¿Eres de los que cree que Jane Doe, la víctima del caso Cornell, se buscó lo que le pasó? Si lo eres, hipotético lector, este artículo es para ti, porque debo decir que eres parte de la red de sostén y sistema que educa a monstruos en cada universidad del mundo que creen que violar a una mujer indefensa es parte de la culpa histórica de la mujer que no sabe cuidar de sí misma.
¿Ya te enfureció el anterior párrafo? Acompaña, te enfureceré aun más.
Cuando el caso de los 7 de Cornell estalló en redes sociales, pensé en escribir un artículo de inmediato, al calor de la ira, dolida y, cómo no, horrorizada por la información que se publicaba en redes sociales. Si me lees desde hace algún tiempo, ya lo sabes: soy una criatura nacida de internet y crónicamente conectada, por lo que seguí, casi en tiempo real, los pormenores de un caso que no hacía más que hacerse cada vez más terrorífico. Estaba convencida de que era necesario no solo dejar claro que el caso demostraba el poco avance en política de protección a las mujeres que padecían una agresión sexual a una escala terrorífica. A la vez, la forma despiadada en que la sociedad puede presionar, hostigar y revictimizar a una mujer solo por el hecho de que no es la víctima perfecta. Un giro de los acontecimientos que de inmediato convirtió el caso de Cornell en otra de las devastadoras y temibles batallas culturales que se han convertido en cosa común en cualquier plataforma online y espacio de debate contemporáneo.
Porque, lo adivinaste, apenas el caso se ventiló, la controversia no estalló por el hecho del escaso esfuerzo que puso la universidad en proteger a la víctima. En realidad, todo se volvió más cruento, violento y doloroso cuando buena parte de los acostumbrados voceros conservadores estadounidenses y su eco en redes sociales cuestionaron la gravedad del ataque. Y lo hicieron por una razón específica: La víctima, una estudiante de entonces 20 años identificada bajo el seudónimo legal de Jane Doe, asistió a una reunión en la casa de la fraternidad Chi Phi por su propio pie. Además, conocía a uno de sus atacantes y accedió a sostener un trío con este y uno de sus amigos. Todo para que después fuera agredida por un grupo de miembros de la asociación estudiantil y convertida en una especie de rehén sexual por seis horas. Razones más que suficientes para que buena parte de los comentaristas online, decidieran que Jane Doe no merecía ser protegida, asistida y escuchada. Que el hecho de ser una víctima que no fue atacada en un callejón oscuro por un desconocido y sometida con un arma era una razón más que suficiente para culparla por el crimen que había sufrido. En realidad, descubrí que la cultura de la violación, ese conjunto de ideas culturales que sostienen que una mujer es culpable de la propia violencia que sufre si no encaja en un patrón de comportamiento, sigue más viva que nunca.
No solo en la deshumanización de la víctima y la normalización de la violencia sexual como un acto comunitario depravado y sistémico. También, al convertir un crimen en un hecho en el que se debate no la culpabilidad de un grupo numeroso de agresores. Más bien, se pondera si la palabra de la víctima es lo suficientemente creíble, si su versión puede luchar contra el prejuicio de ese eco amplio y retrógrado de escuchas para quienes una mujer solo merece ser defendida si complace un esquema de moralidad.
De modo que ya escribir sobre el caso no se trataba de analizar otro crimen contra las mujeres y en específico, Jane Doe. Se trataba de regresar ahora al núcleo del peligro que corren todas las mujeres en todo el mundo, expuestas a un tipo de mirada cultural que culpabiliza, señala y degrada su identidad de género solo por no ser una pieza en un sistema de análisis tradicional de su conducta. ¿Jane Doe estaba en una casa de fraternidad? ¿Jane Doe bebió alcohol? ¿Jane Doe aceptó tener sexo con un hombre que le gustaba? Entonces, según esta gran y preocupante conversación global, merece lo que le pasó. Merece el miedo, la violencia y el escarnio. Merece el rechazo y el señalamiento. Porque para una cultura de hombres, creada para satisfacer a los hombres y perdonar a los hombres, una mujer solo puede ser protegida si se gana a pulso el respeto de una manada misógina que preguntará antes qué ropa llevaba al ser violada, antes si necesita ayuda para superar un trauma.
Todas podemos ser Jane Doe
Porque el caso de la víctima de Cornell dejó de ser rápidamente el de una víctima de violación y pasó rápidamente a convertirse en un cuestionamiento sobre el motivo por el cual un crimen como la violación sigue teniendo matices. De acuerdo con las declaraciones contenidas en los expedientes judiciales, la noche del 19 de octubre de 2024, siete estudiantes del campus violaron por 7 horas a una estudiante intoxicada con alcohol y ketamina; esta última, una sustancia anestésica disociativa, capaz de provocar completa pérdida de la voluntad y estado de desconexión con la realidad.
Ahora, mientras lees este artículo, tú, lector, que quizás pasas por aquí para saber qué pensamos las feministas sobre una chica fiestera que terminó en medio de una agresión, comienzas a contar. Siete horas. No una o dos. Siete horas. Las que toman para viajar a dos estados distintos en Norteamérica, un vuelo sin escalas de Nueva York a París con buenas condiciones climáticas. Piénsalo mientras te burlas, mientras intentas saber cómo las mujeres defendemos a una víctima, que para empezar, no debió estar en esa fraternidad. ¿No es eso lo que dicen lo que acosadores en línea de Jane Doe? ¿Que cualquier mujer debería saber que entrar ebria en una casa llena de hombres es una causa suficiente para ser violada? ¿No lo estás pensando en este mismo instante, lector, cuando intentas dar lecciones de moral sobre qué podría haber hecho Jane Doe para evitar ser violada?
Ahora bien, hipotético lector, te pregunto a ti, ¿por qué una mujer debería cuidarse y no un hombre, entender que agredir a una mujer es un acto de violencia inimaginable? Jane Doe se encontraba bajo un evidente estado de ebriedad, además de totalmente indefensa y desprovista de la capacidad física y mental para otorgar un consentimiento válido, cuando lo que comenzó como una noche de experimentación sexual se convirtió en una agresión colectiva. Todo cuando la alumna fue retenida en una de las habitaciones de la residencia estudiantil, donde se transformaría en el blanco de una agresión masiva.
La pesadilla se prolongó y adquirió un carácter de violencia grupal sistemática. Uno de los involucrados redactó de forma vulgar un mensaje en un chat grupal de la plataforma Snapchat con la frase “sexo gratis”, invitando activamente a otros compañeros de la fraternidad a unirse al ataque que se perpetraba en el dormitorio. En total, siete estudiantes participaron activamente en las agresiones físicas, vaginales y orales simultáneas. Al día siguiente, las compañeras de la hermandad femenina de Jane Doe la hallaron en un severo estado de shock, con múltiples hematomas visibles y con una infección urinaria de origen traumático certificada posteriormente por especialistas médicos.
¿Eso se “lo buscó” Jane Doe? Te lo pregunto, lector, que con toda probabilidad estás intentando compaginar en tu mente que una mujer adulta y sexualmente atractiva pueda ser violada. ¿Has pensado que el problema no es que Jane Doe haya descuidado y bajado la guardia, sino toda una fraternidad de jóvenes criados en el privilegio consideró que ella podía ser agredida? Porque el problema no es qué hizo o no Jane Doe para protegerse, sino que los hombres a su alrededor consideraron que ese descuido era suficiente para violarla en grupo. Para después desprestigiarla, agredirla por segunda vez en redes sociales y, por último, incluso hacerla huir de la universidad en la que esperaba estudiar. Un sistema hecho para proteger al violador y jamás a la víctima.
Un grupo de criminales que podría ser uno de tus hijos
La identidad de los siete agresores civiles acusados en el proceso quedó formalmente registrada en las actas de los tribunales estadounidenses. Los estudiantes señalados por la víctima de cometer el crimen colectivo son Matthew Ingalls, Jonathan Newell, Winston Lee, Gillio Lopes, Diego Sarabia, Scott Norris y Scott Kretzschmar. Dos semanas después del ataque, una vez procesado el impacto psicológico del trauma, la joven formalizó la denuncia ante la policía de la Universidad de Cornell. Pese a la gravedad del relato original, la fiscalía del condado de Tompkins decidió inicialmente no presentar cargos penales contra los estudiantes. El fiscal local argumentó que recibió únicamente un resumen incompleto de seis páginas provisto por la policía universitaria, del cual se había omitido una frase clave donde Doe afirmaba con total certeza haber sido violada.
Ante la inacción judicial inicial, la Universidad de Cornell activó un panel disciplinario bajo las directrices del Título IX que concluyó en mayo de 2025 con severas discrepancias en los castigos aplicados. El panel resolvió expulsar de forma definitiva a Matthew Ingalls y Jonathan Newell, tras hallarlos directamente responsables de agresión sexual. Por su parte, Winston Lee recibió una suspensión académica de dos años y Gillio Lopes una de tres semestres. A Diego Sarabia se le declaró persona non grata, prohibiéndosele el ingreso al campus por un periodo de tres años por besos forzados. Las mayores críticas de la opinión pública recayeron sobre las medidas impuestas a Scott Norris y Scott Kretzschmar, quienes solo recibieron órdenes de no contacto y la obligación de asistir a módulos formativos y redactar “ensayos de reflexión”, un castigo calificado por la comunidad estudiantil como una burla institucional.
El panorama legal dio un giro radical el 16 de septiembre de 2026, cuando Jane Doe interpuso una masiva demanda civil de 101 páginas ante un tribunal estatal de Manhattan. La demanda civil no solo va dirigida contra los siete exalumnos por daños y perjuicios, sino también contra la propia Universidad de Cornell por negligencia institucional y contra la estructura nacional y local de la fraternidad Chi Phi. El resurgimiento público del expediente, acompañado de la filtración de las transcripciones originales de la policía y de las conversaciones explícitas de Snapchat, provocó masivas protestas en los campus y forzó la intervención de la esfera política neoyorquina. La indignación civil por el deficiente manejo del caso escaló de tal forma que los estudiantes y profesores exigieron la renuncia inmediata de los directivos universitarios implicados.
En el estado actual del caso, el proceso penal ha sido oficialmente reabierto y se desenvuelve con la máxima prioridad estatal. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ordenó una revisión independiente de la gestión de Cornell y designó a la fiscal general del estado, Letitia James, como fiscal especial para liderar la acción de la justicia, apartando a las autoridades locales cuestionadas. Paralelamente, el fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, anunció que presentará las evidencias ante un gran jurado para buscar imputaciones criminales formales. Aunque los abogados defensores de acusados como Gillio Lopes han intentado impugnar el nombramiento de James alegando supuestos sesgos de imparcialidad, las autoridades legislativas estatales ya impulsan reformas para cerrar los vacíos legales sobre el consentimiento bajo intoxicación voluntaria, mientras los siete implicados continúan bajo investigación sin condenas penales firmes hasta la fecha.
El dolor, el miedo y la angustia de las mujeres ante el caso de Jane Doe
Ya te lo decía más arriba, querido lector: Como es de suponer, mi primer impulso fue escribir sobre el tema a profundidad. Denunciar todo lo que había provocado que una mujer fuera no solo agredida de una manera brutal, sino la oleada de nuevo señalando la cultura de la violación, el linchamiento virtual contra la víctima y lo escalofriante que resultaba todo alrededor del caso. Pero comprendí que el problema era más grave, más amplio, más extenso y el caso Cornell era solo la punta del iceberg.
El caso Cornell hace que tengamos que revisarnos; volver a indagar en la cultura de la violación es la instrumentalización y deshumanización de la víctima a través de las redes sociales. Lejos de percibir a Jane Doe inconsciente como un ser humano en situación de extrema vulnerabilidad, los agresores la transformaron en un objeto de consumo comunitario mediante la plataforma Snapchat. El envío de un mensaje masivo en un chat grupal con la frase “sexo gratis” evidencia que, dentro de este entorno social, el cuerpo de una mujer intoxicada se consideraba un recurso disponible y compartible. Este comportamiento demuestra cómo la tecnología y las redes sociales operaron como un megáfono para validar el abuso, convirtiendo un crimen violento en un evento de libre acceso para los miembros de la fraternidad.
Por si eso no fuera suficiente, la complicidad y el silencio sistemático dentro de la hermandad Chi Phi y el tejido social del campus dejan claro que los hombres siguen actuando como una manada al momento de defender a los culpables. La agresión no ocurrió de forma aislada ni oculta; fue anunciada digitalmente y perpetrada por múltiples individuos en una residencia estudiantil. El hecho de que varios estudiantes recibieran la notificación del chat y que siete de ellos acudieran activamente a participar en las agresiones físicas, vaginales y orales simultáneas revela una total falta de empatía y un código de lealtad masculina distorsionado. En este ecosistema, la presión de grupo y el estatus social dentro de la fraternidad se priorizaron por encima de la legalidad y la moral, normalizando la violencia sexual colectiva como un rito de camaradería.
Peor todavía es la evidente institucionalización de la impunidad a través de los castigos laxos y revictimizantes impuestos por la Universidad de Cornell. Al resolver el expediente bajo el Título IX, la institución optó por medidas disciplinarias que la comunidad estudiantil catalogó como una burla. Sancionar a participantes directos de una agresión sexual masiva con la simple obligación de asistir a módulos formativos y redactar “ensayos de reflexión” minimiza el trauma de la víctima y despoja al delito de su gravedad inherente. Este tipo de resoluciones académicas envía un mensaje implícito y peligroso a la comunidad: que la reputación institucional y el futuro de los agresores son más valiosos que la seguridad y la justicia para las víctimas de violación.
Y todo lo anterior, además, se encuentra sostenido por el sesgo y la negligencia de las autoridades policiales y judiciales locales, que inicialmente obstaculizaron el acceso a la justicia. La policía de la Universidad de Cornell elaboró un resumen de apenas seis páginas para la fiscalía en el cual se omitió deliberadamente la declaración explícita de Jane Doe donde afirmaba haber sido violada. Esta filtración y alteración de los hechos iniciales refleja una tendencia sistémica a dudar del testimonio de la víctima y a encubrir los delitos cometidos por estudiantes de élite. Al justificar la inacción penal en tecnicismos y reportes incompletos, el aparato de seguridad local perpetuó el mito de que las denuncias de agresión sexual en contextos de fiesta no son legítimas o son demasiado ambiguas para ser perseguidas.
Finalmente, el caso ilustra a la perfección el vacío legal en el estado de Nueva York sobre la intoxicación voluntaria, un componente crítico de la cultura de la violación que desprotege legalmente a las víctimas. Históricamente, las lagunas jurídicas en la legislación estatal han permitido a las defensas argumentar que, si la víctima consumió alcohol o sustancias por voluntad propia, el agresor no es plenamente responsable de determinar la falta de consentimiento. Esta estructura jurídica traslada la culpa del agresor hacia el comportamiento de la mujer, penalizando su consumo en lugar de castigar la explotación de su incapacidad física. La necesidad de una intervención ejecutiva de la fiscal general del estado para reabrir el caso demuestra que el sistema judicial convencional está diseñado para perpetuar la desprotección de las víctimas en entornos universitarios.
Por otro lado, la cultura de la violación se consolidó en este caso a través de la protección institucional de los agresores y la revictimización judicial. La negligencia de la policía universitaria al omitir la palabra “violación” en su informe y la insólita sanción de la Universidad de Cornell (que castigó a involucrados directos con simples “ensayos de reflexión”) evidencian un sistema diseñado para priorizar la reputación de la institución y el futuro de los victimarios por encima del trauma de la víctima. Esta impunidad institucional, amparada además en los vacíos legales del estado de Nueva York sobre la intoxicación voluntaria, traslada implícitamente la culpa a la mujer por su estado de vulnerabilidad, enviando el peligroso mensaje de que los abusos perpetrados por estudiantes de élite no conllevan consecuencias reales.
De modo que lector hipotético, si llegaste hasta aquí y todavía crees que la culpa de lo que le ocurrió a Jane Doe es suya, te recomiendo algo: mírate al espejo ahora mismo y reconócete parte del problema. Reconócete como parte del sistema que culpa a las mujeres, que golpea a las mujeres con indiferencia y violencia institucionalizada. Reconócete como parte de toda la estructura que provoca que los agresores se sientan protegidos por gente como tú, por sistemas como el que apoyas y al final, por tu convicción que una violación solo ocurre cuando “alguien” se lo busca.
Por eso, tardé en escribir el artículo. Porque el problema (no el único), es la violación de Jane Doe. Lo es el sistema que premia a los agresores y que al final, es un campo fértil para que algo semejante vuelva a ocurrir a no tardar. Por cierto ¿ya contaste las siete horas?
No dejes de contarlas y después, vuelve a este artículo para entender lo grave que es lo que ocurrió en el campus de una prestigiosa universidad que educa monstruos a futuro.
