Escribo este artículo, mientras escucho a una mujer llorar. Durante una transmisión en vivo de CNN, que muestra las reacciones a la derogación del derecho constitucional del aborto en EEUU, la cámara enfoca a una manifestante. Es joven, mi edad o unos años menos, lleva una bandera del país entre las manos y llora. El periodista se acerca, el lente capta su rostro angustiado e hinchado por las emociones. Ella mira al frente y la veo temblar de miedo, furia o quizás, solo frustración. Cuando aumento el volumen del televisor, el sonido de su miedo es muy claro y cercano. Tan real, que siento un tirón de inmediata angustia y necesidad de protegerla, a pesar de la distancia. Porque ambas estamos en medio de este horror ciego, de esta sensación
Hoy, 24 de junio del 2022, es un día negro para la historia de los derechos civiles en el mundo. El Tribunal Supremo del país más poderoso de occidente y que, durante décadas, se arrogó el liderazgo en la defensa de las libertades individuales, cercenó el ámbito legal de aproximadamente 35 millones de personas en su territorio. Pero, también, sacudió las bases del reconocimiento de la individualidad legal y sus consecuencias alrededor del mundo. Hoy, la institución más respetada del sistema legal estadounidense, abrió las puertas para el prejuicio, la violencia y el ataque a las decisiones privadas de un considerable número de sus ciudadanos. Y a su vez, dejó claro que el mundo, a partir de hoy, es un poco más peligroso para todos. Un poco más retrógrado, violento, agresivo, delimitado por un tipo de control sobre el cuerpo y los derechos personalísimos que resulta casi inquietante en todas sus implicaciones.
El aborto es una palabra dolorosa. O al menos, esa es su connotación inmediata. Hay un juicio moral inmediato, una interpretación sobre lo que sugiere que involucra y de manera directa, una serie de pareceres éticos y morales que aparentemente, no admiten ningún tipo de excepción o justificación. Para buena parte de la sociedad occidental, la palabra “aborto” remite a un crimen inquietante, a una decisión inadmisible que cuestiona incluso la identidad de la mujer, mucho más aún su rol social. Para una mujer, el aborto no debería ser una opción y su la mera discusión de la posibilidad se plantea como una situación ética confusa, turbia y la mayoría de las veces inadmisible. Para la gran mayoría de las personas, el aborto no es una visión sobre la sexualidad y los derechos reproductivos femeninos, sino un concepto moral sin réplica alguna, mucho menos un matiz que permita una visión menos absoluta del término.
La derogación del derecho al aborto, convierte a los espacios de poder en un espacio que lesiona las libertades de millones de ciudadanos. Pero más aún, le convierte en un sujeto de derecho menospreciado y discriminado de manera directa. EEUU se une a la larga lista de países, que convierten la capacidad reproductiva en un bien público. También, en un espacio complicado el que se analiza desde la condición de su utilidad. Un hecho subjetivo y relacionado con la condición de la creencia moral del momento en que la vida es un hecho, que lesiona las consideraciones prácticas de las ideas sobre la identidad.
Resulta inquietante que las leyes de un considerable número de países — y ahora, uno de los más poderosos del mundo — continúan analizando el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo de la misma manera. Mujeres violadas, gestando como consecuencia de relaciones abusivas e incluso incestuosas, deben luchar contra un entramado legal que asume y analiza la capacidad reproductora de la mujer como un hecho biológico que no le pertenece y donde no tiene capacidad de decisión, lo cual resulta no solo una amenaza a su integridad y salud sino también, un atentado contra sus derechos reproductivos. No obstante, la presión ética, y en la mayoría de las ocasiones religiosa, continúa siendo un elemento insuperable en el debate del aborto como una necesidad médica y una prerrogativa única de la mujer.
En Latinoamérica, el tema es aún más difícil de abordar: el aborto se considera un tabú con tantas implicaciones que la mera mención de la palabra invalida cualquier argumentación al respecto. La mayoría de las legislaciones del hemisferio continúan castigando de forma muy severa el aborto y condenado cualquier discusión legal respecto a una incómoda perspectiva más relacionada con principios éticos que a una perspectiva legal y crítica sobre el asunto. El año pasado fue noticia el hecho de que la ley paraguaya no permitiera el aborto terapéutico de una niña de once años, embarazada luego de ser violada por su padre. La legislación del país solo permite el aborto en caso de que haya peligro de muerte para la madre y bajo estricta recomendación médica, por lo que el caso de la niña — pesar de su edad y de las circunstancias de la concepción del bebé — fue rechazado de inmediato. Las peticiones de la madre y grupos humanitarios alrededor del mundo, la niña dio a luz el 13 de agosto del 2015, a pesar del riesgo que el embarazo y el parto pudieron suponer para su salud mental y física.
En nuestra región la cultura condena a priori a la mujer por el mero hecho de considerar el aborto como una posibilidad: para la mayoría de nuestros países, hay un juicio moral inmediato que no admite excepción o justificación. Para buena parte de Latinoamérica, la palabra “aborto” remite a una decisión inadmisible que cuestiona incluso la identidad de la mujer, mucho más aún su rol social. Resulta inquietante que en ese debate la mujer parezca tan infravalorada y vulnerable de cara al debate legal y moral, a las aseveraciones éticas y la presión religiosa. Una víctima que no sólo debe enfrentar las secuelas físicas y morales de cualquiera de las causas que le hace tomar la decisión del aborto, sino también a una sociedad que mira la maternidad y la capacidad para procrear como un atributo independiente a la mujer, a su espiritualidad e incluso a su poder de decisión individual.
Se trata además de una percepción que rechaza el hecho de que el aborto es un derecho de elección que pertenece por completo a la mujer. O esa debería ser la opción más evidente. No obstante, no lo es: la ley infantiliza el rol y la identidad femenina y lo hace, insistiendo en la presunción que la mujer debe ser tutelada y, además, no tiene la capacidad intelectual y moral suficiente como para tomar una decisión específica sobre su cuerpo y las implicaciones de la maternidad tiene sobre su futuro. La mayoría de las discusiones sobre el aborto no incluyen aspectos de vital importancia como la salud biológica y mental de la mujer y las consecuencias inmediatas que puede sufrir durante un proceso de gestación no deseado. La diatriba casi siempre suele insistir en el juicio de valor inconcluso y religioso que toma la decisión incluso antes del análisis. La capacidad de concepción convertida en una lucha de la sociedad contra la interpretación cultural que usa el cuerpo de la mujer como escenario.
Por ese motivo, el debate sobre la protección de la vida y la reflexión ética con respecto al aborto pocas veces parece incluir a la Madre. ¿Cómo puede debatirse e incluso tomar decisiones que involucren la vida del feto sin tomar en consideración qué pueda ocurrir con la madre que lo lleva en el vientre? ¿Hasta qué punto el debate antepone un análisis moral a una visión sensible sobre la condición de la mujer? La respuesta a ambas preguntas desconcierta, pero, sobre todo, preocupa. ¿Quién tiene el derecho a decidir sobre la capacidad de reproducción femenina? ¿Pierde la mujer los derechos básicos sobre su cuerpo una vez que se embaraza? ¿Por qué pocas veces las legislaciones protegen de la misma manera al feto y a la mujer?
Se trata de una serie de cuestionamientos que ponen en tela de juicio la percepción sobre la capacidad reproductiva que se tiene en buena parte de Occidente. La estadística que indica que en el 85 % de los países del Mundo, el aborto es considerado no sólo un delito penal, sino que condena a la madre a penas mayores de diez años de prisión en caso de cometerlo. No obstante, al revisar el porcentaje en protección de madres en riesgo, los números muestran una realidad descarnada: solo el 25 % de los países poseen leyes que brindan seguridad social y económica a mujeres con embarazos no deseados. Tampoco es menos preocupante la perspectiva sobre las cifras que muestran un panorama para la mujer poco menos que agresivo: en el 56 % de los países, las violaciones tienen penas inferiores a 15 años y los reos disfrutan de beneficios de libertad condicional al quinto año. En el 67 % de los países occidentales no existe un órgano de protección que asegure la salud mental y física de las víctimas de violación. Sin embargo, el 68% tienen castigos punitivos a cualquier mujer que se practique el aborto, incluso en situaciones que pongan en riesgo su salud física y mental.
Nuestro país no es una excepción, a pesar de las pretendidas reivindicaciones sociales que la mujer disfruta en nuestra sociedad. En la 69° Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se solicitó a Venezuela la revisión y modificación de la ley del aborto, en beneficio de la mujer y en prevención al aumento de los índices de mortalidad de mujeres que, según los expertos de la organización, se encuentran entre los más altos de la región. La petición solicitaba de manera formal excepciones adicionales como la posibilidad de interrupción del embarazo producto de la violación e incesto. El texto completo (que puede leerse junto a un pormenorizado análisis de la Doctora Esther Pineda en este enlace) insiste además en el hecho de que las leyes sobre el aborto minimizan las consecuencias que puede tener su carácter restrictivo:
“El Comité está profundamente preocupado por que Venezuela tenga uno de los índices más altos de la región de embarazos de adolescentes y que muchos de ellos acaben en muerte materna”. El informe insiste además en que el organismo “está preocupado por la falta de acceso a procedimientos de aborto seguro a causa de la restrictiva ley y la carencia de información sobre el impacto de los programas para reducir estos embarazos”. No obstante, a pesar de los precisos argumentos de la solicitud, la petición se ignoró, como ha ocurrido en múltiples oportunidades en el pasado.
Sin duda la discusión sobre el aborto en continúa en medio de debates prejuiciados sobre las razones morales que pueden empujar a una mujer llevar a cabo una decisión extrema como el aborto en contraposición a la necesidad inmediata de protegerla. Eso, a pesar de las dolorosas historias sobre mutilaciones, maltratos por mala praxis médica o fallecimientos debido a brutales procedimientos ginecológicos médicos, la mujer venezolana debe someterse a dictámenes legales influenciados por un machismo secular de una sociedad patriarcal. A pesar que el aborto es una decisión íntima, privada y que no debería depender de ninguna opinión moral ajena a la de la madre. O ese debería ser el caso. Lamentablemente no lo es. El mundo continúa reflexionando sobre el aborto como una variedad de opiniones morales que pocas veces favorecen a la víctima silenciosa de un delito sin rostro: la mujer.
***
Foto: Cadena Ser