Por: Carolina Hernández León.
Muchas mujeres no llegamos a los juzgados familiares o fiscalías buscando “ganar” una batalla contra el padre de nuestros hijos, llegamos intentando sobrevivir a una violencia que durante años y generaciones ha sido minimizada, normalizada o invisibilizada dentro del hogar. Y cuando finalmente nos separamos, descubrimos que el verdadero problema no termina con el divorcio: apenas comienza otra forma de violencia, ahora sostenida por estructuras y procesos institucionales que nos exigen demostrar una y otra vez que la violencia es real y en este sentido, el gaslighting institucional toma cuerpo para desacreditar de plano todo el peligro y el riesgo si existen para las mujeres y nuestros hijos: violencia vicaria y violencia institucional.
Si un hombre es peligroso, abusivo o violento como esposo, ¿por qué recae sobre la mujer la responsabilidad absoluta de impedir que su violencia alcance a los hijos? ¿Por qué somos las mujeres y madres quienes debemos cargar estoicas con la culpa, el desgaste emocional, económico y judicial por intentar proteger los derechos de la infancia? No de nuestra «elección» de darles un padre abusivo y violento quien anticipadamente puede abandonarlos económicamente o sustraerlos, más bien es protegerlos y defendernos al mismo tiempo. Esta contradicción del sistema judicial nos exige como madres pruebas constantes de que la violencia no es un invento, que no estamos exagerando, que no nos estamos vengando, que no usamos los procesos judiciales como represalia hacia el agresor, pero al mismo tiempo esto es justo lo que hace el agresor, colocar las fallas del sistema en nuestra contra, sistema que además nos responsabiliza si la violencia o el daño del agresor infringido hacia los hijos, vuelve a ocurrir o se incrementa.
El problema ya no es solamente reconocer que existen múltiples violencias, el verdadero problema es que muchas instituciones judiciales continúan actuando como si la violencia fuera un “conflicto de pareja”, un desacuerdo privado entre adultos, y no lo que es en realidad, todo un conjunto de dinámicas de control, dominación, sometimiento y daño que también afecta profundamente a las infancias. Bajo esta lógica, la mujeres que denunciamos con frecuencia somos observadas como las principales sospechosas: debemos probar que no exageramos, que no manipulamos, que no “llenamos de ideas o falsos recuerdos la mente de nuestros hijos”, que “queremos alejar al padre sin razón y sin motivos”. Mientras tanto, el agresor vicario muchas veces conserva intactos sus derechos, su credibilidad y hasta el acceso total e irrestricto a los hijos, incluso cuando existen denuncias en su contra por violencia sexual infantil perpetrada hacia los hijos.
Como se puede evidenciar, las consecuencias son innumerables pero también son devastadoras, las mujeres quedamos en completa indefensión frente a procesos judiciales que, lejos de frenar la violencia, terminan amplificándola, al obligarnos como madres a continuar con un vínculo violento y abusivo, pero ahora judicialmente y esto no neutraliza el abuso o la violencia; muchas veces se prolonga mediante amenazas, intimidación, hostigamiento económico, manipulación emocional o utilización de los hijos como herramientas de control quienes permanecen durante años y años con la infancia judicializada. Entonces cabe preguntar ¿Para qué está el divorcio? si los procesos judiciales nos mantienen atados a una escalada de violencias de un mismo agresor que el sistema judicial no reconoce, solo lo prolonga.
Además, cuando existen los protocolos con perspectiva de género e infancias pero no se aplican o se excluyen, la violencia fácilmente puede interpretarse como un episodio aislado y no como un patrón sistemático, caso contrario, se analiza cada hecho por separado, el divorcio en un jusgado familiar, la violencia familiar en una fiscalía, la violencia económica en una fiscalía aparte, la violencia sexual infantil en otra fiscalía, quedando desconectadas del contexto de la violencia vicaria que trae el beneficio de agrupar las múltiples violencias como un mismo hecho, pero ¿A qué nos enfrentamos en cada instancias que acudimos? A las típicas preguntas que nos revictimizan:
¿Por qué no denunció antes?
¿Por qué permaneció tantos años?
¿tiene pruebas suficientes?
Y si está exagerando?
Usted se casó con él ¿No se dio cuenta de la violencia?
¿Usted quiere meter preso al padre de sus hijos?
El acto de denunciar la violencia y exigir justicia no es una venganza pero hay que reconocer que en cada una de esas preguntas existe un juicio previo, preguntas que ignoran el contexto e ignoran por completo cómo funciona realmente la violencia y el perfil del agresor:
-su miedo inoculado
-cómo generó la dependencia económica,
-cómo funciona su manipulación psicológica,
-en qué consisten sus amenazas, intermitentes pero constantes – (refuerzo intermitente)- y toda una serie de dinámicas que derivan en el desgaste – agotamiento emocional que paraliza a tantas mujeres, incluso muchas de ellas se cohiben de demandar y denunciar para permanecer sobreviviendo a la violencia.
Son preguntas que nos hacen reflexionar una y otra vez, si realmente cuando acudimos ante la autoridad estamos paradas frente a funcionarios, abogados, fiscales y jueces que están obligados a representar nuestros derechos e intereses o caso contrario, son una extensión extrapolada del perpetrador, sobre todo si sabemos que la perspectiva de género e Infancias queda excluida de los procesos, ¿Son ellos quiénes van a respetar que el acceso a la justicia y al debido proceso sean garantizados?
Además de todo lo anterior le sumamos un factor en contra, existe una creencia profundamente peligrosa instalada en muchos espacios judiciales: creer que un hombre puede ser violento con la madre pero automáticamente ser un “buen padre” con los hijos al instante de exigir sus derechos o que la violencia puede y debe fragmentarse pero la realidad es otra, el agresor técnicamente se divorcia de la mujer pero no se separa de su violencia, es como ignorar todas las experiencias abusivas y violentas para decidir automáticamente que los niños, niñas y adolescentes no vieron, no escucharon, no absorbieron el terror cotidiano dentro del hogar. La violencia contra la madre también impacta en las infancias, incluso si se cree que la violencia es menos grave si no reciben golpes, daño físico directo, no ocurre una sustracción o un feminicidio. Crecer viendo humillación, miedo, control o abuso deja secuelas profundas en el desarrollo emocional y psicológico de los hijos. Estamos hablando de identificar el origen del trauma relacional.
Por eso tantas y tantas mujeres sabemos que la culpa e indefensión no son factores infunfados, porque el sistema nos traslada una responsabilidad imposible de sobrellevar: proteger a nuestros hijos prácticamente solas, enfrentándonos a instituciones que muchas veces no nos escuchan, no nos creen o incluso nos castigan por insistir en exigir justicia. A nosotras se nos exige fortaleza y se nos aplaude la valentía de «denunciar» mientras atravesamos miedos, desgaste económico, aislamiento social, agotamiento emocional, tortura institucional pero ahora por partida doble, del agresor y las instituciones.
Ya sabemos que la violencia es un patrón y se repite con demasiada frecuencia como para seguir tratándola como casos aislados. Cuando las mujeres, en distintos lugares, describimos las mismas fallas institucionales, las mismas omisiones y los mismos riesgos para las infancias, el problema deja de ser “un hombre” en particular, el problema ya es estructural, es todo un sistema que todavía no comprende que el derecho a exigir protección hacia los derechos e interes superior de la infancia no puede ni debe construirse ignorando la violencia ejercida contra la madre.
La verdadera prevención de la violencia post separación o una escalada hacia hasta convertirse en violencia vicaria y violencia institucional no consiste en obligar a las mujeres y madres a demostrar hasta el límite su sufrimiento o el daño hacia sus hijos. La prevención comienza cuando las instituciones entienden que escuchar con seriedad, aplicar protocolos adecuados para actuar con perspectiva de género e infancias ya que esto si puede marcar una enorme diferencia, para evitar que la violencia escale, pero si el mismo sistema judicial no reconoce o minimiza todos los riesgos de la violencia y pasa a prevalecer los procesos, quien paga las consecuencias no es la burocracia judicial: directamente son los hijos, las infancias, son sus derechos los que quedan atrapados en procesos, de hecho queda sin efecto el Derecho al acceso a la justicia y al debido proceso si los procesos nos deshumanizan y atentan contra la dignidad de las víctimas, niñas, niños y adolescentes, mujeres.
***
Carolina Hernández León
Voces de la Violencia Vicaria.
Acompañamiento como Facilitadora Resiliente – Activismo Pro Derechos de Infancias y mujeres en situación de riesgo y vulnerabilidad de Violencia Vicaria.
