Las cárceles y los centros en los que se practican torturas son inventos profundamente masculinos, así como el ejercicio violento del poder y las guerras, en las que las niñas y mujeres formamos parte del botín para los triunfadores y, por lo tanto, siempre seremos perdedoras desde ellas, no importa la crisis de que se trate. Este modelo está colapsando nuestra civilización, solo trae angustia y sufrimiento para la mayoría de la población, fuera del círculo de quienes viven de los privilegios que otorga el poder, a veces ni siquiera para ellas dentro de esos círculos. Por eso valoro también los esfuerzos que muchas mujeres están haciendo al participar de los mecanismos de construcción de paz que hacen el debido contrapeso a esa mirada patriarcal.
Mujeres libres
Nosotras queremos construir una sociedad mucho más democrática y feminista, donde pensar no sea un crimen y ejercer nuestros derechos políticos esenciales no implique un sacrificio heroico. Queremos derribar el andamiaje patriarcal que nos tiene presas a todas, echar abajo los barrotes de la misoginia y erradicar el castigo a la disidencia como mecanismo de opresión a las mujeres.
Queremos vivir en una sociedad basada en valores que superen el patriarcado con más cooperación, más simetría, más aprovechamiento de la diversidad y la innovación, respeto a las diferencias, libertad de expresión, estímulos a la socialización pacífica y la creatividad, con la participación plena de mujeres y hombres en igualdad de condiciones para la toma conjunta de las decisiones que más impactan la vida pública en todos sus ámbitos.
Las presas políticas simbolizan uno de los peores castigos que pueden recibirse por hacer justamente lo que la gesta feminista quiere garantizar a todas: usar la palabra y la libre expresión de pensamiento como fuente de poder. A ellas las reprimen por hacer uso público y político de ese derecho.
De las muchas conquistas pendientes, este 8 marzo 2024, no olvidemos a aquellas que en este momento, dentro y fuera de la cárcel, están siendo víctimas de injusto trato y violencia, impedidas de hacer vida normal por pensar por cuenta propia y tener conciencia crítica. No aceptemos acostumbrarnos a que esto siga pasando. ¡Libertad para todas las presas políticas en el mundo!