Denuncio y me dicen que es mi culpa.
Como si no bastara con enfrentar la sombra y el asedio del hombre que te vulnera, otra prueba comienza cuando cruzas el umbral de las instituciones buscando amparo. Te recibe la mirada escrutadora de quien está sentado tras el mostrador o la toga: a veces hay lástima condescendiente; otras veces, desconfianza. Te examinan como si fueras alguien que debe justificar su presencia, obligándote a demostrar que tu dolor no es una estrategia ni tu palabra una farsa.
No pido privilegios ni condescendencia. Exijo justicia porque soy un ser humano con derechos inalienables. Y los derechos no operan bajo la premisa de la perfección. Las mujeres somos de carne, historia, aciertos, tropiezos y contradicciones legítimas. Nada de eso nos despoja de nuestra dignidad ni nos convierte en sospechosas por el simple hecho de alzar la voz.
Te prometen celeridad en los pasillos de los tribunales, pero los años pasan sin respuesta. Y mientras la espera se prolonga, te juzgan los hijos, la sociedad y el propio sistema que prometió protegerte. Tienes que justificar cada paso, explicar una y otra vez lo obvio y defender tu conducta como si la agredida fuera ahora la encausada. Ya no basta con investigar el delito: el sistema te exige una prueba de rectitud moral para concederte el derecho a ser escuchada.
Entonces, cuando por fin llega la sentencia, estás tan exhausta, tan habituada a defenderte, que el fallo deja de saber a victoria. El expediente se archiva en una gaveta, pero todavía intentas comprender las heridas que dejó el trato institucional. Llegué buscando protección y salí herida, preguntándome si las instituciones aún sirven para algo más que para prolongar el castigo.
Esta voz recoge experiencias que atraviesan la vida de muchas mujeres y expresan la gran contradicción de nuestro sistema de justicia: acudir a los tribunales sigue pareciendo una súplica de favor, y no el ejercicio legítimo de un derecho humano.
Parte de la violencia estructural contra la mujer persiste porque todavía hay funcionarios y funcionarias que ejercen su autoridad sin la sensibilidad de género necesaria. No basta con que una mujer ocupe una silla judicial o vista una toga. Lo verdaderamente transformador es cómo comprende la dignidad ajena y cómo ejerce el poder que se le ha confiado. Una jueza también puede reproducir prejuicios de género tan perjudiciales como los de un juez; la perspectiva de género no depende de quién lleva la toga, sino de cómo se ejerce la función judicial.
Una mujer no tiene por qué demostrar que es perfecta para merecer la tutela del Estado. Su vida privada, sus afectos o sus decisiones personales no pueden convertirse en un juicio moral paralelo que desplace el foco de la investigación. La justicia real valora las pruebas, escucha con empatía y decide con imparcialidad, sin permitir que los estereotipos sustituyan el razonamiento jurídico.
Uno de los riesgos más graves aparece cuando los procedimientos se utilizan para prolongar el daño. Hay situaciones en las que una mujer busca protección y termina señalada como presunta victimaria en otro proceso. En ocasiones, su denuncia original es presentada como hostigamiento para intentar desacreditarla por haber hablado.
No desconozco el derecho legítimo a la defensa de cualquier persona; una contradenuncia no es abusiva por el solo hecho de dirigirse contra quien denunció primero. Lo que revelo con firmeza es la utilización abusiva de los procedimientos judiciales para intimidar, agotar y castigar a una mujer por ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva.
Y es ahí donde surge la pregunta más aguda, que puede acompañar a una mujer durante años: ¿vale la pena denunciar?
Nos enseñan desde las cátedras y los manuales que debemos confiar en el Estado de derecho, que el silencio puede favorecer la violencia. Pero cuando una mujer da el paso al frente, ¿quién la protege de las represalias? ¿Quién frena el desgaste de ver su vida consumida entre audiencias, expedientes y señalamientos?
Te convencen de que tienes derechos, y luego te castigan por tener el valor de ejercerlos.
Quienes ejercen la función jurisdiccional deben rendir cuentas por las actuaciones gravemente discriminatorias o abusivas que se acrediten. Cuando hechos objetivos revelen prejuicios capaces de comprometer la imparcialidad, debe existir una vía efectiva para solicitar la recusación conforme a las causales legales aplicables. Y cuando se acrediten faltas profesionales de especial gravedad, las consecuencias disciplinarias deben ser reales y proporcionales, incluida la inhabilitación cuando la ley lo contemple, garantizando siempre el debido proceso.
No concibo la independencia judicial como una autorización para ejercer el poder sin responsabilidad institucional. Tampoco entiendo la perspectiva de género como una justificación para ignorar las pruebas o favorecer automáticamente a una de las partes. La entiendo como la obligación ineludible de identificar los sesgos que pueden distorsionar la valoración de los hechos.
Pero la respuesta del Estado no puede agotarse en la sanción al agresor. Una sentencia condenatoria puede establecer responsabilidad penal y, aun así, no reparar el sufrimiento que la víctima experimentó durante años de descrédito y trato institucional inadecuado.
Por eso creo firmemente en una justicia capaz de ejercer la compasión judicial. No hablo de lástima ni de indulgencia frente a los hechos. Hablo de comprender que detrás de cada expediente hay una persona cuya vida no puede reducirse a una declaración, una prueba o una sentencia.
La compasión judicial no vulnera la ley; la humaniza. Le recuerda al juzgador que su alta responsabilidad es garantizar un proceso imparcial, rigurosamente técnico y profundamente respetuoso de la dignidad humana.
El Derecho también necesita sanar. Y para sanar, debe reconocer las heridas que el propio proceso puede dejar. La reparación integral no se agota en la sanción del responsable; importa también el trato que recibió la mujer mientras buscaba protección y la respuesta que da la institución cuando sus propios errores producen nuevos daños.
Si los tribunales aspiran a erradicar la violencia contra las mujeres, también deben examinar y corregir las formas de violencia institucional que pueden reproducirse dentro de sus propios espacios.
Porque ninguna mujer debería acudir a un tribunal buscando protección y salir de él con la duda de si fue un error haber tenido el valor de denunciar.

