Hoy 16 de noviembre 2020 se cumplen 2 años desde que la Corte Interamerciana de Derechos Humanos (CIDH) publicó la primera histórica sentencia condenatoria por violencia de género contra el Estado venezolano, al hacerlo responsable de las diversas violaciones de derechos humanos cometidas en mi contra, por un particular. Esta sentencia explica cómo la tortura y esclavitud sexual e igualmente todos los ataques a mi integridad personal, dignidad, autonomía y vida privada, son delitos que no podían quedar sin ser sancionados ejemplarmente, tal y como lo establece la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la Convención Belem Do Pará, convenciones de las cuales el Estado venezolano forma parte.
Han transcurrido 2 años desde la publicación de la sentencia y el Estado venezolano, aún continúa en desacato;, dando libre paso a un sistema de impunidad que no reconoce los derechos humanos de las mujeres, un Estado que se declara defensor de nuestros derechos, es más bien un Estado violador de los mismos. Realidad que nos impide lograr alcanzar lo que establece nuestro ordenamiento jurídico: una vida libre de violencia.
Son 2 años más que el Estado venezolano persiste en el incumplimiento de esta sentencia, son 2 años más que el Estado venezolano sigue siendo cómplice de las violaciones a los derechos humanos ocurridos en contra de mí familia y míos, son 2 años más que el Estado venezolano nos niega las justicia a las mujeres y sigue posibilitando la violencia contra las mujeres.
Es suficientemente conocido que la violencia contra la mujer, es una de las mayores tragedias y catástrofes humanas, que puede tener una sociedad. En nuestro país esa violencia se sostiene en la impunidad, a pesar de que constituye el primer delito que debe ser prevenido y sancionado, pero la realidad, es que en Venezuela la justicia existe solo para favorecer a los agresores de las mujeres.
El desacato a esta sentencia de la CorteIDH solo da espacio al incumplimiento de una ruta con estándares internacionales para la investigación, prevención y sanción de los delitos contra las mujeres, este incumplimiento persiste junto a un sistema de justicia inoperante y discriminatorio, en el cual las autoridades no tienen la intención y voluntad de crear políticas públicas verdaderas y serias, para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas, como si esto no fuera responsabilidad y obligación del Estado.
A pesar de todo esto, no dejaré de reclamar al Estado su obligación de cumplir con la sentencia condenatoria que le dictó la Corte IDH.
#VzlaEnDesacatoAnteLaCorteIDH
