Con la libertad de María Lourdes Afiuni, llega a su fin uno de los más tortuosos procesos en la historia política venezolana. Pero también, un territorio oscuro en que el cuerpo de las mujeres se convierte en un espacio de violencia política. Una combinación de factores que hace al caso de la funcionaria, una visión directa sobre el abuso de poder a niveles que todavía sorprenden por su violencia misógina.
Cuando comencé a escribir sobre feminismo, en 2009, la jueza Afiuni se convirtió súbitamente en un símbolo de las atrocidades del poder, en su intento por convertir a determinados funcionarios en advertencias muy claras sobre lo que podía ocurrir de contravenir o solo señalar, los vicios legales y la violencia que rodeaba a su caso. Ya en esa época, me pregunté cómo escribir de un caso semejante, sin sentir miedo, sin atenerme a la censura, sin hacerme preguntas sobre qué podía significar para mí el abordar todo el terrorífico proceso de la jueza. Recuerdo el miedo que sentí, la angustia que me superó y después, la sensación que todas las mujeres con opinión política en Venezuela, estábamos en peligro por la misma razón: el estado nos miraba con demasiada atención.
Por curioso que parezca, ahora me hago las mismas preguntas sobre escribo de nuevo sobre la jueza Afiuni, sobre su libertad y los horrores a los que fue sometida. ¿No ha cambiado nada en Venezuela desde entonces? Por supuesto, hace 17 años, gran parte de la nueva generación de feministas en Venezuela todavía se encontraba en formación. O en cualquier caso, en proceso de crecimiento y de encontrar la madurez política. Por lo que es probable que el caso de María Lourdes Afiuni sea analizado en la actualidad desde dos puntos de vista distintos y ambos, demoledores. Por un lado, como una de las historias más complejas sobre violencia sistemática contra una funcionaria pública enfrentada al poder. Por el otro, el símbolo de una serie de vicios complicados y cada vez más duros de sobrellevar, que convirtió al aparato legal venezolano en un espacio represivo y en constante cuestionamiento. Cualquiera que sea el punto de vista, lo cierto es que todo lo relacionado con la tristemente célebre jueza Afiuni, es una combinación entre la censura, el castigo del totalitarismo y un relato de horror que atraviesa casi dos décadas de desatinos, violencia institucional e injusticia.
Claro está, la historia de María Lourdes Afiuni no puede leerse únicamente como el expediente de una jueza perseguida por una decisión judicial. Su caso permite explorar algo más profundo: la manera en que un Estado puede utilizar la ley, la prisión y la violencia corporal para disciplinar a una mujer que ha dejado de obedecer al poder político. El 10 de diciembre de 2009, desde el Tribunal 31 de Control de Caracas, Afiuni ordenó la libertad bajo fianza del banquero Eligio Cedeño, quien llevaba casi tres años en prisión preventiva sin juicio. La decisión respondía a los límites legales de la detención y a una recomendación del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria. Cedeño abandonó el tribunal y, poco después, Afiuni fue detenida por agentes de inteligencia. La ONU consideró posteriormente que aquella privación de libertad constituía una represalia. Pero, obviamente, pronto quedó claro que la sanción no se dirigió solamente contra una funcionaria. Lo hizo contra una mujer que había ejercido autoridad sin someterla a la voluntad presidencial.
Al día siguiente de la decisión, Hugo Chávez intervino públicamente para condenar a la jueza. La llamó «bandida» y exigió una pena de treinta años de prisión, convirtiendo una controversia jurídica en un espectáculo de poder. La escena revela una característica esencial de los sistemas políticos de corte personalista como el que encabezó Hugo Chávez y, mucho más, el intervencionismo entre poderes que definió todo el caso de la jueza Afiuni: La independencia judicial deja de ser una garantía y se convierte en una amenaza; la ley puede transformarse en un instrumento de obediencia.
De modo que el caso Afiuni adquirió una dimensión ejemplarizante. No bastaba con detenerla; había que exhibir el castigo. Mucho peor, en un gobierno que secuestró la causa del feminismo y que la tergiversó como un panfleto ideológico, las mujeres que ocupan espacios de autoridad suelen ser juzgadas también por transgredir expectativas de género: se espera de ellas docilidad, prudencia, silencio y capacidad para aceptar jerarquías. Una jueza que decide contra el poder deja de ser presentada como funcionaria y empieza a ser construida como enemiga. El lenguaje empleado contra Afiuni no fue accidental. La descalificación pública antecedió a una maquinaria institucional que terminó restringiendo su libertad, su profesión y su capacidad de participar plenamente en la vida pública. La violencia política comenzó, por tanto, antes de la violencia física: comenzó cuando el poder decidió convertirla en un ejemplo.
Un horror construido para demostrar el poder del Estado
La dimensión más brutal del caso aparece cuando el castigo abandona el expediente y entra en el controvertido espacio del castigo como forma de demostrar los límites violentos del poder del Estado. Afiuni permaneció catorce meses recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, en un espacio donde convivió con mujeres condenadas por delitos que ella misma había juzgado. Durante ese período denunció malos tratos y agresiones, y posteriormente hizo públicas acusaciones de violencia sexual cometida durante su encarcelamiento. Naciones Unidas registró las alegaciones de agresiones sexuales y cuestionó que fueran investigadas diligentemente. Por supuesto, lo anterior solo llevó a una conclusión obvia y terrorífica: la violencia sexual no puede interpretarse como un episodio separado de la persecución política.
En el caso de la jueza Afiuni, su caso se convirtió en un límite angustioso y temible sobre cómo el cuerpo de las mujeres puede volverse un terreno en que el poder puede expresar la violencia como una forma de amenaza al colectivo. Afiuni no solamente fue violada y abusada bajo custodia del gobierno, como una clara señal de advertencia sobre cualquier acto de rebeldía y desacato al poder. También fue sometida al escarnio público de que su caso fuera convertido en un debate sobre lo abrasivo de la actuación del Estado, por lo que además fue revictimizada al convertirse en símbolo de lucha por el mero hecho de ser agredida. Lo que es más complicado todavía, Afiuni como víctima, debió padecer el habitual debate sobre su supuesta culpabilidad en medio de una situación que la supera, la arrasó y destrozó cada aspecto de su vida. Una visión acerca de cómo su caso es mucho más que solo política.
La historia sigue y aterroriza
Lo que sigue, es un tortuoso camino hacia la libertad, que nunca fue pleno, justo ni tampoco, protegió a la jueza Afiuni de los excesos violentos de la ley que la condenó en primer lugar. El traslado a arresto domiciliario en febrero de 2011 no significó el regreso a la libertad, sino una modificación de la arquitectura del encierro. Durante años no pudo salir del país, ejercer plenamente su profesión, comunicarse libremente con los medios o utilizar sin limitaciones derechos civiles fundamentales. La prisión dejó entonces de ser exclusivamente una habitación cerrada: se convirtió en una red administrativa capaz de acompañarla fuera de los muros penitenciarios.
Esta continuidad resulta especialmente importante para comprender lo que podría denominarse violencia constitucional: no porque la Constitución venezolana autorice semejante trato, sino porque instituciones encargadas de proteger derechos pueden ser utilizadas, deformadas o vaciadas de contenido hasta convertir las garantías constitucionales en mecanismos de control. En el caso de una mujer, esa violencia institucional adquiere además una dimensión corporal: limita dónde puede desplazarse, qué puede decir, qué puede hacer profesionalmente y hasta qué punto puede disponer de su propia vida. Un mensaje tenía un objetivo implícito: cualquier funcionario que intentara ejercer autonomía podía terminar convertido en objeto de persecución. Afiuni fue, de ese modo, castigada dos veces: primero por su decisión judicial y después por haber demostrado que una mujer podía ocupar un lugar institucional desde el cual desafiar al poder.
El cuerpo de Afiuni fue encarcelado, agredido, enfermado, vigilado y administrado por decisiones políticas y judiciales durante años. Su historia demuestra que la crueldad política no siempre necesita declarar la guerra contra una ciudadanía entera; puede concentrarse sobre un cuerpo para producir miedo en miles. La libertad plena de 2026 termina formalmente su expediente, pero no clausura su significado. Afiuni permanece como evidencia de que cuando la independencia judicial es castigada, también se castiga el derecho de las mujeres a ejercer autoridad para luego convertirse en víctimas de un sistema legal violento, abusivo y misógino. El mensaje más aterrador que el caso deja a su paso.
