En el Foro Mundial de Educación celebrado en 2019, la UNESCO confirmaba con datos regionales y mundiales de 144 países, la gravedad del problema de la violencia escolar o bullying a través del reporte titulado “Detrás de los números: Poner fin a la violencia y el acoso escolares”. Según este informe “casi uno de cada tres estudiantes había sido intimidado por sus compañeros en la escuela al menos una vez en el último mes y una proporción similar se vio afectada por la violencia física”. Estos datos han sido corroborados por otras agencias de cooperación internacional dando cifras que les permiten concluir que en la mayoría de los países los estudiantes sufren violencia, acoso escolar y discriminación. Una cifra desgarradora: 246 millones de niños sufren cada año violencia de género en las escuelas o sus alrededores.
La violencia tiene graves consecuencias para la salud y el bienestar de niñas y niños, sus familias, el ambiente escolar y sus comunidades. Está bien documentado el efecto negativo que el acoso tiene en la salud mental y el rendimiento académico. El bullying genera ausentismo, pobres resultados educativos y abandono escolar. Otras consecuencias perniciosas de la violencia sexual son los embarazos adolescentes, infecciones y enfermedades de transmisión sexual como el VIH y SIDA. También se ha relacionado con suicidios y homicidios, alcoholismo y adicción a otras drogas, problemas graves de salud sexual y reproductiva, lo cual incrementa las posibilidades de desempleo y pobreza.
Las niñas sufren más de acoso escolar
Dentro de este preocupante panorama y para entender mejor la dinámica que subyace al fenómeno de la violencia, es preciso analizarlo con enfoque de género, porque en el ámbito escolar se replica el mismo patrón de dominio, control y violencia asociada a estereotipos masculinos que se vive en la calle, en la familia y en cualquier organización social patriarcal. Por ello, en múltiples investigaciones se detecta mayor frecuencia de acoso y victimización en niñas más que en varones, quienes muestran un riesgo superior de intolerancia hacia las chicas y una mayor propensión a la fuerte presión grupal por imponerse y mostrar poder y fuerza.
La violencia escolar por razones de género (School related gender based violence– SRGBV por sus siglas en inglés) es un fenómeno que afecta a millones de niños de ambos sexos. Esta violencia implica maltrato sexual, físico o psicológico dentro y alrededor de las escuelas cometido contra quienes no se ajustan a las normas sexuales y de género predominantes, y tiene su origen en la dinámica de relaciones desiguales de poder: “Esta modalidad de violencia es perpetrada por los diferentes actores insertos en el ámbito educativo, así como aquellos que se ubican en el contexto inmediato al entorno escolar y está basada en la discriminación, las relaciones de poder desigual entre mujeres y hombres, en los estereotipos de género y en patrones culturales basados en el control, dominio, sumisión y devaluación de las mujeres”.
La directora de la Iniciativa de las Naciones Unidas para la Educación de las Niñas (UNGEI) Nora Fyles, pide que se tomen medidas urgentes para combatir la violencia de género relacionada con la escuela señalando que: “Durante los 25 años que han transcurrido desde que se adoptara la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing sobre el empoderamiento de la mujer, las actividades y el interés por acabar con la violencia de género han ido en aumento, pero la violencia de género en las aulas y en sus alrededores ha pasado mayormente desapercibida”. El ámbito escolar no escapa a la realidad de la violencia perpetrada en contra de las mujeres.
Así lo documenta la Organización Panamericana de la Salud (OPS): en el mundo, unos 150 millones de niñas y 73 millones de niños han sufrido violencia sexual. Casi la mitad de las agresiones sexuales en el mundo se cometen contra niñas menores de 16 años. Un 28% de las niñas nunca se siente segura en el camino al colegio, y una de cada cuatro niñas nunca se siente cómoda usando los baños de las escuelas.
Se ha encontrado que el acoso físico es más común entre los niños, mientras que el psicológico es más frecuente entre las niñas, siendo la apariencia física la causa más común de intimidación, seguida por la etnia, la nacionalidad y el color de la piel. Las niñas con discapacidades, refugiadas y lesbianas, experimentan con frecuencia altos niveles de violencia y acoso escolar.
Violación, abuso sexual, explotación sexual, trato negligente u omisión por parte de los pares, de las autoridades educativas o el personal docente y el castigo corporal, son formas habituales como la violencia basada en género se vive en muchos planteles educativos, recibiendo poca atención debido a las actitudes discriminatorias y perjudiciales prevalecientes que perpetúan el silencio y la impunidad. Según la organización Human Rights Watch (HRW), muchas niñas admitieron que no denunciaron los casos de violencia sexual porque los funcionarios escolares no les creen, especialmente cuando los responsables son maestros.
Ciberacoso y género
La educación a distancia y en línea, como opción de emergencia ante la pandemia por Covid19, trajo beneficios, pero al mismo tiempo nuevos retos en este terreno de la protección infantil. Prueba de ello es que el 60% de las niñas y adolescentes de todo el mundo han vivido alguna experiencia de acoso y discriminación en línea, de acuerdo con el informe ‘(In)seguras online: experiencias de las niñas y las jóvenes en torno al acoso online’, elaborado por la ONG Plan International.
Recepción de mensajes explícitos, imágenes con contenido sexual, amenazas de violencia, comentarios racistas y anti-LGTBI, humillaciones o ataques por su aspecto físico, son las agresiones que reporta el documento. La más habitual son los insultos y el lenguaje ofensivo, que el 77% de las encuestadas dice haber recibido “muy frecuentemente”; les siguen las humillaciones públicas y los ataques relacionados con su físico (64%), la intimidación (61%) y el acoso sexual (58%).
Siendo que el entorno online es ya parte habitual de la vida de esta y las nuevas generaciones en el ámbito educativo y en vista de estos resultados, la ONG pide a los gobiernos de todo el mundo una legislación específica para luchar contra la violencia online por motivos de género que garantice a las víctimas el acceso a la justicia. Por otro lado, es preciso desde la sociedad civil idear y conducir campañas sobre ciudadanía digital con el objeto de sensibilizar sobre los riesgos a los que se enfrentan la infancia y la adolescencia en Internet, especialmente las niñas.
Qué hacer
Muchos gobiernos todavía no legislan en torno a esta forma de violencia ni tienen mecanismos para proteger a su alumnado contra la violencia sexual, el acoso escolar y la violencia en el ámbito educativo. Igualmente, muchas escuelas carecen de medidas de protección específicas para garantizar la seguridad de los niños más vulnerables, entre ellos, las niñas. Contar con un sólido marco jurídico y normativo que aborde la violencia contra las niñas y mujeres y en las escuelas, es fundamental para hacer frente a este problema.
En Venezuela, la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente en su artículo 32 establece que “El estado, las familias y la sociedad deben proteger a todos los niños, niñas y adolescentes contra cualquier forma de explotación, maltrato, torturas, abusos o negligencias que afecten su integridad personal. El Estado debe garantizar programas gratuitos de asistencia y atención integral a los niños, niñas y adolescentes que hayan sufrido lesiones a su integridad personal”. Esto quiere decir que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al buen trato y que el Estado aboga por una educación no violenta, con sanciones penales para quien incurra en tortura, trato cruel o maltrato (en sus Artículos 253 y 254). Contar con este Ley es positivo por la plataforma que brinda, pero como vemos no es sensible al tema del género, invisibilizando la realidad que hemos venido describiendo.
También es necesario promover políticas inclusivas de acceso a Internet y asegurar la igualdad de género en los espacios online. “Los gobiernos deberían intensificar urgentemente sus esfuerzos por garantizar la seguridad de los estudiantes en las escuelas y en los espacios en línea”, dijo HRW el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el Ciberacoso. Asimismo, deben investigar más a fondo lo que ocurre en las escuelas, proporcionando data completa para diseñar políticas públicas dirigidas a corregir esta situación.
En los países subdesarrollados la educación sexual es inexistente o la que se imparte es de baja calidad, con maestros y orientadores desinformados, sin herramientas conceptuales o psicológicas que les permitan entender la problemática estructural de la violencia, sin formación feminista que les dé una perspectiva diferente a sus intervenciones ni brinden la protección infantil en tan delicada materia. Por ello la capacitación de docentes para prevenir y atender casos de violencia escolar es una de las primera acciones que se debe emprender.
Ante casos de niñas abusadas, las escuelas deben contar con programas específicos de ayuda en materia de salud y protección, anticoncepción de emergencia y servicios de salud mental y emocional que se centren en recuperar la confianza y les permita mantenerse en el medio educativo con pleno respeto y garantía de cumplimiento de sus derechos básicos.
A pesar de estas desalentadoras estadísticas, hay experiencias puntuales que han demostrado eficacia en la reducción o mantenimiento de una baja prevalencia de la violencia y el acoso escolar. Entre ellas están el compromiso desde el más alto nivel para promover un clima escolar y un entorno de aula seguro y positivo, sistemas eficaces de denuncia y seguimiento de la violencia y el acoso escolares, formación y apoyo a los docentes, respaldo y orientación de los alumnos afectados, empoderamiento para las niñas y adolescentes para que conozcan sus derechos.
La escuela es el espacio idóneo para transformar culturas violentas y patriarcales de relacionamiento social en mecanismos más inclusivos, pacíficos y armónicos entre todos los actores del sistema educativo. Con medidas de intervención integral como las que se proponen aquí, entre la escuela, la familia y el Estado, es posible entender que la violencia de género escolar es una violación de los derechos humanos y del derecho a la educación, y limita la participación y el acceso de las niñas a un futuro seguro y de calidad. Por ello debe ser erradicada con firmeza y determinación.