La eliminación del derecho al aborto en EEUU, la imposición de más impuestos en los métodos anticonceptivos en China y discursos pro natalidad que van desde Europa hasta Rusia son acciones que tienen como objetivo disminuir e incluso erradicar los derechos sexuales y reproductivos, especialmente de las mujeres.
América Latina y el Caribe no escapa de esta realidad, sin importar el espectro político que esté al mando, pues la desigualdad estructural no permite a las mujeres tener autonomía sobre sus cuerpos. Por tal motivo, la existencia de organizaciones como la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (APLAFA), que además celebró recientemente su 60° aniversario, es tan importante.
Conversamos con su directora, Jennifer Delgado Urueta, especialista en DD.HH, gestión pública, ética, transparencia, prevención de la violencia de género y derechos de la población LGBTI quien asegura que liderar APLAFA desde hace más de tres años ha representado un enorme aprendizaje.
“Ha sido un proceso de escucha, interlocución entre múltiples partes, de mucha creatividad y el saber que no estoy sola ayuda, la organización cuenta con equipo de personas comprometidas, una junta directiva de mujeres sensibles y poderosas y muchas organizaciones, fundaciones y empresas aliadas. Todas que comparten la convicción que la educación y la salud sexual y reproductiva, es una cuestión de derechos y justicia social”.
La activista también añade que APLAFA es una organización pionera pues su creación precede al Ministerio de Salud y surge por la necesidad de trabajar en pro de la planificación familiar.
“Al revisar la historia los y las doctoras que la fundaron, encabezados por el doctor Julio Armando Lavergne, acompañado de la primera ginecóloga y obstetra de Panamá, la doctora Lidia Sogandares, idenficaron la falta de una oferta en materia de provisión de anticonceptivos, altos índices de embarazos adolescentes y abortos inseguros. Si en la actualidad es complejo trabajar estos temas, aún más en 1965 y sin embargo, APLAFA lo hizo, pues lo que ahora son las clínicas de salud familiar, iniciaron como Centros de Atención Integral para Adolescentes (CAIA), donde se brindaba educación sexual y por donde pasaron muchas generaciones. La organización siempre ha enfrentado resistencia, especialmente de algunas personas y agrupaciones que consideran que estos temas no hay que abordarlos, que tergiversan la información por miedo o desconocimiento y que piensan que pertenecen a la esfera de lo privado. Un ejemplo claro es que, pese a muchos esfuerzos por parte de diversas ONG de la sociedad civil, no ha sido posible la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas del país”, detalla.
La especialista indica que es imposible negar el impacto quela pandemia por Covid-19 tuvo en todas las organizaciones sociales y que si bien APLAFA nunca dejó de brindar servicios, no alcanza aun el número de atenciones provistas antes de marzo de 2020.
“Eso se traduce en menos mujeres y jóvenes que han accedido a servicios de salud sexual y salud reproductiva, incluyendo anticonceptivos. Panamá, según la CEPAL (2025), se ubica como el segundo país más desigual de la región y el primero de Centroamérica, siendo la desigualdad de género uno de los factores estructurales que aportan a esta realidad por lo que no es extraño que luego de la pandemia muchas mujeres tuvieran que retornar a los hogares y esto disminuyó su autonomía física, económica y política, y por ende, redujo su capacidad para la toma de decisiones y acceso a servicios para el cuidado integral de su salud”.
Sobre el estado actual de los derechos de las mujeres, opina que estamos viviendo tiempos complejos y oscuros porque lo que antes parecía evidente, hoy está siendo cuestionado y se encuentra debilitado por lo que es necesario una respuesta colectiva y local para así incidir a nivel global.
“Uno de los factores que está influyendo en que los logros en materia de derechos sexuales y reproductivos estén en retroceso es un contexto de profundas desigualdades sociales, de precarización de la vida. En medio de esas crisis, siempre será más fácil restringir o recortar derechos a las poblaciones que históricamente se han situado en una posición de menor poder. Es más cómodo para el sistema y para quienes tradicionalmente han ostentado el poder, recortar programas de educación sexual, de provisión de anticonceptivos, y de prevención de violencias que profundizar en las razones por las cuales las mujeres no quieren maternar, ¿cómo maternar en un sistema que no te permite vivir con dignidad y dónde tienes que elegir entre tener un empleo remunerado que te permita subsistir o ser madre? Maternar no debe ser un privilegio o algo de valientes, el cuidado de la vida debería estar en el centro”.
Recuerda además que en Panamá muchos derechos aún no están vigentes como por ejemplo el del aborto donde sólo se permite en tres causales y con límites de ocho semanas.
“Hemos tenido casos de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual que han sido obligadas a llevar a término un embarazo. En un país donde la violencia sexual principalmente es contra niñas y adolescentes y en el seno familiar, ¿qué posibilidades reales les estamos brindando a esas niñas? Ninguna niña, niño ni adolescente debería ser víctima de violencia sexual, ¿qué estamos haciendo para prevenirla si se piensa que el silencio es mejor que la información?”.
Al hablar de DD.SS. y DD.RR. siempre se pone la mirada en las mujeres por ser quienes pueden gestar, lo vemos incluso en la existencia de los anticonceptivos donde la mayoría de los métodos están enfocados en ellas. Y aunque socialmente aún las brechas persisten, la especialista se siente optimista porque cada vez más hombres asumen su rol como corresponsables a la hora de evitar embarazos no deseados o ETS.
“Las luchas feministas sí han logrado impactar en la transformación de los mandatos sociales, cada vez vemos más hombres que asumen el rol de corresponsables, buscan información y acompañan. En el 2024, gracias a la Fundación Sus Buenos Vecinos, ejecutamos el proyecto “Yo decido: planificación familiar para todas y todos”, que incluía la realización de vasectomías a hombres en condición de vulnerabilidad, nos sorprendió favorablemente. Hicimos una campaña educativa sobre el procedimiento, los principales mitos, beneficios y al lanzar la convocatoria en menos de 24 horas tuvimos más de 580 hombres postulados, de todo tipo, jóvenes menores de 25 años que habían decidido no tener hijos, hombres de 35 años con múltiples hijos, hombres preocupados porque sus esposas no habían podido acceder a la esterilización femenina en lo público y sus embarazos habían sido de riesgo u otros que nos decían que sabían que la esterilización en ellos era un procedimiento más sencillo. También es verdad que de cada 10 personas que se atienden, 9 son mujeres, incluso en programas dirigidos a ellos, como la prevención del VIH, que en nuestro país tiene rostro de hombre y joven. Hay que seguir trabajando para fortalecer esa conciencia crítica y que se pongan en cuestión los mandatos de la masculinidad hegemónica que les afecta y hace que pongan el cuidado de su salud en segundo plano”.
Finalmente, Delgado Urueta celebra la existencia y resistencia de APLAFA durante estos sesenta años pues la considera una organización única en Panamá, situada entre la oferta pública y la privada.
“En un país donde el acceso a la salud, incluyendo la salud sexual y la salud reproductiva es un reto para la mayor parte de la población, donde los tiempos de espera en lo público son considerables y los costos en lo privado son impagables. APLAFA se sitúa en el medio, constituyéndose en esa posibilidad que tienen todas las personas para recibir información, educación y acceso a servicios fundamentales”.