Entre las mujeres que han participado en elecciones, 37% reconoce que alguien la acompañó o ayudó hasta el momento de introducir su voto.
Por: Natalia Brandler, María Luisa Campos y Susana Cristo Anzola
En Venezuela se habla mucho de transición democrática. Se habla de acuerdos, elecciones, observación internacional, reformas institucionales y garantías para los partidos. Se habla menos, casi nunca, de lo que ocurre con una mujer indígena cuando llega a votar, cuando debe decidir en su comunidad o cuando intenta convertir su liderazgo cotidiano en poder político real.
Los datos del informe Entre la Laguna y la Sierra: Identidad, Participación y Violencias contra Mujeres Indígenas del Zulia realizado por el equipo de investigadoras de la Asociación Cauce, obligan a mirar allí, a los márgenes del poder, a la evidencia concreta de cada mujer para quien la democracia es más una promesa que una experiencia real de poder decidir, hablar y votar en secreto, ser candidata, reconocida como lideresa por su comunidad y por el Estado y registrada también como parte de un pueblo indígena.
La encuesta recoge las respuestas de 422 mujeres de los pueblos Wayúu, Añú, Yukpa, Barí y Japreira. La muestra tiene una presencia mayoritaria Wayúu y distribuye el resto de las entrevistas entre los otros cuatro pueblos. La investigación no habla de “la mujer indígena” como si todas vivieran la misma realidad. Muestra, por el contrario, las profundas diferencias entre estos pueblos, en sus formas de autoridad y niveles de reconocimiento comunitario.
La primera diferencia aparece en el mundo Wayúu. La sociedad Wayúu está organizada por clanes de filiación matrilineal, con fuerte centralidad de la línea materna, aunque eso no equivale a decir que sea una sociedad matriarcal en sentido estricto pues la autoridad política tradicional suele recaer en el tío materno mayor o alaüla. Esa precisión ayuda a entender por qué las mujeres Wayúu aparecen en los datos con una visibilidad comunitaria mayor, pero también evita caer en la imagen idealizada de una cultura donde las mujeres controlarían todos los espacios de poder.
En los pueblos Yukpa y Barí, en cambio, las estructuras de autoridad, parentesco o representación familiar son predominantemente masculinas, aunque con matices y con espacios de agencia femenina. Para los pueblos Añú y Japreira, la evidencia disponible es menos concluyente. Por eso, en esos casos conviene ser cuidadosas: los datos muestran menor reconocimiento de los liderazgos femeninos, pero no autorizan por sí solos a clasificar a esas sociedades como marcadamente patriarcales.
Esa cautela nos permite precisar mejor los hallazgos. Los números muestran que las mujeres indígenas del Zulia no enfrentan una sola barrera, sino varias. Algunas vienen del Estado. Otras, de los partidos. Otras, de las condiciones económicas. Y otras, de las formas comunitarias en las que se distribuyen la autoridad, la palabra y el derecho a decidir.
El dato general es duro: más de la mitad de las encuestadas dice que no participa “nada” en las decisiones políticas de su comunidad y poco más de un tercio, que participa “poco”. Apenas el 10% participa “algo” y solo el 3% dice participar “mucho”. Es decir, la mayoría de estas mujeres sostiene la vida comunitaria, pero no necesariamente incide en sus decisiones políticas.
Allí aparece una de las paradojas centrales del estudio. Las mujeres son guardianas de su cultura y de sus tradiciones, así como de su lengua, del cuidado de la familia, de las redes familiares y de la memoria colectiva. Pero ese lugar indispensable no siempre se traduce en autoridad pública. Pueden ser centrales para la continuidad de la comunidad y, al mismo tiempo, quedar en los márgenes de las decisiones políticas.
Cuando se les pregunta por la existencia de liderazgos femeninos en la comunidad, las respuestas Wayúu se separan con claridad del resto. Entre ellas, el 63% reconoce una presencia femenina plural o fuerte. Además, las mujeres Wayúu concentran 96% de todas las respuestas que señalan la existencia de “muchos” liderazgos femeninos.
El contraste con los demás pueblos es evidente. Entre las Añú, 8 de cada 10 dice que no hay liderazgos femeninos en su comunidad, y entre las Bari, Japreira y Yukpa la misma proporción dice que son pocos los liderazgos femeninos. No se trata de establecer jerarquías culturales ni de presentar a un pueblo como “más avanzado” que otro. Se trata de reconocer que la forma en que se organiza la autoridad comunitaria influye en cómo las mujeres se ven, son vistas y se les permite participar.
La valoración de las lideresas confirma esa brecha. Del total de la muestra válida, solo un tercio considera que las mujeres líderes son “muy valoradas y respetadas”, 4 de cada 10 cree que se las valora solo en algunas situaciones y otro tercio dice que son poco valoradas. La legitimidad femenina, por tanto, existe, pero aparece condicionada: depende del contexto, del pueblo, del tipo de liderazgo y del espacio donde ese liderazgo se ejerza.
El cruce por pueblo vuelve a mostrar una diferencia decisiva. Entre las Wayúu, más de la mitad afirma que las mujeres líderes son muy valoradas y respetadas. Entre las Yukpa, apenas el 2% dice lo mismo. Entre las Japreira y las Barí más de la mitad considera que son poco valoradas.
La conclusión es que el liderazgo femenino no tiene el mismo piso social en todos los pueblos. En el caso Wayúu, la filiación matrilineal y la centralidad de la línea materna parecen abrir más espacio simbólico para reconocer a las mujeres. En los casos Yukpa y Barí, la autoridad predominante es masculina y las resistencias parecen más fuertes. En los pueblos Añú y Japreira, los datos muestran igualmente un bajo reconocimiento comunitario de los liderazgos femeninos.
La desigualdad también aparece cuando se pregunta por las oportunidades. Entre las Wayúu, 6 de cada 10, está de acuerdo o totalmente de acuerdo con que las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres para participar en reuniones, elecciones o decisiones importantes sin ser discriminadas por su origen. Entre las Añú, esa percepción positiva baja a 35%. Entre las Japreira cae a 11%. Entre las Barí llega apenas a 4%. Entre las Yukpa se reduce a 3%.
La distancia es demasiado grande para ser leída como una simple diferencia de opinión. Habla de experiencias políticas distintas. En algunos contextos, las mujeres perciben que pueden participar con mayor legitimidad. En otros, la igualdad de oportunidades parece más una aspiración que una vivencia cotidiana.
Pero el caso Wayúu también advierte contra las lecturas fáciles, pues, aunque son las mujeres las que reportan mayor reconocimiento comunitario del liderazgo femenino, son también las que declaran mayoritariamente no haberse presentado a una elección para un cargo público de elección popular: solo 12% lo ha hecho. En cambio, 46% de las Japreira, 32% de las Barí, 23% de las Añú y 17% de las Yukpa dicen haberse postulado alguna vez.
Ese dato abre una pregunta política de primer orden: ¿por qué un liderazgo socialmente reconocido no siempre se transforma en candidatura, representación o en poder institucional? La respuesta probablemente no está en un solo factor. Intervienen la distancia territorial, la pobreza, la discriminación racial, la falta de redes partidistas, las barreras lingüísticas, la relación con los operadores políticos, los costos de competir y las formas en que el sistema electoral indígena ha sido utilizado o controlado.
La cultura puede abrir una puerta, pero el sistema político puede cerrarla. Una mujer puede ser respetada como figura comunitaria y, aun así, quedar fuera de la boleta electoral. Puede tener autoridad moral, pero no recursos. Puede ser escuchada en la vida cotidiana, pero no ser considerada una candidata viable. Puede ser el sostén de su comunidad, pero no administrar el poder.
El voto secreto es otro punto de alarma. Entre las mujeres que han participado en elecciones, casi 4 de cada 10 reconoce que alguien la acompañó o ayudó hasta el momento de introducir su voto. La práctica no se distribuye por igual entre los pueblos: 6 de cada 10 entre las Añú y las Japreira, la mitad de las Barí, un tercio de las Yukpa y sólo 2 de cada 10 de las Wayúu.
La asistencia al voto puede ser legítima cuando responde a una necesidad real y voluntaria, pero cuando se convierte en una práctica rutinaria, deja de ser asistencia y empieza a parecer como tutelaje. Para una mujer indígena en situación de vulnerabilidad económica, territorial o institucional, votar en secreto es la protección indispensable frente a las presiones de los familiares, de los liderazgos locales, de los operadores partidistas, de las autoridades comunitarias o de los grupos de poder.
La normalización del acompañamiento es aún más preocupante: 9 de cada 10 mujeres ha visto o sabe de otras personas acompañadas o asistidas por alguien para votar. Cuando casi todas reconocen esa práctica, el problema deja de ser la excepción y se convierte en control del voto.
Por eso, hablar de ciudadanía plena exige hablar también de autonomía electoral. No basta con que las mujeres estén inscritas o acudan al centro de votación. La pregunta clave es si pueden decidir sin vigilancia, sin presión y sin intermediarios. Una democracia que permite votar, pero que no garantiza el secreto del voto, deja intacta una zona de control político sobre los cuerpos y las decisiones de las mujeres.
La ciudadanía incompleta también se ve en los documentos. Solo 35% de las encuestadas dice que su cédula de identidad incluye la identificación de la etnia a la que pertenece. La omisión es especialmente alta entre las Wayúu: 86% reporta que su cédula no incluye su identificación étnica. También es elevada entre las Añú (60%) y las Yukpa (57%).
Este dato que parece burocrático, no lo es. La cédula no sólo identifica a una persona, también expresa cómo el Estado la reconoce, y si la pertenencia étnica queda borrada o mal registrada, la ciudadanía indígena pierde su identidad y sus derechos colectivos.
La agenda democrática para Venezuela no puede ignorar esta realidad. Si la transición se limita a cambiar élites, partidos o autoridades nacionales, dejará intacta una deuda profunda con las mujeres indígenas. La democracia debe llegar también al centro de votación rural, a la asamblea comunitaria, a la cédula de identidad étnica y al espacio donde se decide quién puede hablar en nombre de la comunidad.
Eso exige medidas concretas. Hay que garantizar el voto directo, secreto y universal para los pueblos indígenas; impedir que el voto asistido se use como mecanismo de control; crear canales de denuncia accesibles, cultural y lingüísticamente pertinentes; formar a las mujeres indígenas en sus derechos políticos y promover las candidaturas femeninas indígenas de forma que no dependan solo de los operadores políticos ajenos a sus comunidades.
También exige políticas diferenciadas. En las comunidades Wayúu, donde el liderazgo femenino aparece más visible, el reto es convertir esa legitimidad social en mayor representación institucional, con gestión de recursos y poder público. En las otras comunidades con predominio masculino, la tarea es ampliar la autoridad femenina sin romper el tejido comunitario.
El mensaje de los datos es claro. Las mujeres indígenas del Zulia no están fuera de la democracia; están dentro de ella, pero muchas veces en condiciones subordinadas. Votan, pero no siempre en secreto. Sostienen a sus comunidades, pero no siempre deciden. Son reconocidas como portadoras de su cultura, pero no siempre como autoridades políticas. Tienen cédula, pero no siempre con reconocimiento étnico. Tienen liderazgo, pero no siempre llegan a ser candidatas y su voz no es escuchada.
Sin las mujeres indígenas, no habrá transición completa ni paz duradera. Pero con ellas solo como votantes acompañadas, cuidadoras invisibles o símbolos culturales, tampoco.
La transición será verdaderamente democrática cuando las mujeres Wayúu, Añú, Yukpa, Barí y Japreira puedan decidir, representar, denunciar, administrar recursos y disputar el poder en sus propios términos, con garantías plenas del Estado y el respeto a sus culturas.
Ese es uno de los retos pendientes de la transición democrática.
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Fotos: Radio Fe y Alegría/ OMG Manos Unidas/ Ámbito Jurídico
