El aborto volvió a ser noticia el pasado mes de febrero cuando la Corte Constitucional de Colombia aprobó una nueva ley que permite a las mujeres interrumpir el embarazo hasta las 24 semanas y el legendario debate entre verdes y azules se enardeció nuevamente. Mientras nosotras celebramos cómo las leyes nos favorecen tras años de lucha por la libertad de elección sobre nuestros cuerpos, miles de grupos religiosos y moralistas se niegan a entender que en un continente sin educación sexual penalizar el aborto es el verdadero delito.
Esto me llevó a recordar una conversación aparentemente trivial que tuve hace un tiempo con unas amigas, todas jóvenes en la primera etapa de los 20. Una de ellas preguntó cuál era el mejor método anticonceptivo y lo que debió conllevar una respuesta rápida se convirtió en una discusión de la que surgieron aún más dudas. La conclusión fue: “Nunca nos enseñaron nada sobre esto”. Entre pastillas, inyecciones y aparatos, nos perdemos entre información, jugamos al ensayo y error y rezamos porque el azar no decida poner un feto en nuestro vientre.
Lo peor de la situación es que otras ni siquiera tienen acceso a estos conocimientos básicos, más aún en Latinoamérica, donde las dificultades para acceder a la educación de calidad y las brechas sociales convierten a las mujeres en un colectivo mucho más vulnerable.
Según datos de Unicef y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la región de América Latina y el Caribe tiene la segunda tasa de en embarazo adolescente más alta del mundo. En Venezuela, los programas de planificación familiar se encuentran en tal nivel de deterioro que podrían considerarse inexistentes, no hay educación sexual en ningún nivel y la escasez, aunada al costo de los anticonceptivos, hacen que estos no sean accesibles para todas. Ante esta situación, la respuesta es ignorar las necesidades de salud reproductiva en las políticas educacionales.
Dentro de este contexto el número de embarazos no deseados crece de manera desmedida y, por lo tanto, la necesidad de las mujeres por interrumpirlos de manera voluntaria. Es así como, según la OMS, el 25% de los embarazos acaban en aborto.
El problema está en que en Venezuela el aborto está penalizado, así que las mujeres que necesitan poner fin a sus embarazos se ven en la obligación de recurrir a procedimientos clandestinos de alto riesgo. Desde duchas de jabón azul y brebajes tóxicos hasta sondas o ganchos en la vagina, estas son las alternativas a las que las mujeres -sobre todo las de bajos recursos- pueden optar. La OMS estima que todos los años tienen lugar unos 25 millones de abortos inseguros, la mayoría de ellos en países en vías de desarrollo.
En teoría, un aborto llevado a cabo por médicos capacitados es un procedimiento que entraña mucho menos riesgo que el parto, pero cuando se llevan a cabo sin las condiciones adecuadas pueden tener consecuencias fatales. Esta es la tercera causa más habitual de muerte materna y da lugar a cinco millones de discapacidades que podrían evitarse.
Una de las consecuencias más comunes son los abortos incompletos, es decir, la presencia de restos del embrión en el útero. Esto provoca hemorragias, diversos tipos de infecciones y puede producir infertilidad o incluso la muerte.
Está más que comprobado que el aborto es una necesidad para las mujeres y niñas, por lo cual el penalizar esta práctica y negar los accesos a procedimientos seguros solo lo convierte en un grave problema de salud pública que afecta la vida y vulnera los derechos básicos.
Obligar a alguien a mantener un embarazo no deseado atenta directamente a su derecho de intimidad y anatomía física. Además, al no brindar programas de educación sexual y métodos de prevención del embarazo, no se deja a las mujeres ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.
Mientras los grupos “pro vida” aseguran que la legalización del aborto hará que un mayor número de mujeres decidan interrumpir sus embarazos, casos como el de Uruguay demuestran lo contrario. En este país las mujeres pueden abortar a voluntad durante las primeras 12 semanas de gestación y hasta las 14 en caso de violación desde el 2013. Esta medida vino acompañada de una política basada en clases de educación sexual, protección y autocuidado,
Antes de la instauración de esta normativa, Uruguay registraba un aproximado de 33.000 abortos clandestinos al año. En 2020, siete años después, la cifra se redujo a 10.000 procedimientos realizados dentro de los tiempos estimados por la ley. El número de fallecidas también llegó prácticamente a cero.
Así como Uruguay, la marea verde ha llegado a las costas de diversos países de América Latina para conseguir el cambiar sus legislaciones. Después de meses de protestas y movilizaciones, en diciembre de 2020 el Senado de Argentina aprobó la ley que legaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación, en 2021 la Suprema Corte de Justicia de México descriminalizó el aborto de manera absoluta y Colombia se unió a esta lista el pasado 21 de febrero con una legislación revolucionaria que permite interrumpir el embarazo hasta las 24 semanas. Antes de esto, en la Guyana Francesa ya se había despenalizado el aborto en 1975, al igual que en Cuba en 1961.
Aunque se han ganado importantes batallas, aún queda mucho camino por recorrer. En Honduras, Surinam, Nicaragua, República Dominicana y El Salvador abortar está totalmente prohibido. En Guatemala, Paraguay, Perú, Costa Rica y Venezuela solo se permite cuando la vida de la mujer está en riesgo. En Chile y Brasil también se incluyen las variables de violación e inviabilidad del feto, Bolivia suma la causal de incesto y en Ecuador es viable solo cuando amenaza a la salud de la mujer, existe inviabilidad del feto o en caso de violación.
Parece irónico, pero mientras en Venezuela muchos políticos se jactan de contar con una legislación única en el continente en cuanto a derechos de la mujer, en el código penal vigente se tipifica el aborto como delito. Sin embargo, en la redacción de la nueva Constitución de 1999, se planteó dejar el camino libre para una próxima legalización de la interrupción del embarazo. De hecho, en la Carta Magna no está incluido el derecho a la vida desde la concepción, se contempla el derecho a las parejas a decidir libremente sobre el número de hijos que desean concebir y se hace énfasis en que gracias a la libertad de religión y culto nadie puede invocar las creencias religiosas para impedir a los ciudadanos ejercer sus derechos.
Aun así, la cruz de una creencia mayoritariamente católica pesa sobre una sociedad ultraconservadora en la que el subdesarrollo se refleja en el rostro de adolescentes convertidas en madres y niños abandonados. Aunado a esto, en medio de una profunda crisis política, social y económica ningún parlamentario se detiene a pensar en medidas para asegurar la salud y protección de la mujer. Mientras tanto, el incremento de la mortalidad materno infantil ya alcanza un 67%.
La lucha por poner fin a la criminalización del aborto aún debe atravesar montones de obstáculos, tanto en Venezuela como en el resto del continente. Incluso en los países en los que está práctica es completamente legal, las mujeres que deciden poner fin a sus embarazos son condenadas por los jueces de la sociedad y deben afrontar la vida con la etiqueta de inmorales y asesinas.
Las organizaciones antiabortistas defienden que desde el momento de la concepción todas las vidas son sagradas y deben ser protegidas. Pero se niegan a ver más allá para entender que no se trata de una cuestión religiosa, sino de un problema de salud pública.
Estoy cansada de escuchar a personas decir “la que se queda embarazada es porque quiere” cuando en realidad en Venezuela están todas las condiciones dadas para los embarazados no deseados. No temo al asegurar que ninguna mujer se queda en estado de manera planeada solo para ponerle fin con premeditación y alevosía.
La solución para evitar el aborto no es prohibir y criminalizar, sino garantizar que las personas tengan acceso a educación sexual, métodos anticonceptivos eficaces y procedimientos legales y sin riesgos. Proveer el acceso a servicios médicos de calidad y asegurar el cumplimiento de los derechos humanos no es un crimen, dejar que mujeres sufran las consecuencias de procedimientos insalubres y clandestinos, debería ser el delito tipificado en las legislaciones de todo el mundo.