Agrupación Ciudadana: Voces unidas por la despenalización del aborto

Desde hace 26 años El Salvador, junto a Nicaragua, Honduras y República Dominicana, es de los países en América Latina que prohíbe de manera absoluta el aborto. Son muchas las organizaciones que hacen acompañamiento, divulgación y defensoría de las miles de mujeres que son acusadas de homicidio agravado tras sufrir una emergencia obstétrica que termina en un aborto. Una de ellas es la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, fundada en 2009 y presidida por la activista y defensora de derechos humanos, Morena Herrera.

Herrera recuerda que antes del 98 sí había eximentes de responsabilidad penal en tres causales y admite que los últimos años han traído consigo enormes desafíos.

“Además de la norma que penaliza totalmente el aborto hay otro tipo de problemas que son consecuencias de ésta. Hay emergencias obstétricas en las que no necesariamente hay una acción directa, ni es un aborto provocado por la mujer, sino que en algún momento del embarazo algo sucede, acuden al hospital pidiendo auxilio sanitario, ahí las denuncian y les procesan judicialmente. Primero considerándola sospechosa de aborto y luego cambian el tipo de delito para condenarlas por homicidio”.

Uno de esos casos mencionados por la activista es el de Manuela*, la joven condenada a 30 años de cárcel tras perder a su bebé y que murió esposada a una cama de hospital en 2010.

“Hemos hecho un trabajo de educación ciudadana para clarificar a las comunidades que cuando hablamos de aborto hablamos de un problema de salud pública de las mujeres y no es un tema de libertinaje. Claro que defendemos el derecho a decidir de las mujeres, pero es importante que la gente entienda que cada mujer tiene sus razones y que no deben ser juzgadas. Hemos hecho un trabajo de defensoría y litigio en el caso de las procesadas y condenadas. Uno de nuestros objetivos es explicarle a los actores políticos que deben cambiar esta legislación. Actualmente estas siguen siendo nuestras las líneas principales de trabajo porque aunque ya habíamos sacado a todas las mujeres que estaban en la cárcel por estas razones, en el marco de estos últimos años de gobierno, y sobre todo del régimen de excepción, han empezado nuevamente a denunciar a las mujeres en hospitales públicos y esto nos está obligando a reactivar los procesos de defensa”, detalla.

El segundo caso más reconocido a nivel internacional es el de Beatriz*, quien falleció en 2013 tras un embarazo que puso en riesgo su vida y era inviable pues el feto no tenía cráneo ni cerebro.

La presidenta de la asociación señala que siguen esperando la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la causa de Beatriz vs El Salvador y que esperan que ésta sea justa.

“Sabemos que hay mucha oposición. Una oposición que tiene recursos económicos, acceso a medios de comunicación y están en una campaña de desacreditación. No solo de la causa de Beatriz y de las organizaciones litigantes, sino incluso de la propia CIDH y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Lo que les interesa más es destruir el sistema porque este es el último eslabón al cual las personas podemos acudir cuando no encontramos justicia en nuestros países”.

Datos ocultos

Herrera manifiesta que, según el Instituto Guttmacher, se estiman unos 35 mil abortos al año en El Salvador y que no hay cifras exactas porque con el cambio de ley también desaparecieron las estadísticas.

“El argumento de no registrar los casos de aborto es que ya el aborto había desaparecido, pero en realidad lo que están haciendo es ocultar un problema de salud pública que no está siendo atendido. Esto trae consecuencias como los suicidios de adolescentes embarazadas. Hace unos años teníamos acceso a esa información pública del Ministerio de Salud y confirmamos que era la primera causa indirecta de muerte materna en jóvenes. Otro hecho que evidenciamos es que a las mujeres víctimas de abuso sexual, sobre todo cuando son muy jóvenes, no les aplican todo el protocolo pues se establece que deben darle retrovirales y también anticoncepción de emergencia y en algunos casos no les dan la píldora y somos las organizaciones quienes exigimos que se las den o incluso buscarlas para suministrárselas y así prevenir un embarazo como resultado de esa violación”, añade.

En opinión de la activista es frustrante el sentir que no tenían la capacidad para defender a todas las mujeres que habían sido criminalizadas por estas causas y que estaban en la cárcel, pero que la solidaridad dentro y fuera del país les ha dado fuerzas.

“Ha sido un trabajo muy duro pero hemos sentido el apoyo de muchas personas por la libertad de las mujeres. Las campañas de desprestigio han sido fuertes, dicen que hacemos este trabajo por dinero, que es un negocio, que vendemos órganos. Nos han difamado mucho y son amenazas fuertes en un país conservador y violento, pero no han logrado pararnos ni callarnos”, expresa.

En referencia al retroceso de los derechos sexuales y derechos reproductivos que se evidencia en el panorama internacional, la defensora de derechos humanos considera que está ligado a la intención de controlar las sociedades.

“Se controla la sexualidad y la capacidad reproductiva de las mujeres como un mecanismo de control de la sociedad. Por eso hay una coincidencia de las ideologías conservadoras y las posturas más autoritarias de gobierno”.

 

Fotografías: Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.