Sexo, cultura sexual masculina y consentimiento (II de II).

Si el sexo y sus aproximaciones tienen connotaciones violentas, especialmente desde el imaginario narrativo masculino dominante, reducirlas y cambiar los mecanismos violentos que conducen a las relaciones sexuales consentidas entre las personas es tarea de todas las personas y todas las sociedades, para que la aproximación sexual esté cargada de deseo, de placer físico y lúdico, de curiosidad, de cariño o de amor profundo o de todo eso y mil cosas más, pero sin violencia.

Perseguir y apresar a los violentos y proteger y resarcir todo lo posible a las víctimas parecieran mandatos fundamentales de cualquier avance legal y sus prácticas de administración judicial en una sociedad avanzada. Pero si se pretende anticipar legalmente un código de comportamiento que haga de la acción violenta en la relación sexual un delito a partir de la denuncia de la persona agraviada, un delito además grave, que puede conducir a la persona agraviada a recibir cuantiosas indemnizaciones y al que ejerció la violencia a la privación de libertad por meses o años, hay varios asuntos que pueden ser problemáticos.

Algunos no son nuevos, ya se habían hecho evidentes en los códigos previos y con su administración se desarrolló una medicina forense del delito sexual, una psicología de apoyo a las víctimas, una psicología e investigación de los criminales sexuales, protocolos de prevención en ciudades, discotecas, sistemas de transporte, cambios en la iluminación de las áreas de tránsito entre muchas otras medidas y avances. Pero la idea del consentimiento abre una nueva puerta a planteamientos que retan al sistema.

¿Requeriría verificaciones de consentimiento cada acción específica que pueda considerarse violenta? ¿Nalgadas sonrojantes? ¿Simulación de asfixia? ¿Cachetadas? ¿Pellizcos? ¿Mordidas? ¿Apretujones dolorosos? Parece una tontería y el argumento básico en torno a esto está muy claro: no hay problema mientras las personas involucradas estén disfrutando conscientemente –el conscientemente como añadido porque, además, hay que considerar el flagelo de la agresión sexual facilitada a través de drogas de sumisión química o por simple abuso de alcohol y estupefacientes–, pero hay que reconocer que se trata de un área dificilísima de parametrizar si se pretende normar y, de algún modo, protocolizar, mediante el consentimiento, el contrato sexual.

Por ejemplo, cuando se regula la acción violenta de un juego que se practica de manera tan generalizada, sin que importe el contexto ni la cultura y, además, un juego desprovisto de entrenamiento alguno que no pase por “entra y juega”, como es la aproximación y la relación sexual, especialmente en relaciones casuales –en las que las personas no se conocen muy bien la una a la otra y, por ello, no saben anticipar en la otra persona sus gestos y voces– surgen retos derivados de precisar los alcances de un “NO” expresado en medio de la intimidad. Como dice el eslogan “No es no”, pero imagino a varones promiscuos y con dinero protegiéndose mediante tecnologías especiales de grabación para evitar ser extorsionados por el simple hecho de haber accedido a una relación ocasional a través de denuncias en las que todo el proceso se base en que la potencial víctima expresó un “NO” y no fue suficiente para interrumpir el acto sexual (y, claro, vale insistir, la posición mínima razonable es que, en esa situación, debería ser inmediatamente interrumpido cualquier contacto sexual).

El riesgo de la falsa denuncia es, aparentemente, pequeño, inferior al 1% según las estadísticas que actualmente se disponen en países como España que aplican la norma. Pero quizá esas estadísticas no toman en cuenta aún el efecto “incentivo” de esa misma legislación, porque hasta ahora la cultura que imponía la legislación anterior era restrictiva para proteger la presunción de inocencia y, por ello, las víctimas, en su inmensa mayoría niñas y mujeres, se veían (se ven aún, incluso en los países más avanzados del mundo) sometidas a un escrutinio cuestionador de su resistencia a la agresión y, muchas veces, de su propia integridad moral a partir de comportamientos previos o posteriores a una agresión denunciada. Las agresiones sexuales provocan daños horribles, pero las denuncias por agresión sexual pueden ser un auténtico calvario para la víctima que, no solo repite mentalmente cientos de veces la agresión mientras se cuestiona su actitud en ella, sino que es re victimizada socialmente en miles de juicios privados y públicos.

Pero ambos problemas son diferentes. Es cierto que se trata de una injusticia la persona que agrede y se libera de condena, ya sea porque sus derechos son protegidos legalmente con un sistema judicial que cuestiona a la víctima y las pruebas presentadas se consideran insuficientes, como por las víctimas que se inhiben de denunciar porque no quieren pasar ese calvario luego de sufrir la agresión. Pero, del otro lado, está el problema de personas inocentes que se ven extorsionadas para no ser acusadas de agresores o que lo son y van injustamente presas porque la parte acusadora, por la razón que sea (enfado, venganza…) afirmó haber querido interrumpir un acto sexual que la otra persona continuó contra su voluntad y su posición resultó “creíble” por un tribunal que aceptó esa declaración como prueba, por principio.

¿Por qué estos dos problemas no son comparables? Porque uno es una falla de administración del sistema de justicia, de su práctica, pero la otra es una falla de diseño, si se asume como parte de la regulación, se está reconociendo esta injusticia y, entonces, cabe preguntarse ¿hasta qué nivel es tolerable que vayan personas inocentes presas para compensar una mala administración de justicia previa? Quizá a algunos el 1% les parezca razonable, quizá para otros pueda ser válido el 10%. En realidad, lo que está en juego es el principio básico de la justicia liberal occidental, el mismo que sirve para impulsar las luchas feministas, el que nos permite considerar la ciudadanía con derechos como un principio fundamental del Estado. Violarlo a partir de un margen razonable de sacrificio de personas inocentes, no forma parte de sus postulados.

¿Serán atenuantes en alguna denuncia en torno al consentimiento las expresiones desde una víctima mujer del tipo “empótrame contra la pared” “hálame el pelo” “pellízcame los pezones” o “nalguéame”? Porque todo eso sucede de manera habitual en relaciones que, quizá desde un estándar deseable, lucen violentas, pero para muchas personas, podrían ser perfectamente saludables y satisfactorias.

Para ciertos grupos sociales puede ser muy difícil ejercer este nuevo derecho. No imagino las complicaciones que sufrirán las personas cuyas prácticas sexuales habituales incluyen acciones y escenificaciones masoquistas, con golpes, flagelos y cargas, supuestamente controladas, de dolor. Volvemos al asunto básico de que no es problema de nadie siempre y cuando estén ofreciendo previamente su consentimiento, pero habiendo sido diseñado el consentimiento como un ejercicio discreto en medio de un proceso más o menos continuo, abarca, como resulta lógico, todo el proceso de aproximación y contacto. Por lo tanto, si forma parte del acuerdo de una pareja algunos latigazos e insultos, supongo que habrá que establecer algún código común que detenga el castigo, sea el que sea, porque la persona se siente violentada más allá de lo acordado o, porque dejó de tener ganas. Si un simple “No” no es la clave que interrumpe una práctica no deseada (porque podría entenderse, típicamente, como estímulo en la escenificación), pues tendrán que tener alguna. Aún así, imagino la complicación de un demandante y de un jurado popular para determinar si las palabras o gestos acordados, suponiendo que existiesen, son creíbles como señal de interrupción formulada luego de un latigazo 22 hasta el 31, con 9 latigazos no consentidos, expresión de una relación legalmente intolerable con una agresión que merece castigo. Quizá sea un ejemplo poco común, pero nos expone con claridad la dificultad de parametrizar violencia en la relación sexual y la dificultad aún mayor de ponerle frontera a través de un consentimiento contractual explícito.

En definitiva, creo que los varones debemos aprender a tener relaciones sexuales de manera diferente y eso dejaría a un lado, gradualmente, el asunto del consentimiento que, pareciera, va a traer múltiples problemas de aplicación legal, pero debemos entenderlo como una transición cultural mientras mejoramos nuestros estándares de comportamiento y progresamos en socializar una educación sexual más asertiva y liberadora para todas las personas.

Por último, quería comentar sobre los retos de una relación sexual menos violenta y ampliarlos a los de una sociedad menos violenta. En ocasiones tengo la duda sobre la carga de violencia implícita en la condición de primate macho en comparación con primate hembra. Pero el feminismo pareciera introducir reclamos asociados, anterior o simultáneamente, al pacifismo, pareciera que la ambición de una vida libre de violencia para las mujeres admite una lectura distintiva de esas violencias por discriminación sexual y esto es lo que apoyo. Pero, como quise comentar en la primera parte de este artículo, la vida de los varones, entre varones, es extremadamente violenta, no siempre el feminismo se refiere a ello. Anhelo un mundo gobernado de manera paritaria por mujeres y hombres, en todos los espacios y sistemas sociales, en parte por descubrir si, quizá, la humanidad menos violenta y guerrera, se dé a sí misma y su roca-hogar una oportunidad de desarrollo sostenible que hoy luce lejana.