Extracto de libro “Género en el Estado. Estado del Género» de Virginia Guzmán. Eliana Largo, Editora
Planteamiento central del texto
A partir de la experiencia histórica de Chile y Perú durante los ochenta y los noventa, la autora hace una reconstrucción del devenir histórico reciente (últimas décadas del siglo XX) en cuanto a la influencia de la perspectiva de género en la reconfiguración institucional del Estado y sus relaciones, como perspectiva básica para el reconocimiento creciente del género y elemento fundamental de la consideración general de equidad (y protagonista por tanto de múltiples y reiterativas formas de inequidad y desigualdad). Las principales limitaciones de estos cambios guardan relación con la adaptación del Estado a una interpretación sectorial de la problemática (la mujer como “área” de desempeño-problema-organización en la política pública, que luego es comparada con múltiples otras problemáticas y se desdibuja su impacto y su potencial para contribuir a mejores diseños de políticas pro equidad) y la ritualización del abordaje de la problemática en medio de organizaciones acostumbradas a interpretaciones y contra-interpretaciones que desdibujan el abordaje específico de los problemas. Sin embargo, el planteamiento general busca reconocer los cambios institucionales y promueve la identificación y corrección de sus fallas para darle continuidad en nuevas generaciones de reformas.
Ideas clave del texto
El reconocimiento público de la equidad de género como componente fundamental de la equidad general y el impacto institucional de las luchas sociales a partir del género son parte considerable de los cambios suscitados en la segunda mitad del siglo XX en países como Chile y Perú. Los movimientos de mujeres ganaron en legitimidad y notoriedad. Algunas de sus reivindicaciones surgieron a partir de su vínculo con la resistencia a las dictaduras, en ocasiones desde planos de difícil generalización. Pero la actividad reivindicativa les permitió reconocerse y encontrarse a través de necesidades y problemas que ahora se definían más claramente a partir del género. Sociedades post dictadura a partir de los noventa, con múltiples elementos de diversificación y sofisticación en sus mecanismos de promoción social, de distribución funcional de cargas laborales, de nuevos juegos de valores, de narrativa y contra narrativa en torno a la igualdad, a las formas de representación y los conflictos de poder, hicieron que esta lucha social penetrara la institucionalidad recién reconfigurada y lo hiciese en un sentido no siempre coherente con los planteamientos que generaban estas luchas, tamizado por la multiplicidad implícita en el abordaje de la problemática desde los espacios políticos y desde la administración del Estado. Sin embargo, haber puesto en la agenda del debate público los problemas de género y percutir sobre las estructuras de poder en torno a la transversalidad de esta problemática es un logro que permitirá más adelante mejoras en los diseños de política a partir de una mejora en los planteamientos teóricos que sirven de base al rediseño institucional. En un principio este rediseño reconoce los problemas, intenta diseñar operaciones específicas para abordarlos, en ocasiones, delimita funciones estables en la organización del Estado para asignar responsabilidades concretas, pero todo el entramado político y jurídico-institucional está condicionado por los enfoques y los decisores.
Se presentan entonces grandes retos de a) agenda y su coordinación: se avanza al reconocer el carácter sistémico de los problemas y sus causas, pero luego el diseño de la respuesta se encuadra en ejercicios de planificación y gestión que rara vez asignan prioridad estratégica al enfoque de género y, en ocasiones, ni siquiera abordan la concreción operativa de sus herramientas mejor validadas b) implementación: exige también coordinación y mucho liderazgo intentar impulsar la reforma transversal con sus potencialidades y la implementación termina siendo un ejercicio superpuesto de iniciativas en las que se involucran múltiples actores, que no siempre logran transformar el enfoque general y muchas veces limitan su alcance. Si se activan proyectos específicos, por ejemplo, para prevenir y mitigar el efecto de la violencia, se requiere activar respuestas de carácter jurídico, laboral y de asistencia social para facilitar que no se reproduzca la victimización y se promuevan modelos promotores de cambio cultural en todos los potenciales involucrados, pero no siempre es percibido así por los diferentes responsables sectoriales y en ocasiones las unidades responsables de la coordinación tienen limitada capacidad para el seguimiento transversal, c) generación de indicadores especializados: Hacer seguimiento a la problemática y a las políticas que le ofrecen respuesta implica partir de un determinado modelo explicativo y operacionalizar sus relaciones causa efecto, lo que no resulta fácil. Además, las desigualdades vinculadas a género exigirían un enfoque que afecte TODOS los problemas de inequidad, desigualdad y su impacto, porque el género no puede ser visto como una fuente de explicaciones sectoriales, aunque esté cargado de situaciones y problemáticas muy específicas para las mujeres y las niñas. Adicionalmente, la estabilidad, periodicidad y universalidad de estos indicadores pudiera dificultar su uso sistemático. Un estudio de Guzmán y Ríos propone activar indicadores que diferencien insumos-proceso-resultado e impacto en cada una de las áreas que definen el plan de igualdad de oportunidades y d) los sistemas de interlocución entre actores: porque las nuevas realidades superan las dinámicas de gestión del aparato estatal y ubican la problemática en el plano de múltiples interacciones cargadas de complejidad (parlamentos, sindicatos, partidos, organizaciones de desarrollo social, comunidades organizadas….) La mejora en el perfil de la representación femenina organizada activa nuevas oportunidades, pero también amplía el reto para hacer más efectiva la detección temprana de las desviaciones, la aplicación homogénea de las iniciativas y la interacción ordenada para que las mujeres sean consultadas y consideradas actoras en el diseño y la ejecución de todas las actividades sociales estatales y privadas pro equidad.
Síntesis de los principales aportes recibidos
La lectura, aunque se refiere a una época y una subregión específica, es bastante ejemplificadora (y me atrevería a decir aleccionadoramente optimista) sobre la manera en la que las mujeres organizadas y el resto de la sociedad ha venido transformando su visión sobre la problemática de género y ha abordado diferentes propuestas para concretar cambios positivos que alteren la causalidad involucrada en los problemas de inequidad por género.
Como estoy bastante consustanciada con los procesos de reforma institucional (fui responsable de un organismo de modernización del Estado a finales de los noventa), me sorprendió que no me hubiese percatado antes de las potencialidades positivas de abordar la reforma institucional con enfoque de género. Ni siquiera había considerado el tema de los indicadores y ahora creo que es determinante (por aquello de considerar un modelo explicativo, al menos en términos socio económicos y, por tanto, trasegar todo el espectro de inequidades, desigualdades, pobreza, discriminación, etc.). Otro asunto (ya estudiado en otras lecciones, pero no por ello menos importante) es reconocer la necesidad del planteamiento transversal en las políticas públicas, sin dejar de considerar la dirección femenina y los organismos de coordinación como posibles ayudas. Por último, creo que otro aporte, también estudiado con anterioridad pero muy importante, es la idea sobre las necesidades de interlocución al ampliarse el espectro de actores involucrados y al considerar a la mujer (y sus organizaciones) como protagonistas de los diseños y sus ejecuciones.
Dudas o cuestiones no resueltas
Aunque lo planteo como duda, lo cierto es que ya Guzmán lo reconoce, pareciera que un modelo de gestión pública y de interlocución entre actores sociales para mejor tratar la problemática de género exige mejoras a los procesos explicativos y al rol del género en los flujos causales de estos modelos. Es decir, el cambio de las políticas públicas, exige el cambio de nuestra concepción (por ejemplo, en términos de alcances, profundidad, intensidad de los problemas que enfrenta la sociedad y que tienen como epicentro causal, pivote, resultado, impacto o simple complemento, algún aspecto de género) y, por tanto, las herramientas, los sistemas, las prácticas cotidianas y, por supuesto, los directivos, tienen importante responsabilidad en los resultados de los cambios hasta el día de hoy. Sin embargo, el balance general de Guzmán parece ser (parecía ser a finales de los 90 cuando escribe este informe) pragmáticamente optimista.
Evaluación crítica personal
Como comenté, trabajé en una Comisionaduría de Modernización (quizá el Gobernador que me invitó a acompañarlo, que ni siquiera conocía para ese momento, enriquecía la perspectiva de género en su gabinete sin que yo lo supiera, jajaja) y me duele un poco no haber estado más involucrada en el enfoque de género, más preparada para abordarlo y no haber coordinado (aunque fuese de manera intuitiva) más iniciativas que tuviesen como eje a la mujer en nuestro plan de reformas. Lo cierto es que me identifiqué mucho con el tipo de problemas que enfrentan los gobernantes que quieren hacer cambios y no resulta fácil implementarlos. De algún modo concluí al leer a Guzmán, que lo que ella veía como problema de agenda, coordinación o implementación era, en realidad, una problemática sistémica general de los sistemas de gobierno y no una especialmente derivada del cambio pro equidad de género.
Sin embargo me gustó la capacidad de hacer una revisión crítica sin demasiada pasión y ofreciendo rutas estratégicas que podían, para esa época, servir de guía o inspiración a directivos y directivas (como yo) que, leyéndola, pudiesen motivarse a revisar sus propias políticas de reforma.
