Por: María Luisa Campos Ríos
Cuando hablamos de movilidad, solemos pensar en carreteras, transporte y logística. Pero para las mujeres indígenas del estado Zulia, moverse es una experiencia que atraviesa el cuerpo, el miedo, la resistencia y, demasiadas veces, la violencia.
Como Coordinadora General de la investigación «Entre la Laguna y la Sierra», tuve el honor (y la inmensa responsabilidad) de adentrarme en las realidades de 422 mujeres indígenas —Wayuu, Añú, Yukpa, Barí y Japreira— para documentar por primera vez, de manera sistemática, lo que significa habitar, transitar y sobrevivir en sus territorios. Durante el trabajo de campo, realizado entre el 08 de julio y el 15 de octubre de 2025, no solo recogimos datos; escuchamos silencios históricos.
Hice aportes directos a la sección de movilidad porque era imperativo entender que el derecho a desplazarse libremente es un derecho vulnerado, mediado por la inseguridad, la precariedad y una profunda discriminación.
Los datos hablan solos: El peso de la vulnerabilidad estructural
Nuestros hallazgos dibujan un mapa donde la violencia institucional y de género se entrelazan de manera alarmante:
- 88% vive con vías en estado deficiente, un aislamiento que limita su acceso a la salud, la educación y el trabajo.
- 86% teme denunciar la violencia, enfrentándose a un silencio impuesto por el miedo y la falta de instituciones confiables.
- 44% ha sufrido violencia psicológica, a menudo normalizada dentro de su entorno.
- 37% fue acompañada al votar, una clara vulneración de su derecho a un voto secreto, libre y directo.
- 77% ve en riesgo la cultura espiritual de su pueblo, enfrentando una extinción cultural silenciosa.
La movilidad encarnada: Transitar entre el miedo y el amedrentamiento
Uno de los problemas más graves que identificamos es la falta de seguridad en los traslados. Moverse fuera de la comunidad implica un riesgo desproporcionado. Las mujeres indígenas se enfrentan a patrones de amedrentamiento sistemático por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y grupos paramilitares. Las alcabalas y las rutas se convierten en escenarios de extorsión económica, acoso y control territorial.
Para ellas, el desplazamiento deja de ser un derecho y se convierte en una deuda continua y una experiencia corporal de vulnerabilidad. La presencia de actores armados no estatales y la militarización no protegen; vigilan y castigan a quienes, en su mayoría, solo buscan sostener la economía del cuidado y garantizar la supervivencia de sus familias.
Derechos civiles y políticos: Una ciudadanía restringida
La desigualdad también se manifiesta crudamente en sus derechos civiles y políticos. El hecho de que un 37% de las mujeres haya sido acompañada (y coaccionada) en las urnas electorales nos demuestra que la participación masiva no equivale a autonomía. El voto asistido se ha utilizado como una herramienta de control comunitario y político. Las mujeres sostienen la vida comunitaria, son líderes espirituales y cuidadoras, pero se les sigue marginando de los espacios reales de toma de decisiones.
Hacia una justicia de movilidad: Un decálogo en desarrollo
Frente a esta realidad, desde la coordinación de la investigación impulsamos la creación de una propuesta vital que hoy se encuentra en desarrollo: La Declaración de Derechos de Movilidad Cotidiana para las Comunidades Indígenas del estado Zulia. Este «decálogo de movilidad» exige condiciones mínimas para que el territorio vuelva a ser un espacio de vida, basado en tres ejes fundamentales:
- Derecho a la Conectividad Vital y Segura: Exigimos vías terrestres y fluviales dignas, priorizando rutas que faciliten el trabajo de cuidado y la atención de emergencias.
- Transporte con Enfoque de Género: Un sistema público y subsidiado que responda a los horarios y necesidades de las mujeres indígenas, con suministro constante de combustible.
- Tarificación Justa y Cero Extorsión: Rutas libres de sobornos y cobros irregulares que empobrecen aún más a quienes sostienen la economía informal.
- Seguridad Personal y No-Criminalización: El derecho irrenunciable a transitar sin ser objeto de acoso sexual, violencia de género o discriminación por parte de funcionarios o grupos armados.
- Inmunidad Territorial: Que las tensiones territoriales y la presencia militar no restrinjan el movimiento diario de las mujeres ni las exponga a violencia selectiva.
- Justicia Ambiental de Género: El derecho a permanecer en el territorio sin ser desplazadas forzosamente por la crisis climática o el deterioro ecológico.
- Infraestructuras Resilientes: Proyectos de movilidad que respeten el entorno, los lugares sagrados y protejan el agua y la salud de las comunidades.
El verdadero reto no es aplaudir la inmensa resiliencia de las mujeres indígenas del Zulia, sino transformar esa resiliencia en derechos garantizados. No habrá justicia social plena hasta que transitar por sus propias tierras deje de ser un acto de valentía extrema para convertirse, simplemente, en un ejercicio de libertad.
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María Luisa Campos Ríos
Investigadora en movilidad y derechos humanos | Coordinadora del Informe | Máster en Acción Solidaria Internacional, UC3M.
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Fotos: OMP/Naciones Unidas en Venezuela
