Por Yolima Arellano
En Venezuela, país en el que los derechos humanos de las mujeres se encuentran en pleno retroceso, se mantiene y profundiza la violencia basada en género contra las mujeres, pues aunque se ha tipificado como delito en la Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y se considera un problema de derechos humanos y de salud pública; el derecho de las mujeres a vivir sin violencia continua siendo conculcado, prevaleciendo la impunidad, el alto índice de delitos y de femicidios, constituyendo un problema estructural y social del que no escapan los espacios universitarios.
Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con derechos humanos de las mujeres y el área específica de violencia de género, han recibido denuncias de profesoras y estudiantes de postgrado y pregrado; así como de empleadas y obreras que han sido víctimas de violencia y acoso sexual o laboral en los recintos universitarios; quienes al momento de interponer sus quejas ante las instancias administrativas competentes no reciben respuesta, algunas no son escuchadas, otras son derivadas a la inspectoría del trabajo, incitadas a conciliar con sus agresores, o amenazadas, ante lo cual ellas desisten por temor a ser aplazadas en determinadas materias, a no poder concluir sus estudios y/o recibir sus diplomas, o a exponerse a la revictimización.
En una investigación sobre el tema del acoso y la violencia sexual realizada en 100 universidades de 16 países de Centro y América Latina (Distintas Latitudes y Red LATAM de jóvenes periodistas, 2017-2019), se demostró que en el 60% de las mismas no existía una política institucionalizada para atender estos y otros hechos de violencia sexual; siendo Venezuela uno de los países en donde, tras la revisión de seis universidades, trascendió que ninguna utilizaba protocolos que atendiesen estos casos; por lo que continuaban siendo invisibilizados en los espacios concebidos para la enseñanza, la investigación, el desarrollo, el empoderamiento personal, profesional y la movilidad social.
Frente a esta situación, que vulnera la dignidad y la integridad física, psicológica y sexual de las mujeres en sus diferentes roles como estudiantes, docentes, investigadoras, administrativas y obreras; la voz de las víctimas se ha hecho oír a través de las académicas feministas y/o investigadoras, activistas y defensoras de derechos humanos de las mujeres; quienes han venido haciendo incidencia para lograr que este asunto sea abordado como política pública; es así como se desarrolló una investigación para medir la prevalencia de violencia basada en género contra las mujeres en el contexto universitario, mediante la aplicación de una encuesta en tres instituciones públicas de educación superior.
Un primer instrumento fue dirigido a una muestra no aleatoria y por conveniencia de 266 personas, mayoritariamente mujeres, en las universidades de los Andes en Mérida, del Zulia en Maracaibo y Centro Occidental Lisandro Alvarado en Barquisimeto, registrando entre otros aspectos, que el 62,8% de las encuestadas desconoce la existencia de servicios específicos a los cuales dirigirse en caso de ser víctima de violencia, el 49,3% señaló que la Ley especial sobre violencia no es promovida en sus instalaciones, y un 78,2% manifestó estar de acuerdo en la necesidad de que se aplique un protocolo para prevenir y atender casos de acoso y violencia sexual y laboral en la universidad (Aula Abierta 2020-2021).
Posteriormente se administró un segundo instrumento a 373 mujeres en las tres instituciones mencionadas anteriormente y en las universidades Central de Venezuela en Caracas, Experimental de los Llanos en Barinas y de Carabobo en Valencia, cuyos resultados demostraron que el 32,7% de quienes respondieron la encuesta manifestaron haber sido víctimas de violencia de género, de ellas 132 señalaron que los hechos ocurrieron en las instalaciones universitarias, el 87,5% no presentó una queja o realizó una denuncia, el 83,9% desconocía dónde hacerlo, el 64,3% indicó que prevaleció la impunidad, el 87,7% no estaba enterada de la ejecución de acciones preventivas y el 84% no tenía información sobre la ley respectiva (Aula Abierta, Provea 2022).
Esta investigación, desarrollada desde organizaciones de la sociedad civil, en el marco del proyecto “Liderazgo Femenino y Derechos Humanos” (Aula Abierta, 2020-2022), permitió evidenciar que las universidades no son lugares seguros para las mujeres, pues en sus recintos se vulneran derechos fundamentales, como los relativos a la vida, a la salud, al desarrollo pleno de la personalidad, a la libertad, al trabajo, a la educación, a la libertad de expresión, a la libertad académica y a vivir sin violencia, entre otros, por lo que es necesario y urgente interpelar a la responsabilidad institucional para que promuevan políticas dirigidas a prevenir, atender y erradicar la violencia basada en género contra las mujeres.
Durante la ejecución de este proyecto, se produjo y fue entregado a las autoridades universitarias un modelo de protocolo, con el objeto de establecer mecanismos que permitiesen diseñar hojas de ruta para la recepción de quejas, el impulso de las investigaciones pertinentes, la asesoría legal y atención psico social a las víctimas junto a la imposición de normativas ejemplarizantes a los agresores; entre otras acciones dirigidas a que estas sean escuchadas y reciban respuesta reparadora y adecuada, el cual tras ser revisado y consensuado, y una vez cumplidas las formalidades y requisitos de ley, fue aprobado por el Consejo Universitario de la ULA en marzo de 2024 bajo la figura de “Reglamento Interno de la Universidad de Los Andes para la prevención y atención en casos de violencia basada en género contra las mujeres o en casos de discriminación”; en las demás universidades se espera repuesta.
Si bien el reglamento aprobado mantiene la rigidez institucional patriarcal, podría derivar en abrir el camino para que otras instituciones universitarias cumplan con sus obligaciones y contribuyan a garantizar el derecho a vivir sin violencia de las mujeres y de todos los integrantes de la comunidad universitaria, desarrollando, además de protocolos, otras acciones como transversalizar el enfoque de género en los pensa de estudio, erradicar los criterios o valores que expresen discriminación en los textos, documentos oficiales, títulos y otros materiales, incluir en los programas de pre y post grado, materias y líneas de investigación sobre esta materia, entre otras establecidas en la Ley, que vienen siendo desacatadas.
El cumplimiento de los compromisos señalados, respondería a las demandas de las mujeres, a los estándares internacionales y a la visibilización de conductas y patrones que no son normales en las relaciones interpersonales y por tanto deben sancionarse mediante medidas disciplinarias que conlleven a su modificación y a una política de tolerancia cero a la violencia basada en género en las universidades.
Yolima Arellano: Abogada, Master en Ciencias Políticas, diplomada en derechos humanos de las mujeres, Género y Políticas Públicas, feminista, activista y defensora de DDHH de las mujeres, Coordinadora del Observatorio venezolano de los Derechos Humanos de las mujeres núcleo andino.