A las cinco y media de la mañana, Carmen ya está despierta. Antes de pensar en su propio desayuno tiene que ayudar a su madre a levantarse, preparar sus medicamentos, dejar lista la comida y organizar quién podrá acompañarla durante el día. Después se arreglará para ir a trabajar. Si todo sale bien, regresará a casa a tiempo para volver a cuidar. Si algo se complica, tendrá que pedir permiso, faltar, llegar tarde o resolver desde el teléfono lo que nadie más puede resolver. Carmen probablemente dirá que está cuidando a su mamá. Casi nunca dirá que está trabajando.
La historia de Carmen es, lamentablemente, el retrato cotidiano de millones de hogares latinoamericanos sobre los cuales descansa, en casi absoluta soledad, la atención de los adultos y las adultas mayores.
El estudio ¿Quién cuida? Cómo apoyar y reconocer a quienes cuidan de personas mayores en América Latina y el Caribe, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Agencia Francesa de Desarrollo, ofrece cifras que deberían obligarnos a mirar el cuidado como un asunto económico y político de forma urgente, porque la Región está envejeciendo a pasos agigantados, pero sus estructuras de protección social permanecen estancadas.
Actualmente, unos 8 millones de personas de 65 años o más necesitan apoyo para realizar actividades básicas de la vida diaria. Para el año 2050, esta cifra se triplicará hasta alcanzar los 23 millones. Esto es grave porque la brecha de la demanda de atención crece a un ritmo exponencial mientras los sistemas públicos de cuidados siguen siendo marcadamente insuficientes.
Las empresas necesitan trabajadores que lleguen a tiempo, puedan concentrarse y estén disponibles para cumplir sus jornadas. Las familias necesitan resolver buena parte de las necesidades de cuidado que los servicios públicos no cubren. La economía necesita que alguien prepare alimentos, acompañe, supervise, atienda, organice medicamentos, lleve a consultas y permanezca disponible cuando una persona dependiente lo necesita. Ese alguien suele ser una mujer.
El sostén no remunerado y la trampa del género
Actualmente, alrededor de 25 millones de personas mayores de 15 años realizan cuidados no remunerados a personas mayores en la Región y dedican, en promedio, 7,5 horas semanales a estas actividades. Cerca de 60% son mujeres, que además dedican 2,4 horas semanales más que los hombres. Además, dos tercios de las personas que hoy requieren estos cuidados son precisamente mujeres, con menos probabilidad de que alguien más las cuide, que no sean otras mujeres.
Pero las horas empleadas en estas labores cuentan solo una parte de la historia, porque las mujeres tienden a asumir precisamente las tareas menos flexibles y más exigentes, como preparar alimentos a determinadas horas, bañar, alimentar, acompañar a citas médicas o permanecer pendientes de una persona dependiente mientras intentan hacer cualquier otra cosa sin apoyos, recursos o formación específica para ello.
Ese llamado “cuidado pasivo” es especialmente revelador porque muestra cómo el tiempo femenino puede quedar secuestrado, incluso cuando la mujer participa activamente del mercado laboral formal. El estudio señala que esta carga limita sus posibilidades de empleo remunerado, educación y ocio.
El resultado es una transferencia silenciosa de recursos desde las mujeres hacia sus familias, sus empleadores y la economía en general, porque ellas absorben con su tiempo una responsabilidad que, si no estuviera siendo cubierta gratuitamente, tendría que ser asumida mediante servicios públicos o soluciones privadas.
La realidad es que los cuidados están feminizados tanto cuando es gratuito como cuando es remunerado, pero cuando el cuidado entra al mercado laboral, la desigualdad tampoco desaparece, al contrario, se reproduce. La fuerza laboral remunerada de cuidados está integrada mayoritariamente por mujeres y las condiciones de trabajo muestran una precariedad preocupante dando cuenta de un caso sistémico de “suelo pegajoso” como lo han documentado investigadoras de la economía feminista.
Esta carga impone un severo costo laboral y económico, porque quienes cuidan de forma gratuita tienen 8 puntos porcentuales menos de probabilidad de tener un empleo remunerado y, adicionalmente, aquellas que logran permanecer en el mercado de trabajo deben recortar su jornada laboral en un promedio de 2 horas semanales. Según la Organización Internacional del Trabajo el 47% de las cuidadoras reduce su jornada o abandona el empleo remunerado por incompatibilidad con la disponibilidad completa que exige el mercado laboral.
Se trata de un «impuesto invisible y altamente feminizado” que merma sus ingresos inmediatos, frena su desarrollo profesional y condena sus futuras pensiones a la precariedad. La protección laboral tampoco acompaña la importancia de lo que hacen. En promedio regional, solo 54% de las personas cuidadoras remuneradas cotiza a la seguridad social y apenas 26% tiene un contrato escrito o recibo formal de pago, según la encuesta del BID.
Las mujeres ponen el tiempo cuando no hay salario y ponen el trabajo cuando sí lo hay, pero en ambos casos la sociedad tiende a darle un valor inferior al que asigna a otras actividades necesarias para que la economía funcione.
Por otro lado, el costo de esta modalidad de organización social no se queda solamente en la cuenta bancaria. Más de 70% de las personas cuidadoras encuestadas reporta algún nivel no saludable de estrés, más de la mitad experimenta soledad y alrededor de un tercio presenta síntomas de depresión. Lo paradójico es que cuidar también puede producir satisfacción, fortalecer vínculos y generar sentido, pero el problema aparece cuando esa capacidad de cuidar se convierte en una disponibilidad obligatoria de las mujeres.
Por eso resulta tan importante se coloque el cuidado de las personas mayores en la agenda de las políticas públicas.
El estudio BID advierte que la Región necesitará ampliar significativamente su fuerza laboral de cuidados y plantea invertir en formación, profesionalización, acompañamiento emocional, flexibilidad laboral y licencias para quienes cuidan. No se trata simplemente de ayudar a algunas familias que tienen dificultades, sino construir sistemas capaces de distribuir una responsabilidad que hoy recae de manera desproporcionada sobre las mujeres.
El desafío es enorme porque la cobertura pública todavía es mínima. Apenas 5% de las personas mayores con necesidades de cuidado recibe servicios financiados públicamente. Mientras tanto, la demanda crece, las familias se reducen y millones de mujeres continúan subsidiando con su tiempo, su salud física y mental, así como sus oportunidades laborales, un sistema de cuidados que todavía depende demasiado de ellas.
La discusión sobre cuidados debería entrar de lleno en las conversaciones sobre empleo, productividad, seguridad social, pensiones, pobreza y crecimiento económico. Las empresas tendrán que preguntarse cuánto de su productividad descansa sobre el tiempo invisible de sus trabajadoras. Los Estados tendrán que calcular cuánto les cuesta seguir dejando el cuidado en manos de las familias, y los hombres tendrán que asumir que participar en el cuidado no significa “ayudar” a las mujeres, porque la responsabilidad de sostener la vida nunca debió recaer solo en ellas.
Carmen no está ayudando a su familia cuando deja de trabajar para cuidar, está haciendo un trabajo. Cuando se exige a las mujeres que cuiden a los mayores gratis y en exclusiva, están trasladando hacia ellas un costo que debería ser compartido. El problema es que este subsidio femenino lleva demasiado tiempo operando sobre bases injustas y estereotipadas y, aquello que es gratis para el Estado y para las empresas, está resultando carísimo para las mujeres.
El bienestar futuro de la Región dependerá de su capacidad para dejar de asumir este tipo de trabajo de las mujeres como un recurso moralmente sostenible, inagotable y gratuito.
